Pablo Martínez García

Expediente 1068/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1068/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
14/09/2015

Partes del expediente

  • Pablo Martínez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de septiembre de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiséis de agosto de este año (fojas 23 a 28), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al once de septiembre del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó en el juicio de amparo y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que los actos reclamados no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA VI B VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1068/2015; y RESULTANDO PRIMERO.- Escrito de demanda, nombre del quejoso, autoridades responsables, actos reclamados y preceptos constitucionales que contienen los derechos humanos que se estiman violados. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio del año en curso, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad y el mismo día en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 5 y 6), por Adolfo Antonio Méndez Barroso, defensor particular de Pablo Martínez García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados al procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca y al agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistentes en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables reclamo: Del Agente del Ministerio Público.- Reclamo la negativa en que me ha incurrido, al no emitir el correspondiente acuerdo que debe recaer a una solicitud expresa, formal, respetuosa, que fue formulada a fin que se desahogue una probanza de INFORMES PRIVADOS OFRECIDOS POR MI CLIENTE en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013, no obstante que hasta hoy en este día, ha transcurrido más de cinco meses, después del día en el cual hice se hizo (sic) la solicitud, en consecuencia tal omisión causa violación a los derechos de mi cliente y a los derechos del suscrito como defensor particular. Del ciudadano Procurador General reclamo la actitud omisa ya que no ejerce correcciones sobre sus funcionarios subordinados quienes incurren en omisiones en el ejercicio de sus funciones." Actos que estimó violatorios de su derecho humano contenido en el artículo 8°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Trámite del juicio. Mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 8 a 10), dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. TERCERO.- Previos los trámites de este juicio se citó a las partes a la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO.- Competencia legal. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115 y 117 de la Ley de Amparo; 48, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII (Décimo Tercer Circuito) del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal, su tramitación corresponde a la primera instancia y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados y a la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P VI/2004, visible a página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX abril de dos mil cuatro, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así pues, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que en el caso, lo que esencialmente reclama la parte quejosa es lo siguiente: Del agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. La negativa de emitir el acuerdo respectivo a su petición de diecisiete de febrero de este año, presentada ante la responsable el dieciocho siguiente, mediante la cual solicita que se desahogue una probanza de informes privados en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013. Del procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca. La actitud omisa de no ejercer correcciones sobre sus funcionarios subordinados que incurren en omisiones en el ejercicio de sus funciones. TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. Al rendir su informe justificado el director de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia, con residencia en esta ciudad (foja 13), negó categóricamente la existencia del acto reclamado, consistente en la actitud omisa de no ejercer correcciones sobre sus funcionarios subordinados que incurren en omisiones en el ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, cabe destacar que del acuse de recibo del ocurso de petición de la parte quejosa (foja 7), se aprecia que se encuentra dirigida al agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, no así al procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se aprecia alguna documental mediante la cual se advierta que la parte quejosa haya informado al procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, sobre la falta de respuesta en que incurrió la diversa responsable agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Por ende, el procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, no tuvo conocimiento de la petición realizada por la parte quejosa mediante ocurso de diecisiete de febrero de este año, presentado ante el agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el dieciocho siguiente; tampoco de que ésta última no hubiese dado respuesta a dicha solicitud, por lo que es factible concluir que al no tener conocimiento menos pudo tomar las medidas necesarias para ejercer correcciones sobre sus funcionarios subordinados que incurren en omisiones en el ejercicio de sus funciones, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a tal autoridad. CUARTO.- Negativa desvirtuada del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (foja 18), negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de emitir el acuerdo respectivo a su petición de diecisiete de febrero de este año, presentada ante la responsable el dieciocho siguiente, mediante la cual solicita que se desahogue una probanza de informes privados en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013, pues informó que el veintisiete de julio del año en curso, acordó el escrito de la parte quejosa, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo que ocurrió el veinticuatro de julio del año que transcurre; de ahí, que resulte evidente la negativa de la que se duele la parte quejosa, por lo que se tiene por cierta la negativa reclamada. QUINTO.- Estudio de una causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Así, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se actualiza la causal de inejercitabilidad de la acción de amparo establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La lectura íntegra de la demanda de garantías revela que Adolfo Antonio Méndez Barroso, defensor particular de Pablo Martínez García, solicitó la protección constitucional contra la negativa de la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, a proveer la petición que realizó por escrito de diecisiete de febrero de este año, presentada el dieciocho siguiente, mediante la cual solicita que se desahogue una probanza de informes privados en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013. De las constancias que remitió el agente del Ministerio Público Investigador de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, como justificación de su respectivo informe, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, se advierte que mediante proveído dictado el veintisiete de julio del año en curso, en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013, dio contestación al ocurso de la parte quejosa, pues giró oficio al representante legal y/o gerente general y/o encargado de la empresa denominada Dinastía Automotriz Oaxaca, sociedad anónima de capital variable, a fin de recabar las probanzas ofrecidas en el citado ocurso. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se resuelve este asunto el agente del Ministerio Público Investigador de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, ha dado contestación al escrito de diecisiete de febrero de este año, presentada el dieciocho siguiente, mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, dictado en la averiguación previa número 416(ZIM)/2013, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados. De ahí, que en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando cesa la negativa reclamada; de tal suerte que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna en su esfera particular de derechos. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Es importante resaltar en cuanto a la respuesta otorgada a la parte quejosa es improcedente el juicio de amparo en virtud que se trata de un acto reclamable como violación procesal, en todo caso, hasta que se decida sobre el ejercicio de la acción penal. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son; "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los acto reclamado de las autoridad responsable, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Las jurisprudencias invocadas siguen siendo aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio promovido por Adolfo Antonio Méndez Barroso, defensor particular de Pablo Martínez García, contra los actos reclamados al procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca y al agente del Ministerio Público investigador del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito, asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia el acta que se autoriza y firma, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. JOSÉ LUIS EVARISTO VILLEGAS. LA SECRETARIA. LIC. ALFA ORQUÍDEA MONTERRUBIO VALENCIA

  3. Principal

    MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público Investigador de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. De igual forma, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada responsable remitiendo la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe. JLEV*JMT*aspg

  4. Principal

    MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el informe justificado que rinde el director de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia, con residencia en esta ciudad, con su contenido dése vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele a la citada autoridad señalando como delegados a las personas que menciona en el informe que rinde. NOTIFÍQUESE. ..

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