Pablo Nava Márquez
Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pablo Nava Márquez
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de doce de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en su artículo 21, inciso d), el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste expediente es susceptible de destrucción, una vez que cuente con tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos d) del citado Acuerdo General. Ahora bien, conforme al artículo 22, del referido acuerdo, para su destrucción, se deberá proceder en términos de lo dispuesto en los procedimientos y formatos señalados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, y/o en la Dirección General de Archivo y Documentación y por lo que se deberá de generar por duplicado los documentos siguientes: I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material, en la que se deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. El listado en formato impreso y electrónico de los expedientes o constancias que se destruyen, firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. Hecho lo anterior, remítase, un tanto del acta de destrucción y de los listados de los expedientes destruidos a la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en los sistemas respectivos. En el entendido, que queda a cargo de este órgano jurisdiccional la destrucción de este expediente, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Principal
Quejoso se le notifica por medio de lista electrónica y fijada en estrados del juzgado, señalado como domicilio procesal...si como el propio promovente señala que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se le notificó electrónicamente el acto reclamado, el cómputo para la presentación de la demanda corrió a partir del veinte del mismo mes y año, en tales condiciones, el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en contra del acto reclamado antes precisado, transcurrió del veinte de diciembre del año pasado al siete de enero de dos mil veintidós. Ahora, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto se presentó en línea hasta el diez de enero de dos mil veintidós; es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa estaba obligada a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificada la determinación reclamada; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el diez de diciembre de dos mil veintiuno, es evidente que se encuentra fuera del plazo establecido. Esto es, si la solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sin que en la especie, nos encontremos en alguno de los supuestos de excepción para la promoción del juicio de amparo, previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y, 18 de la misma legislación; por lo tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otra parte, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica para la parte quejosa, una denegación al derecho de acceso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo. Pues sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además, de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Máxime, que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman y, así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de dos mil doce, Tomo Dos, página mil quinientos ochenta y siete, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. (...)." (...) Ahora bien, el promovente del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; sin embargo, dado que la Ley de Amparo no prevé esa figura, se ordena que las notificaciones que se le practiquen, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "***", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. De conformidad al numeral 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este tribunal toma nota de que el promovente del líbelo constitucional propone el correo electrónico <javiercortesmx@hotmail.com>, así como el número de teléfono ***, para entablar comunicaciones no procesales, para los efectos conducentes...
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