Pablo Medina Hernández
Expediente 921/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pablo Medina Hernández
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del treinta y uno de octubre al ocho de noviembre, ambos del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, por resultar innecesario que obren en autos las constancias que integran el toca número I-250/2018, que remitiera el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio número 8379, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el acuse de recibo relativo al escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio número 8260, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserta la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Raúl Medina Gutiérrez, apoderado de Pablo Medina Hernández, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, como se aprecia de las constancias que obran en autos, por lo que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano jurisdiccional también le reconoce dicha personalidad, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias del juicio de origen, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del toca I-250/2018, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante la cual confirma la sentencia interlocutoria de tres de agosto del presente año, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Hidalgo, Michoacán, que declara improcedente el incidente sobre prescripción del derecho a reclamar herencia, promovido por el aquí quejoso dentro del juicio ordinario civil 39/2017, el cual, conforme al criterio anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la resolución del Magistrado responsable, mediante la cual confirma la sentencia interlocutoria de tres de agosto del presente año, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Hidalgo, Michoacán, que declara improcedente el incidente sobre prescripción del derecho a reclamar herencia, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia, y en caso de ser así, es decir, entonces podrá a través de los agravios respectivos, combatirlo en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón a que la resolución de once de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del toca I-250/2018, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de éste no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, pendiente de integrar al módulo de sistematización, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho que dentro de dicha incidencia la aquí parte quejosa haya sido condenada a cubrir los gastos y costas que su contraria haya erogado con motivo de la tramitación de la misma, toda vez que, como ya se dijo, dicha determinación sólo constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación, por lo que la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo que en su caso se promueva contra la sentencia que llegue a dictarse dentro del juicio de origen, lo anterior es así, en razón que el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo de lo resuelto en el incidente de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 29/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, tomo XXIX, correspondiente al mes Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este órgano jurisdiccional, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente según su artículo 2°; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aun las de carácter personal, se le practicarán por lista. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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