Pablo Nazario Monge Garzon
Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Nazario Monge Garzon
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, el oficio 587 y anexo que acompaña, proveniente del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 65/2021, orden 87/2021 de nuestro índice; toda vez que el cinco de marzo del año en curso se tuvo por recibida dicha comunicación oficial. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS SIN MAYOR PROVEIDO, EL OFICIOS 423 Y ANEXO QUE ACOMPAÑA PROVENIENTE DEL JUZGADO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE DILIGENCIADO EL DESPACHO 65/2021 ORDEN 87/2021 DE NUESTRO ÍNDICE... CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 423 y anexo que acompaña, proveniente del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 65/2021, orden 87/2021 de nuestro índice, pues se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se notificó al aquí quejoso lo actuado el once y dieciocho de febrero del año en curso. Además, toda vez que el quejoso no señaló en el plazo de tres días, domicilio para oír y recibir notificaciones en San Andrés Cholula, en la ciudad de Puebla o en la zona conurbada; por tanto, en términos del artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado, entonces, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista. En consecuencia, dese de baja dicho despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Pablo Nazario Monge Garzón interpusiera recurso de queja, en contra del auto de once de febrero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer...Por ende, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que la circular SECNO/4/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de la Creación de Nuevos Órganos -que establece el ordenamiento aplicable para la operación de este Juzgado- es el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los acuerdos 25/2020 y 37/2020. Que el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que mediante circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitidas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, se establece que del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades de los asuntos que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda de amparo -con la que se dio cuenta- fue recibido el diez de febrero de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Que dicha demanda no se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo, y 48 fracciones I, III, a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -antes aludidos-, ni tampoco se trata de un asunto que se equipare a aquéllos a los que refieren dichos ordenamientos; ello, después de realizar un análisis de: i) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y, ii) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 94/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, el suscrito juzgador advierte que respecto de la demanda de amparo planteada por Pablo Nazario Monge Garzón, presentada electrónicamente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." (.) De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Por otro lado, es importante agregar que el artículo 3 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo puede ser promovido mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentar una demanda en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la demanda respectiva, acompañado, entre otras cosas, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que: ( El promovente Pablo Nazario Monge Garzón reclama del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla y de otras autoridades, las órdenes de aprehensión y presentación giradas en su contra, y su ejecución, así como la integración de alguna carpeta de investigación en su contra. ( Que la demanda que nos ocupa, no se encuentra firmada electrónicamente por Pablo Nazario Monge Garzón, es decir, no cuenta con la evidencia criptográfica de la firma electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En tal sentido, tomando en consideración que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es inconcuso que si la demanda en análisis carece de la firma electrónica del quejoso Pablo Nazario Monge Garzón, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada. Luego, la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En efecto, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar su escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte; máxime que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, cuando se trate de alguno de los actos previstos en el propio numeral y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; sin embargo, en la especie, no se actualiza tal hipótesis. Esto es, la demanda de amparo que se provee, no se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Norma el criterio del suscrito, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 32/2018 (10a.), cuyos rubro y texto, dicen: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Cabe precisar que en la multicitada demanda de amparo, en la parte final obra estampada -al parecer- la firma del quejoso; sin embargo, al haberse presentado electrónicamente, es evidente que no es su firma autógrafa, por lo que resulta inconcuso que dicha persona no expresó su voluntad para ejercitar la acción constitucional y por ello no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martin Vargas Lozano, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y, en términos restringidos del referido numeral, a las restantes personas citadas en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en la demanda de amparo, ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, como medios para recibir notificaciones, al no encontrarse previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por esos medios y sólo en casos excepcionales. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 5, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. SUSPENSIÓN DE PLAZOS. El artículo 2, fracción IX y último párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece, por un lado, que durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte (periodo ampliado al quince de julio de dos mil veinte, por el Acuerdo General 15/2020, del propio Consejo), se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que los titulares de los órganos jurisdiccionales radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando, en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en dicho Acuerdo para la materia penal. Por otro, que si las y los titulares advierten alguna circunstancia que impida la prosecución de algún asunto, asentarán cuál es el motivo y harán constar que, como consecuencia, se suspenden los plazos y términos procesales. Enunciativamente, estas circunstancias pueden incluir que, a juicio de la o el titular no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, o que en el órgano correspondiente no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, entre otras. En relación con lo anterior, los artículos 12, 13 y 14 del propio acuerdo, disponen -en esencia- lo siguiente: ( Que para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no estén de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. ( Que de lo anterior, se excluyen los expedientes en los que conforme a leyes adjetivas aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso, y cuyo objeto o regulación impida su desahogo mediante videoconferencia. ( Que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. ( Que la actuación por ese medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Que la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales ni la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, conforme a la legislación aplicable; de lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. En ese sentido, se considera que existen condiciones que impiden la prosecución del presente juicio, ya que la parte promovente no solicitó la autorización para consultar el expediente electrónico, ni pidió expresamente que las notificaciones se practicaran por ese medio (pues señaló un domicilio convencional ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla para oír y recibir notificaciones), lo cual conlleva que las notificaciones a las que se refieren los artículos 26, fracciones I y II, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, forzosamente deban practicarse de forma personal o por oficio entregado por el actuario, desnaturalizando la naturaleza del juicio "en línea" y el renovado esquema de trabajo propuesto por el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte-, para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el Acuerdo General 13/2020 -multicitado- prevé la recepción, tramitación y resolución de casos tramitados mediante juicio "en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto; de ahí que la posibilidad de continuar con estos juicios depende de la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. Lo anterior, cobra sustento con la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte -anteriormente referida-, por medio de la cual se dio a conocer la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020", en donde la Comisión Especial -en lo que interesa- aclaró lo siguiente: "(.) A partir de las consultas recibidas, se presenta el siguiente problemario: A. (.) (.) B. Juicios en línea 8. ¿Qué se entiende por " juicio en línea"? ¿Se trata de las demandas presentadas electrónicamente, o de los casos en que alguna de las partes haya solicitado ser notificada por esa vía? Para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el capítulo III del AG 8/2020 prevé la tramitación y resolución de casos tramitados mediante juicio "en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. De esta forma, la posibilidad de continuar con estos juicios depende de la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. Ahora bien, para lograr lo anterior, es importante recordar que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquéllas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica. Por su parte, el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por lista, aún de las notificaciones personales. (.) En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 2, último párrafo, y 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitidas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, no correrán plazos ni términos en el presente asunto y se mantendrá la suspensión del procedimiento hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno, con la salvedad que la parte promovente continúe su juicio en línea, esto es, con la satisfacción de los requisitos establecidos en los citados acuerdos. Por tanto, SE RESERVA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, ya que de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27 fracción II, de la ley de la materia, ésta se debe practicar personalmente (resolución que desecha la demanda de amparo), lo cual está vedado por el último acuerdo general y circular mencionadas, para esta clase de asuntos (no urgentes). Cúmplase y publíquese electrónicamente.
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