Pablo Mata González

Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
188/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Pablo Mata González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 1021/2018, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 55/2018-JMGS, del índice de este Juzgado, que se envió con el propósito de notificar a personalmente a ***, el acuerdo de doce de marzo del año en curso. Acúsese recibo y dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, se desprende que el promovente ***, omitió cumplir con el requerimiento ordenado mediante acuerdo de doce de marzo del año en curso (fojas 2 a 7), en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar la notificación del presente auto, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, del estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente ***, no impugnó el acuerdo de doce de marzo del año en curso (fojas 2 a 7), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Presentación de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente a nombre de Pablo Mata González, sin firma electrónica, contra la autoridad denominada Vialidad y Transporte Municipal, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 188/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Desechamiento. De la demanda de merito se advierte que no existe la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la persona por quien se promueve el amparo, o su representante legal, como se describe en el acuse generado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dentro del rubro "firmado" el cual se digitaliza a continuación: Por tanto, la demanda de amparo que se provee, debe desecharse por manifiesta y notoriamente improcedente, ello por actualizarse la causal de improcedencia a que refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 6° del ordenamiento en cita, interpretado a contrario sensu. Dichos normativos establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Ahora bien, es menester recordar el contenido de los preceptos legales aplicables, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones aplicables: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; (.)". Ley de Amparo. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Artículo 24. (.) Cuando el quejoso y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma". Acuerdo General Conjunto número 1/2013. Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; (.) Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. (.) Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. (.) Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan". Acuerdo General Conjunto 1/2015. Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". De la interpretación de los numerales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Por otro lado, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, en el caso de las demandas de amparo promovidas electrónicamente, el uso del certificado digital de firma electrónica es el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa y permite la identificación del usuario o del autor del documento, en ese sentido, para tener la plena certeza de que la persona que promueve "en línea" es la persona que tiene la voluntad de hacerlo. Es decir, cuando una persona desea presentar una promoción o una demanda de amparo a través de los sistemas establecidos para tal efecto, debe firmar electrónicamente la promoción, toda vez que dicha rubrica, hace las veces de la firma autógrafa en un documento presentado electrónicamente. Asimismo, de los dispositivos transcritos, se aprecia con claridad que en cuanto a las personas morales, el certificado digital de firma electrónica para promover un juicio de amparo debe corresponder a la persona física que legalmente las represente, pues así se encuentra establecido claramente en el artículo 6, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En el caso concreto, la demanda de amparo que nos ocupa, no presente ninguna evidencia criptográfica, lo que se puede traducir en que no cuenta con firma autógrafa en el documento presentado electrónicamente, lo que es requisito indispensable en las demandas presentadas vía electrónica. En efecto, la demanda de amparo fue recibida a través del módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos del artículo 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a través de este último a este órgano jurisdiccional, por lo que es evidente que no es susceptible de estamparse una firma autógrafa. Sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; así como en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, lo que en el caso no acontece, ya que la misma como ya se dijo, no cuenta con ninguna firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. En esos términos, al no estar firmada electrónicamente el escrito de demanda de amparo presentado, trae como consecuencia, que no se ha interpuesto legalmente la misma; pues resulta que la falta de firma torna inexistente a la expresión de voluntad del promovente de esta instancia federal. Además, el escrito de referencia, tampoco cuenta con algún signo que permita advertir que se firmó de manera autógrafa para generar la presunción de que contiene la manifestación de voluntad para realizar actos procesales y mediante la cual se acredita la autenticidad de un documento y su eficacia. Bajo esas circunstancias, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Se invoca, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, enero de 1991, página 210, registro electrónico 223810, que reza como sigue: DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. Sobre el tema, cobra aplicación la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y seis, Tomo VI, Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 96, 175-180 Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Por último, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 72, 115-120, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo que intenta promover Pablo Mata González, con apoyo en el diverso numeral 113, del citado cuerpo de normas. IV. Domicilio. Ahora bien, para no dejar en indefensión a quien presentó la presente demanda, con fundamento en los artículos 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar a quien corresponda y notifique personalmente a la parte promovente, el presente auto, en el domicilio ubicado en calle Revolución, número 1423, colonia Nogales, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Además, lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, comuníquese al Actuario o funcionario judicial que al efecto designe el Juez despachado, que para efectuar la notificación que se solicita, se deberá proceder de acuerdo con lo señalado en la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Amparo. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. IX. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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