Pablo Moreno Oleas
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur. 32 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur · Baja California Sur
Partes del expediente
- Pablo Moreno Oleas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar.En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
agréguense el oficio y anexo signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Baja California Sur, remitiendo copia certificada de diversas actuaciones -en lo que interesa- del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, por el cual tuvo por no interpuesta la demanda en contra de Corporación Villa Group, sociedad anónima de capital variable y Conjunto Desarrollo Brisol, sociedad anónima de capital variable, derivado del juicio laboral 47/2020/I, de su índice. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Por otra parte, agréguese el escrito de Germán Efraín Salcido Ramírez, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se le tenga por desistido en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo constituye una cuestión de orden público que debe ser cumplimentada, como se expondrá a continuación. Las sentencias al adquirir el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, constriñen indefectiblemente a las autoridades responsables a cumplirlo a partir de ese momento, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía o derecho violentado, tal y como lo prevé la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y los diversos 77, 192 y 214 de la Ley de Amparo. Esta es la finalidad esencial que persigue el procedimiento previsto en la Ley de Amparo para lograr el total cumplimiento de las sentencias que en materia de amparo dictan los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual explica el alto principio de obligatoriedad con el que la Constitución Federal reviste a los fallos constitucionales, de fundamental importancia para la eficacia del juicio de amparo. Además, la obligatoriedad que para acatar una sentencia de amparo impone el artículo 107 de la Ley Suprema a cualquier autoridad del Estado se funda en el principio de que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, pues ello no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para la vida institucional de México, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también es verdad que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, obligando a su respeto a todas las autoridades del país, lo cual garantiza que exista seguridad jurídica De igual forma, la parte final de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como el numeral 214 de la Ley de Amparo, impone la obligación a los juzgadores de no archivar ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el desistimiento de la acción de un amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio constitucional, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida), sin necesidad de que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o en su defecto el fondo de los agravios de la revisión. Así, aun cuando la Ley de Amparo, sólo hace referencia al desistimiento de la demanda de amparo, el hecho de que reconozca el desistimiento de la acción constitucional, trae como consecuencia que, aunque no esté expresamente regulado, también se incluya el de los diversos recursos interpuestos, ya que se trata de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal. En esa tesitura, resulta innegable que la figura del desistimiento en la etapa de ejecución del fallo protector, no procede, en virtud de la existencia de una sentencia de amparo que adquirió firmeza se debe cumplir por la autoridad responsable. Así, en el caso en concreto, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió la protección de la Justicia Federal a Pablo Marcelo Moreno Oleas, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emplazamiento, en el juicio laboral 47/2020-I, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Baja California Sur. Ello, pone de manifiesto que en este asunto existe una sentencia que ya causó ejecutoria en la que el citado quejoso obtuvo un amparo respecto de la inconstitucionalidad del acto reclamado y con motivo de ello, en términos del segundo párrafo de la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, fueron fijados los lineamientos que debía seguir la autoridad responsable a fin de dar total cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, se reitera, resulta improcedente el desistimiento de la acción en el juicio de amparo en que se actúa por encontrarse en la etapa de ejecución del fallo protector.
- Principal
Agréguese el oficio y anexo del Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con ese en esta ciudad, a través del cual remite la constancia de notificación del auto de trece de juicio de dos mil veintidós, que le fue hecha a la parte actora, dentro del juicio laboral 47/2020/I, de su índice. En consecuencia, requiérase a la Junta Especial Número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído y transcurrido el plazo de tres días otorgado a la actora en auto de trece de juicio de dos mil veintidós, informe lo que proveyó en relación a ello a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente Junta Especial Número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, representante de los trabajadores y representante de los patrones, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional.
- Principal
se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, cumpla con los efectos decretados en la ejecutoria. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa, de cien unidades de medida y actualización. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación.
Quedan 28 actuaciones en este expediente
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