Pablo Maximino Jiménez Jiménez
Expediente 719/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Maximino Jiménez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie los cuatro requisitos se cumplen, pues del estado de los autos se advierte, en este juicio de amparo la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La falta de contestación a su escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el doce de diciembre del mismo año. Así, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y de las constancias certificadas que anexó, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se advierte lo siguiente: Mediante oficio ********************, de tres de agosto de dos mil veintitrés, la responsable informó a la parte quejosa que derivado de su escrito de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que solicitó la declaratoria de prescripción del crédito fiscal número AF042102802600080, en cantidad histórica de $13,100.00 (trece mil cien pesos 00/100M.N.), determinado mediante la resolución número PFC.C.B.1.03/000280-2009, de veinticinco de junio de dos mil nueve, por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); y con base en la información proporcionada por la Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, mediante oficio SF/SI/DIR/CCC/1771/2023, de ocho de junio de dos mil veintitrés, informó que de la búsqueda realizada en los archivos con que cuenta la Coordinación de Cobro Coactivo, se advirtió que el crédito 26859 (antes AF042102802600080), no se encuentra registrado a nombre de la parte quejosa Pablo Maximino Jimén******************** Jimén********************; por tanto, le informó que la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se encuentra jurídicamente imposibilitada para analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud declaratoria de prescripción planteada. El oficio ********************, de tres de agosto de dos mil veintitrés, fue notificado a la parte quejosa el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. De ahí que, al haberse emitido el referido oficio que atendió el escrito de la parte quejosa el tres de agosto de dos mil veintitrés, y notificado el dieciocho de dos mil veintitrés, lo cual aconteció con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda -tres de agosto de dos mil veintitrés-, proveyendo respecto a lo que solicitó, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Ju******************** pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - once horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie los cuatro requisitos se cumplen, pues del estado de los autos se advierte, en este juicio de amparo la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La falta de contestación a su escrito de siete de diciembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable el doce de diciembre del mismo año. Así, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y de las constancias certificadas que anexó, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se advierte lo siguiente: Mediante oficio ********************, de tres de agosto de dos mil veintitrés, la responsable informó a la parte quejosa que derivado de su escrito de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que solicitó la declaratoria de prescripción del crédito fiscal número AF042102802600080, en cantidad histórica de $13,100.00 (trece mil cien pesos 00/100M.N.), determinado mediante la resolución número PFC.C.B.1.03/000280-2009, de veinticinco de junio de dos mil nueve, por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); y con base en la información proporcionada por la Coordinación de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, mediante oficio SF/SI/DIR/CCC/1771/2023, de ocho de junio de dos mil veintitrés, informó que de la búsqueda realizada en los archivos con que cuenta la Coordinación de Cobro Coactivo, se advirtió que el crédito 26859 (antes AF042102802600080), no se encuentra registrado a nombre de la parte quejosa Pablo Maximino Jimén******************** Jimén********************; por tanto, le informó que la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se encuentra jurídicamente imposibilitada para analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud declaratoria de prescripción planteada. El oficio ********************, de tres de agosto de dos mil veintitrés, fue notificado a la parte quejosa el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. De ahí que, al haberse emitido el referido oficio que atendió el escrito de la parte quejosa el tres de agosto de dos mil veintitrés, y notificado el dieciocho de dos mil veintitrés, lo cual aconteció con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda -tres de agosto de dos mil veintitrés-, proveyendo respecto a lo que solicitó, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Ju******************** pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - once horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual en atención a la prevención formulada en auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, exhibe una copia más de su escrito de demanda; al efecto se provee: Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca. Sin tramítese con incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo las cuales deberá remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá al omiso, multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acredite dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexó a su escrito de demanda, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la parte quejosa, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Intervención. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Otras providencias. Finalmente, respecto del domicilio y autorizados, exhortación a trámite de juicio en línea, habilitación de horas, uso de medios electrónicos, protección de datos, integración del expediente físico y electrónico y consulta del expediente electrónico, no es el caso realizar pronunciamiento, dado que en auto de radicación de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
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