Pablo Muñoz Nava
Expediente 1305/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pablo Muñoz Nava
- PABLO MUÑOZ NAVA y Otros.
- D. B. Z. M.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
... Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: Citará a las partes a una audiencia. En ésta declarará subsistente la audiencia inicial desde el inicio hasta el debate entre las partes respecto de la medida cautelar y declarará insubsistente únicamente la parte relativa a la resolución con la que decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por considerar que el delito de violación equiparada se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional. En su lugar, emitirá otra en la que, con sujeción a las consideraciones de esta sentencia, declarará improcedente la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En caso de que la fiscal solicite la imposición de diversa medida cautelar, otorgue a las partes el derecho de contradicción y resuelva con libertad de jurisdicción lo que estime conducente." Toda vez que en la sentencia de amparo se determinó que la responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al incluir de manera indebida el delito que se le atribuye al quejoso dentro del listado de los previstos en el numeral 19 constitucional, se determinó que la sentencia debía surtir efectos inmediatos, por lo que se fijaron las siguientes medidas de aseguramiento: "1) El quejoso deberá exhibir la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional. Garantía de mérito que puede ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, es decir, depósito en efectivo (billete de depósito a su nombre); fianza de institución autorizada, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio; hipoteca; prenda; o fideicomiso, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2) Señalar bajo protesta de decir verdad un domicilio en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción, en el cual se obligue a residir hasta en tanto cause ejecutoria esta determinación, así como si tuviera algún cambio del mismo, haciendo de su conocimiento que no podrá ausentarse de ese lugar sin previa autorización de este juzgado. 3) Comparecer ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares que señale el Juez de control responsable, a efecto de que el impetrante se encuentre en aptitud de cumplir con las obligaciones impuestas. 4) Así mismo, el Juez de Control, deberá canalizar al quejoso con la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso para los efectos conducentes y se reporte ante esa autoridad los días establecidos; lo que deberá informar a este juzgado. 5) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este juzgado, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia. Medidas las anteriores que se toman de manera discrecional, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de velar para que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia en caso de que la presente resolución sea revocada, con el objeto de lograr la continuación de la fase de la investigación complementaria, aunado a que la garantía económica se fija partiendo que es la que se estima necesaria para lograr que el impetrante no se sustraiga de la acción de la justicia, por lo cual se considera que el monto establecido impactaría la economía del impetrante de modo suficiente para compelerlo a que no lo haga en caso de que fuera revocada la presente sentencia, mientras que la demás medidas permiten verificar su permanencia en el lugar donde se instruye la causa penal. En las apuntadas condiciones, hágase del conocimiento del quejoso que una vez que cumpla con los requisitos establecidos en los incisos 1) y 2), se ordenará su inmediata libertad y se requerirá el cumplimiento a la autoridad responsable, así como que en caso de que incumpla con esta última o con las diversas señaladas en los incisos 3), 4) y 5), la garantía exhibida se hará efectiva a favor del erario federal y se dictaran las medidas conducentes a fin de sujetarlo al proceso" Por lo que, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintitrés de febrero del presente año José Juan Martínez Torres y Oscar Conrado Galicia Santiago autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dieron cumplimiento a lo requerido exhibiendo el billete de depósito N 956062, por la cantidad de $40,000.00 M/N (cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional). Asimismo, bajo protesta de decir verdad el impetrante señaló como domicilio para residir en Ignacio Allende número 12935, colonia Guadalupe Hidalgo, en esta ciudad de Puebla, Puebla, código postal 72490. Por lo que en cumplimiento a lo anterior y por acuerdo de veintitrés de febrero de este año, se ordenó su libertad de manera inmediata debiendo cumplir diversos requisitos: "1) Informar si tiene algún cambio de domicilio, pues no podrá ausentarse de esta ciudad sin previa autorización de este juzgado. 2) Comparecer ante el Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla o ante la autoridad que continúe conociendo de la causa penal de origen las veces que sea requerido, para continuar con el procedimiento. 3) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este Juzgado de Distrito, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia." Por lo que en proveído de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la asesora del Centro Penitenciario de Puebla informando que en cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, Puebla, Puebla, se puso en libertad a las veintitrés horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de este mismo año a Pablo Muñoz Nava por cuanto hace a la causa penal 3244/2022/PUEBLA de su índice. En esa misma data, se tuvo al Juez de Control informando que se señalaron las once horas con quince minutos del veintisiete de febrero del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia de medidas cautelares. Por lo que por acuerdo de uno de marzo del presente año, se tuvo al Juez de Control de la Región Judicial Centro informando que en veintisiete de febrero del presente año, se dejó subsistente la audiencia inicial de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, desde el inicio hasta la parte de medida cautelar. Dejando insubsistente exclusivamente la parte relativa a la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Asimismo, informó que se giró oficio ante la Unidad de Medidas Cautelares para la supervisión de medidas aseguramiento a fin de cumplir las diversas medidas impuestas. Posteriormente, la sentencia de mérito fue recurrida por el quejoso Pablo Muñoz Nava a través del recurso de revisión del que conocieron los Integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R- 94/2023, quienes por ejecutoria de trece de julio del año en curso determinaron confirmar la sentencia sujeta a revisión en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo: INFORME DE IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO Al respecto, mediante oficio 48553/2023/JC, el Juez de Control de la Región Judicial Centro -Aarón Hernández Chino-, informó que en acuerdo dictado el cuatro de agosto pasado, ordenó dejar insubsistente la parte relativa a la resolución con la que decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en su lugar emitiría una nueva en la que se sujetaría a las consideraciones de la sentencia y en caso de que el Fiscal solicitara una imposición de medida cautelar diversa, este resolvería con libertad de jurisdicción. Señalando para tal efecto las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que tuviera verificativo la audiencia para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio 32774/2023/JC, el Juez responsable informó la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, bajo el argumento de que Pablo Muñoz Nava no compareció a la audiencia de nueve de agosto de año en curso. Siguiendo la secuela procesal; por acuerdo de diez de agosto del presente año, quien resuelve le requirió para que en el uso de sus facultades propias al cargo conferido agotara los medios necesarios para hacer comparecer al imputado dentro del procedimiento de origen y con ello dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional. Por oficio 33129/2023/JC, el Juez responsable remitió a este órgano jurisdiccional en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 3244/2022/PUEBLA, de las que se advierte que que el once de agosto del presente año, se señalaron las nueve horas del doce de agosto del presente año, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de amparo, misma en la que se advierte la incomparecencia del quejoso Pablo Muñoz Nava, por lo que se declaró sustraído de la acción de la justicia, en atención a que no compareció a las audiencias de nueve y doce de agosto del presente año; en consecuencia, se libró orden de aprehensión en su contra. Además adjuntó a su informe copia certificada de la carpeta judicial administrativa 3244/2022/PUEBLA, en las que anexó las notificaciones correspondientes a las partes, para la celebración de las audiencias de referencia IMPOSIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. En mérito de lo anterior, este juzgado estima que sobreviene una causa que impide acatar el fallo protector, y en consecuencia que existe imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, ello en razón de que se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por haber dejado de acudir, sin justificación, a las audiencias señaladas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, toda vez que en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: ... CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." También cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ... "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. SE HACE EFECTIVA GARANTIA Finalmente y tomando en consideración que la parte quejosa dejo de cumplir con los requisitos establecidos en la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de febrero del presente año y con fundamento en el artículo 166 fracción II de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la garantía exhibida. Por tanto, procede hacer efectiva la garantía exhibida por José Juan Martínez Torres y Oscar Conrado Galicia Santiago autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el importe de billete de depósito número N 956062, por la cantidad de $40,000.00 M/N (cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional), a favor del erario federal, debiéndose remitir para su efectivo endosado como corresponde a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México y hacer además la anotación en el libro de gobierno correspondiente; solicitándose el acuse de recibo de estilo dentro de las siguientes cinco días a su recepción. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo ...
- Principal
... Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: Citará a las partes a una audiencia. En ésta declarará subsistente la audiencia inicial desde el inicio hasta el debate entre las partes respecto de la medida cautelar y declarará insubsistente únicamente la parte relativa a la resolución con la que decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por considerar que el delito de violación equiparada se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional. En su lugar, emitirá otra en la que, con sujeción a las consideraciones de esta sentencia, declarará improcedente la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En caso de que la fiscal solicite la imposición de diversa medida cautelar, otorgue a las partes el derecho de contradicción y resuelva con libertad de jurisdicción lo que estime conducente." Toda vez que en la sentencia de amparo se determinó que la responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al incluir de manera indebida el delito que se le atribuye al quejoso dentro del listado de los previstos en el numeral 19 constitucional, se determinó que la sentencia debía surtir efectos inmediatos, por lo que se fijaron las siguientes medidas de aseguramiento: "1) El quejoso deberá exhibir la cantidad de $40,000.00 cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional. Garantía de mérito que puede ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, es decir, depósito en efectivo (billete de depósito a su nombre); fianza de institución autorizada, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio; hipoteca; prenda; o fideicomiso, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2) Señalar bajo protesta de decir verdad un domicilio en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción, en el cual se obligue a residir hasta en tanto cause ejecutoria esta determinación, así como si tuviera algún cambio del mismo, haciendo de su conocimiento que no podrá ausentarse de ese lugar sin previa autorización de este juzgado. 3) Comparecer ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares que señale el Juez de control responsable, a efecto de que el impetrante se encuentre en aptitud de cumplir con las obligaciones impuestas. 4) Así mismo, el Juez de Control, deberá canalizar al quejoso con la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso para los efectos conducentes y se reporte ante esa autoridad los días establecidos; lo que deberá informar a este juzgado. 5) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este juzgado, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia. Medidas las anteriores que se toman de manera discrecional, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de velar para que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia en caso de que la presente resolución sea revocada, con el objeto de lograr la continuación de la fase de la investigación complementaria, aunado a que la garantía económica se fija partiendo que es la que se estima necesaria para lograr que el impetrante no se sustraiga de la acción de la justicia, por lo cual se considera que el monto establecido impactaría la economía del impetrante de modo suficiente para compelerlo a que no lo haga en caso de que fuera revocada la presente sentencia, mientras que la demás medidas permiten verificar su permanencia en el lugar donde se instruye la causa penal. En las apuntadas condiciones, hágase del conocimiento del quejoso que una vez que cumpla con los requisitos establecidos en los incisos 1) y 2), se ordenará su inmediata libertad y se requerirá el cumplimiento a la autoridad responsable, así como que en caso de que incumpla con esta última o con las diversas señaladas en los incisos 3), 4) y 5), la garantía exhibida se hará efectiva a favor del erario federal y se dictaran las medidas conducentes a fin de sujetarlo al proceso" Por lo que, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintitrés de febrero del presente año José Juan Martínez Torres y Oscar Conrado Galicia Santiago autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dieron cumplimiento a lo requerido exhibiendo el billete de depósito N 956062, por la cantidad de $40,000.00 M/N (cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional). Asimismo, bajo protesta de decir verdad el impetrante señaló como domicilio para residir en Ignacio Allende número 12935, colonia Guadalupe Hidalgo, en esta ciudad de Puebla, Puebla, código postal 72490. Por lo que en cumplimiento a lo anterior y por acuerdo de veintitrés de febrero de este año, se ordenó su libertad de manera inmediata debiendo cumplir diversos requisitos: "1) Informar si tiene algún cambio de domicilio, pues no podrá ausentarse de esta ciudad sin previa autorización de este juzgado. 2) Comparecer ante el Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con Sede en Puebla o ante la autoridad que continúe conociendo de la causa penal de origen las veces que sea requerido, para continuar con el procedimiento. 3) No salir del territorio estatal ni del país sin previa autorización de este Juzgado de Distrito, la cual solamente se podrá otorgar por razones de salud del impetrante o trabajo de éste; caso en el cual, el demandante de amparo deberá justificar tales extremos, que el suscrito deberá calificar, y en caso de que se estime procedente, se dictarán nuevas medidas para asegurar que no evada la acción de la justicia." Por lo que en proveído de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la asesora del Centro Penitenciario de Puebla informando que en cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, Puebla, Puebla, se puso en libertad a las veintitrés horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de este mismo año a Pablo Muñoz Nava por cuanto hace a la causa penal 3244/2022/PUEBLA de su índice. En esa misma data, se tuvo al Juez de Control informando que se señalaron las once horas con quince minutos del veintisiete de febrero del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia de medidas cautelares. Por lo que por acuerdo de uno de marzo del presente año, se tuvo al Juez de Control de la Región Judicial Centro informando que en veintisiete de febrero del presente año, se dejó subsistente la audiencia inicial de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, desde el inicio hasta la parte de medida cautelar. Dejando insubsistente exclusivamente la parte relativa a la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Asimismo, informó que se giró oficio ante la Unidad de Medidas Cautelares para la supervisión de medidas aseguramiento a fin de cumplir las diversas medidas impuestas. Posteriormente, la sentencia de mérito fue recurrida por el quejoso Pablo Muñoz Nava a través del recurso de revisión del que conocieron los Integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R- 94/2023, quienes por ejecutoria de trece de julio del año en curso determinaron confirmar la sentencia sujeta a revisión en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo: INFORME DE IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO Al respecto, mediante oficio 48553/2023/JC, el Juez de Control de la Región Judicial Centro -Aarón Hernández Chino-, informó que en acuerdo dictado el cuatro de agosto pasado, ordenó dejar insubsistente la parte relativa a la resolución con la que decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en su lugar emitiría una nueva en la que se sujetaría a las consideraciones de la sentencia y en caso de que el Fiscal solicitara una imposición de medida cautelar diversa, este resolvería con libertad de jurisdicción. Señalando para tal efecto las nueve horas del nueve de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que tuviera verificativo la audiencia para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio 32774/2023/JC, el Juez responsable informó la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, bajo el argumento de que Pablo Muñoz Nava no compareció a la audiencia de nueve de agosto de año en curso. Siguiendo la secuela procesal; por acuerdo de diez de agosto del presente año, quien resuelve le requirió para que en el uso de sus facultades propias al cargo conferido agotara los medios necesarios para hacer comparecer al imputado dentro del procedimiento de origen y con ello dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional. Por oficio 33129/2023/JC, el Juez responsable remitió a este órgano jurisdiccional en copia certificada de la carpeta judicial administrativa 3244/2022/PUEBLA, de las que se advierte que que el once de agosto del presente año, se señalaron las nueve horas del doce de agosto del presente año, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de amparo, misma en la que se advierte la incomparecencia del quejoso Pablo Muñoz Nava, por lo que se declaró sustraído de la acción de la justicia, en atención a que no compareció a las audiencias de nueve y doce de agosto del presente año; en consecuencia, se libró orden de aprehensión en su contra. Además adjuntó a su informe copia certificada de la carpeta judicial administrativa 3244/2022/PUEBLA, en las que anexó las notificaciones correspondientes a las partes, para la celebración de las audiencias de referencia IMPOSIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. En mérito de lo anterior, este juzgado estima que sobreviene una causa que impide acatar el fallo protector, y en consecuencia que existe imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, ello en razón de que se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por haber dejado de acudir, sin justificación, a las audiencias señaladas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, toda vez que en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: ... CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." También cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ... "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. SE HACE EFECTIVA GARANTIA Finalmente y tomando en consideración que la parte quejosa dejo de cumplir con los requisitos establecidos en la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de febrero del presente año y con fundamento en el artículo 166 fracción II de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la garantía exhibida. Por tanto, procede hacer efectiva la garantía exhibida por José Juan Martínez Torres y Oscar Conrado Galicia Santiago autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el importe de billete de depósito número N 956062, por la cantidad de $40,000.00 M/N (cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional), a favor del erario federal, debiéndose remitir para su efectivo endosado como corresponde a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México y hacer además la anotación en el libro de gobierno correspondiente; solicitándose el acuse de recibo de estilo dentro de las siguientes cinco días a su recepción. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo ...
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.... Agréguese a los autos el escrito de ******************** autorizado de la tercera interesada, visto su contenido y en atención al escrito de ******************** -tercera interesada en representación de la víctima ********************.********************.********************.********************- de nueve de agosto del presente año, se tiene como autorizado a ********************aldonado Carrera en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo- quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Asimismo, de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. Ahora, como preciso la parte tercera interesada en su escrito de nueve de agosto pasado, se tiene al usuario ********************, únicamente para el acceso al expediente electrónico, mas no así para recibir notificaciones. Por tanto se ordena a la Analista Jurídico Sise, en atribución a las facultades que su cargo le otorga, realice el ajuste correspondiente en el expediente electrónico de la base de datos a su cargo (SISE). JUE******************** ********************E CONTROL INFOR********************A Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta de Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, mediante el cual se le tiene informando que declaró sustraído de la acción de la justicia a Pablo ********************uñoz Nava en atención a que no compareció a las audiencias de nueve y doce de agosto pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso con registro 12314, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.
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... Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla, al que anexa un DVD, mediante el cual informa la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado en el presente asunto, bajo el argumento de que el imputado, aquí quejoso, no compareció de forma justificada a la audiencia de nueve de agosto del año en curso. Ahora bien, atendiendo a lo ordenado por el artículo 17 constitucional, el cual establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, requiérase al Juez responsable para que en uso de las facultades propias del cargo conferidas en la ley, agote todos los medios necesarios con el fin de hacer comparecer al imputado dentro del procedimiento de origen y con ello dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional en la ejecutoria de amparo, esto es, a fin de lograr la comparecencia al imputado a la audiencia deberá hacer uso de las facultades previstas en el artículo 141, párrafos cuarto y quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para lo cual deberá remitir las documentales que acrediten dicha circunstancia, entre ellas, las notificaciones realizadas a las partes para llevarse a cabo la audiencia que señaló para el día nueve de agosto del año en curso. Lo que deberá acreditar en el término de veinticuatro horas, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado el tres de agosto pasado. GESTIONES AL CUMPLIMIENTO Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, mediante el cual informa que en veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, recibió el oficio signado por Aarón Hernández Chino, Juez de Control de la Región Judicial Centro, Puebla, a través del cual ordenó la inmediata libertad del quejoso ********************, misma que fue cumplimentada en esa data. ESCRITO DE TERCERA INTERESADA Finalmente, agréguese a los autos el escrito de ********************, en su carácter de tercera interesada como representante de víctima del delito, mediante el cual revoca a su autorizado; asimismo, hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al respecto, se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizada a ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la autorización anterior implique notificar por esa vía, los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía solo se realizaran a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONOS No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. SE ESTÉ A LO ACORDADO Finalmente, por cuanto hace a sus manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dígase a la parte tercera interesada que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden, sin que se encuentre en aptitud de alterar las medidas de efectividad fijadas en la citada sentencia, en tanto que las mismas adquirieron firmeza al no ser controvertidas por las partes. ...ecretaria que autoriza y da fe.
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