Pablo Montoya Álvarez

Expediente 283/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
283/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Pablo Montoya Álvarez
  • Pablo Montoya Álvarez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de marzo de dos mil diecisiete. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha todas las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído de nueve de enero de la presente anualidad, donde se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente de la República, contra la sentencia terminada de engrosar el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, como está ordenado en el proveído arriba indicado, remítanse los autos originales que integran el presente asunto, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio defensivo hecho valer en este asunto, junto con el escrito de expresión de agravios y copia del mismo. Cúmplase. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEIDO DE REFERENCIA QUE DICE: Xalapa Enríquez, Veracruz, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista; la demanda de amparo promovida por Pablo Montoya Álvarez, Víctor Montoya Sánchez, Tereso Padilla Álvarez, Francisco Padilla Álvarez, Gervacio Montoya Mendoza, Serafín Montoya López, María Pardo Romero, Amalio Padilla Álvarez, Marcelo Moreno Alfonso, Isabel Chacon Martínez, Pedro Montoya Sánchez, Clementina Cortes Herbert, Fernando Álvarez Viveros, Ángela Zavaleta López, Tomas Montoya Portilla, Pedro Montoya Duran, Blas Montoya Cruz, Marcos Montoya Durán, Pilar Contreras Hoyos, Galdino Montoya Vicencio, Domingo Padilla Álvarez, Ramón Padilla López, Sotero Zavaleta y López Abraham Álvarez y Otilio Montoya Sánchez, todos por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, por violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 1° constitucional. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 283/2017. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: La ilegal acción persecutoria dentro de los autos de la causa acumulada 133/2016 del índice del juez señalado como autoridad responsable. Precisado ello, se hace necesario transcribir los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V , de la Ley de Amparo: Así también, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal, 107, fracción V, 61, fracción XXIII , 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que la acción persecutoria únicamente tiene por objeto de que la institución del ministerio público proceda en cumplimiento a sus atribuciones previstas por el artículo 21 de la Constitución General de la República, tomando en consideración que éste es el representante de la sociedad, y por ello a su criterio si considera que en la investigación ministerial hay material probatorio suficiente para proceder a la consignación de la investigación, lo cual conlleva a la procuración del derecho social de perseguir los delitos, lo que únicamente es facultad de dicha institución, por lo tanto, de ninguna manera de una controversia constitucional, pues en el caso de concederse el amparo sería para el efecto de que se ejercitara la acción penal o en su defecto para que no lo hiciera; y esto equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales federales la persecución de los delitos, en contravención al contexto del artículo 21 invocado, dado que los órganos de la federación en su carácter de medios de control constitucional, únicamente están facultados para verificar que los actos emitidos por las autoridades cumplan con lo previsto por la constitución y de las leyes que de ella emanan. En ese sentido, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo contenido en la carta magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trata. En ese orden de ideas, es evidente que la acción persecutoria que aquí se reclama no es un acto de imposible reparación, ya que no constituye una determinación que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que solamente origina un acto procesal para el esclarecimiento de los hechos delictivos que a consideración del ministerio público determinó que se encuentran indicios necesarios para proceder a su consignación y el juez competente determiné si es procedente iniciar el procedimiento judicial en contra de los indiciados, es decir, es un acto intraprocesal que sólo produce efectos dentro del juicio natural, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo que se dicte deba ser contrario a los intereses de la solicitante del amparo. Orienta lo anterior, por sus consideraciones y alcance jurídico la tesis: VI. 2o. 43 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 579, del Tomo XIV, Agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente "ACCION PENAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL EJERCICIO DE LA. El artículo 21 de la Constitución General de la República, establece que el ejercicio de la acción persecutoria es facultad exclusiva del Ministerio Público, ya que éste es el representante de la sociedad, y por ello los particulares quedan excluidos completamente en la participación de la misma, por eso dicha acción no está ni puede estar comprendida en el patrimonio de éstos, no constituye un derecho privado de los mismos, ya que inclusive aún en el supuesto de que el Ministerio Público, indebidamente se abstuviera de resolver sobre el ejercicio de la acción penal, tal omisión lesionaría, en último extremo, el derecho social de perseguir los delitos, lo cual podría ser materia de un juicio de responsabilidad, pero de ninguna manera de una controversia constitucional, pues en el caso de concederse el amparo sería para el efecto de que se ejercitara la acción penal; y esto equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales federales la persecución de los delitos, en contravención al contexto del artículo 21 invocado." Por lo tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, ya que solo tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable, esto es, en caso de que el juez de la causa determine no girar orden de aprehensión, cuestión que ni de la demanda ni de las constancias de autos se aprecia que a la fecha haya ocurrido. En consecuencia, respecto del análisis del acto reclamado en esta vía, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Ahora, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el señalado en la demanda de amparo y, por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Alarcon Castelan, por así haberlo solicitado de manera expresa los promoventes. Finalmente, consérvense en la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda, para un mejor manejo del expediente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvansele las documentales a que hace referencia, haciéndole entrega al ocursante o a las personas autorizadas para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente...

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