Pablo Martínez Terrores
Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Martínez Terrores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
León, Guanajuato, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autorizado de la parte quejosa solicita copias. Agréguese el escrito signado por el autorizado del quejoso; en atención a su contenido, estese a lo acordado en el acuerdo de admisión, en el que se autorizaron las copias de las constancias del expediente que las partes soliciten del presente asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas.1 Se tiene como personas autorizadas para recibirlas a las que refiere en su ocurso. Notifíquese.
- Principal
Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia como lo establece el artículo 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
- Principal
León, Guanajuato, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Como lo solicita, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el oficio de cuenta, lugar donde le serán practicadas por medio de oficio, como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo y como acreditados de su parte a los delegados que cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, reformado, adicionado y derogado en lo conducente por el similar 7/2022, se tiene señalada la dirección de correo electrónico que indica para que se establezca el contacto respectivo en los casos en los que se estime necesario. Vista personal para efectos de ampliación de demanda. Atento a la naturaleza del acto reclamado (derecho de petición), dado que la autoridad responsable indicó que mediante oficio DGRPPYN/4809/2022, de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, respondió la petición formulada por el quejoso; se impone dar vista al promovente del amparo de manera personal con el informe rendido por la autoridad responsable y su anexo, a fin de que dentro del plazo de quince días, contado a partir de que se le notifique personalmente el presente proveído, actúe conforme con sus intereses esté en aptitud, en su caso, de ampliar la demanda, en observancia al criterio jurisprudencial siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En la hipótesis de que el peticionario decida ampliar su libelo constitucional, deberá dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercíbase al quejoso que de no ampliar la demanda, se le tendrá por desinteresado y se continuará con el trámite únicamente en cuanto a la autoridad y actos precisados en el escrito inicial. En el entendido de que la materia de la ampliación de la demanda, en caso de que el quejoso la promueva, únicamente versará sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), pero no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud. Fundamenta a lo expuesto, las tesis: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA. El Juez de Distrito debe dar vista al quejoso con el informe justificado en el cual se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, así como prevenirlo para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda y lo señale como acto reclamado pues, de no hacerlo, incurriría en una violación a las normas del procedimiento que origina su reposición. Sin embargo, ese cumplimiento no imposibilita al Juez para analizar en la sentencia la procedencia de la ampliación de la demanda, ya que, de estimar lo contrario, podrá sobreseer en el juicio, al considerar que se acredita alguna causa de improcedencia. En este sentido, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto como corresponda y estime conveniente, esto es, mediante la ampliación de la demanda inicial, del medio ordinario de defensa que proceda, o de un nuevo juicio de amparo. Ahora bien, si considera que la vía adecuada es la ampliación de la demanda y desahoga el requerimiento en esos términos, debe soportar las consecuencias de su decisión, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, como puede ser que exista un medio de defensa ordinario en su contra, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto debe sobreseer en el juicio, al ser improcedente dicho acto, por no haberse agotado el principio de definitividad, cuando no se actualice alguna excepción a éste. Lo anterior, porque el quejoso estuvo en condiciones de optar por interponer el recurso ordinario, al encontrarse previsto en la legislación aplicable, y no así por la ampliación de la demanda, pues la vista que se le dio no lo coaccionaba a actuar de determinada manera, ya que podía proceder como estimara conveniente para impugnar el nuevo acto de autoridad, pues el Juez únicamente le dio vista para cumplir con la obligación a la que se encuentra constreñido, lo cual no representa una imposición para el quejoso, por lo que si eligió la vía incorrecta, ello es en su propio perjuicio y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo se tiene ofrecida la documental que anexa, la que por su propia naturaleza se tiene admitida y desahogada; que deberá relacionarse en la audiencia constitucional. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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