Pablo Martínez Cruz

Expediente 164/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 39 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Xavier Merino Pérez Fernández
  • Silvia Arlet Pérez Ricadeneyra
  • Pablo Martínez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que antecede, se acuerda: Recepción de la promoción. Agréguense a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de inconformidad, contra la resolución de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitido por la Presidencia de este tribunal colegiado en el presente asunto, en contra de la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Acuerdo. Atento a lo anterior, y en razón de que dicho escrito fue recibido directamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la Circular DGGJ/OCC/23/2022 de siete de octubre del año dos mil veintidós, de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; lo procedente es solicitar el registro y emisión de la papeleta respectiva a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, de conformidad con los siguientes datos: Tipo de asunto: Recurso de Inconformidad. Fundamento: Artículo 201 de la Ley de Amparo. Asunto del que deriva: amparo directo 164/2021. Quejoso: Pablo Martínez Cruz, por propio derecho. Sentencia recurrida: resolución de cumplimiento de 30 de octubre de 2023. Antecedente: juicio agrario 1220/2017. Turno: Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito.

  2. Juicio de Amparo Directo

    . Sentencia de amparo. En sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este tribunal colegiado de circuito concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, para los efectos jurídicos siguientes: "(.) 1. Dejar sin efecto la sentencia reclamada, dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio agrario 1220/2017; y, a) Ordenar reponer el procedimiento, a fin de requerir a Pablo Martínez Cruz en términos del numeral 181 de la Ley Agraria, para que dentro del plazo de ocho días precise las medidas y colindancias de la superficie de dos hectáreas y media de la que demanda el mejor derecho a poseer; asimismo, que de considerarlo necesario, recabe las pruebas que estime indispensables para resolver la controversia, especialmente, aquella a través de la cual se pueda delimitar el área que el ahora quejoso considera tener mejor derecho a detentar". 2. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, una vez que la autoridad responsable recibió el testimonio de la ejecutoria constitucional procedió en los términos siguientes: Por oficio 1498/2021, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, recibido en este órgano colegiado el treinta siguiente, la secretaria de acuerdos del tribunal responsable, comunicó el acuerdo de misma data en el cual se dejó insubsistente la sentencia reclamada y ordenó reponer el procedimiento. Luego de diversos oficios, en el relativo al número 2355/2023, de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, recibido en este órgano colegiado el veinticuatro siguiente, la secretaria de acuerdos del tribunal responsable remitió la sentencia que dictó en cumplimiento al fallo. 3. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes -quejosa y tercera interesada- a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; sólo la parte quejosa realizó manifestación, en la que expresó que la autoridad responsable incurría en defecto de la sentencia que dictó, ya que debió resolver so el quejoso tenía o no mejor derecho a poseer la superficie de dos hectáreas y media que reclamó y determinar si dentro de esa superficie había construcción de la que el suscrito tuviera la posesión. 4. Análisis del cumplimiento. De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente indicadas y analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 164/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: ? Dejó insubsistente la sentencia reclamada de doce de marzo de dos mil veintiuno ? Ordenó reponer el procedimiento, para que: ". Tercero. En consecuencia, en vías de cumplimiento de ejecutoria, se requiere a Pablo Martínez Cruz, para que dentro del término de ocho días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, precise las medidas y colindancias de la superficie de dos hectáreas y media de la que demanda el mejor derecho a poseer; lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 181 de la Ley Agraria, por lo que una vez que Pablo Martínez Cruz dé cumplimiento a lo solicitado, y de considerarlo necesario este tribunal proveerá obre recabar las pruebas que estime indispensable para resolver la controversia, especialmente aquella a través de la cual se pueda delimitar el área que el ahora quejoso considera tener mejor derecho a detentar. .". ? Del nuevo fallo que dictó la autoridad se desprende lo siguiente: ". Por otra parte, en acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, este tribunal mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 600 y 601) previno a Pablo Martínez Cruz para que precisara las medidas y colindancias de la superficie de la superficie de la que demanda el mejor derecho a poseer, quien mediante escrito presentado en oficialía de partes de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, exhibió un plano para ilustrar la superficie que pretende o controvierte. Asimismo, se aprecia que Pablo Martínez Cruz amplió demanda reconvencional en contra de Mima Martínez Cruz reclamando el mejor derecho a poseer de una superficie de dos hectáreas y media de la parcela 223 ubicada al interior del Ejido de Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México, adjuntando a su escrito de ampliación un plano con el cuál ilustra la superficie correspondiente, el cual se encuentra visible a fojas 644, cuya imagen se inserta a continuación: . Precisado lo anterior, es un hecho no controvertido lo afirmado por las partes en el sentido de que la superficie que pretende cada uno de ellos forma parte la parcela 223, perteneciente al ejido Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México. Lo que quedó demostrado con el dictamen pericial en materia de topografía emitido por el perito oficial mediante el cual identificó en color azul marino y azul cielo las dos superficies que reclama físicamente la actora Mima Martínez Cruz, dictaminado lo siguiente:  La fracción I cuenta con una superficie analítica de 4,709.80 metros cuadrados superficie que se encuentra totalmente inmersa dentro de la parcela 223.  La fracción II cuenta con un superficie analítica de 3.269.21 metros cuadrados, superficie que se encuentra totalmente inmersa dentro de la parcela 223. Asimismo, dicho perito arribó al conocimiento de que la fracción que reclama físicamente la parte demandada Pablo Martínez Cruz consta de una superficie analítica de 2.60.18.67 hectáreas (se ilustra en color rojo), superficie que se encuentra inmersa dentro de la parcela 223. . Bajo esos parámetros, el presente estudio se circunscribirá a determinar la procedencia del conflicto sobre posesión y goce respecto de las superficies que cada una de la partes controvierte y ha quedado demostrado forma parte de la superficie que integra la parcela 223, perteneciente al núcleo agrario Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México, las cuales ha quedado determinado constan de las superficies que quedaron insertas al inicio de este considerando, la cual se reproduce como si a la letra se insertase para evitar entrar en obvio de repeticiones. 1 Tomando en cuenta que como se dijo, se trata de una acción que no implica analizar la propiedad del inmueble, sino únicamente se circunscribe a determinar si alguna de las partes le corresponde el mejor derecho a poseer dicha superficie ejidal, frente a su contraparte, lo anterior resulta así, dado que la propiedad corresponde al núcleo agrario de Canalejas, municipio de Jicotepec, Estado de México al tener propiedad originaria de dichas tierras, de conformidad con el artículo 9° de la Ley Agraria. En relación con el primero de los elementos consistente en determinar si alguna de las partes justifica tener derechos agrarios reconocidos como titular del inmueble en conflicto, debe decirse que la parte actora Mirna Martínez Cruz acreditó ser la actual titular del certificado parcelario número 1042568 que ampara la parcela número 223, del ejido de Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México (foja 9), misma que obtuvo de conformidad a la transmisión de derechos por sucesión de seis de junio de dos mil dieciséis. En ese orden de ideas, toda vez que Pablo Martínez Cruz carece de título alguno para poseer, se procede a analizar la causa generadora de la posesión que asevera dio origen para detentar el predio que defiende y controvierte, toda vez que Mirna Martínez Cruz ha demostrado contar con titularidad de la parcela 223 del núcleo agrario en cuestión. En ese orden de ideas se obtiene que Pablo Martínez Cruz refiere en su escrito de ampliación de demanda reconvencional, en sus hechos en esencia que: su padre en vida el once de septiembre de mil novecientos noventa cuatro, en forma verbal cedió a favor del reconvencionista .una superficie aproximadamente de dos hectáreas y media de la parcela 233, ubicada en el ejido en cuestión, y desde dicha fecha entró en posesión de dicha superficie y comenzó a construir su casa habitación, la cual está ubicada cerca de la casa donde vivía su padre y el resto de terreno lo ha venido trabajando año con año sembrando maíz y avena desde hace aproximadamente veinticinco años; que desde que su padre Vicente Martínez le cediera la superficie ya mencionada, jamás tuvo ningún conflicto con su padre, ni con sus hermanos quienes son mayores que el reconvencionista y a quienes les había cedido su padre un lote de terreno para que construyeran sus casas, las cuales ahí están dentro de la parcela 233, y que lo único que les encargaba era que se respetaran la superficie de terreno que a cada uno les había dado de su parcela 223, lo cual han hecho hasta el día de hoy, que todos lo que viven al interior de la parcela en comento no han tenido ningún problema por la posesión de sus respectivas superficies; que el hecho de que su hermana Mirna Martínez Cruz se haya convertido en la sucesora de los derechos de su extinto padre, no significa que tenga mejor derecho que el reconvencionista de poseer las dos hectáreas y media que reclama el reconvencionista, esto es así, ya que el titular original que era su padre Vicente Martínez, su voluntad fue cedérsela, máxime que ahí tiene construida su casa habitación y vive con su familia. Asimismo, argumenta que no es lógico ni justo que los sucesores abusando del derecho que se les reconoce, quieran despojar o quitarle el terreno a quienes no quedaron como sucesores, pero que en la vida, de buena fe y verbalmente como se acostumbraba en años anteriores, el progenitor y titular de la parcela les haya cedido alguna fracción de tierras, máxime si se trata de sus hijos resaltando además que la sucesora Mirna Martínez Cruz jamás ha tenido en posesión de la superficie que me reclama, y el hecho de que se haya convertido en la nueva adjudicataria no le da derecho a contravenir la voluntad de su padre. En tanto que Mirna Martínez Cruz manifiesta en esencia como hechos sustento de su pretensión sucesoria que sus padres en vida trabajaron un predio que formaba parte de su unidad de dotación. que a su padre en su calidad de ejidatario el once de junio de mil novecientos noventa y cinco, se le asignó la parcela número 223 de la cual ahora la actora es titular por transmisión de derechos por vía de sucesión; que con motivo de la titularidad y posesión de la parcela 223, su padre siempre cumplió con los pagos de contribución al ejido Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México, a excepción de los ciclos agrícolas de 2015, 2016 y 2017, así como los pagos de agua al haberlos realizado la parte actora; que es hija de Vicente Martínez Escobar y María Santos Cruz García; que el veinte de diciembre de dos mil catorce falleció su madre y su padre el trece de julio de dos mil diecisiete; que reclama dos fracciones de terreno que posee de manera indebida y sin su autorización el demandado Pablo Martínez Cruz por formar parte de la parcela número 223, cual es titular la accionante al haberla adquirido por vía de sucesión los derechos que correspondieron a su extinto padre, lo cual es del conocimiento del demandado y que las superficies en cuestión tienen aproximadamente las superficies, medidas y colindancias que describe en su escrito de demanda; que anterior al fallecimiento de su padre, éste le hizo entrega de la constancia de depósito de lista de sucesión del ejido en cita, depositada ante el Registro Agrario Nacional para que acudiera a la apertura de lista de sucesión, a la que acudió el diecinueve de julio de dos mil diecisiete; que como consecuencia de lo anterior el uno de agosto de dos mil diecisiete, le fueron entregados los certificados como ejidataria por transmisión por sucesión de seis de junio de dos mil dieciséis que le acredita como titular de la parcela 223 y de los derechos sobre tierras de uso común; que las fracciones de terreno que reclama forman parte de la parcela 223, que pertenecieron a su padre Vicente Martínez Escobar la cual la actora adquirió por vía de sucesión motivo por el cual es titular de la antes referida, lo que le da el derecho para solicitar la entrega física y material de las fracciones de terreno que ilegalmente invadió el ahora demandado con la siembre de forraje de avena, aproximadamente el cuatro de abril del presente ciclo agrícola, que aprovechándose el demandado de las recaídas de su padre, con motivo de la diabetes que padecía desde hace cuarenta años; que no obstante que en reiteradas ocasiones en forma extrajudicial le ha pedido al demandado que le haga entrega de las fracciones de terreno que posee de manera indebida y forma parte de la parcela 223 de la que es titular, contestándole el anterior que no, que él es el propietario y que la actora carece de derecho alguno sobre dichas fracciones materia del presente juicio. Tomando en cuenta dichas consideraciones se obtiene que Pablo Martínez Cruz refiere que la superficie aproximadamente dos hectáreas y media [misma que de conformidad al dictamen pericial en materia de topografía quedó acreditado consta de 2-60.18.67 hectáreas) las obtuvo mediante una cesión verbal que celebró el once de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro con su padre Vicente Martínez Escobar lo cual fue corroborado con los testimonios que al efecto presentó de nombres Minerva Martínez Cruz y Rosa Flores Martínez [fojas 250 a 252). Debiendo precisarse al respecto que de los testimonios así como los demás medios de convicción que afecto ofreció Pablo Martínez Cruz ante este tribunal, mismos que fueron relacionados en el Considerando V no tiene el alcance y valor probatorio que pretende otorgarles su oferente. Esto es así debido a que respecto al contrato de cesión verbal que refiere Pablo Martínez Cruz celebró en su momento con el titular primigenio Vicente Martínez Escobar, dicha enajenación se efectuó cuando aún no se encontraba delimitado el ejido de Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México, en términos del artículo 5618 de la Ley Agraria, ya que dicho núcleo agrario celebró su Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, hasta el once de junio de mil novecientos noventa y cinco, tal como se desprende de la información contenida en la copia del certificado parcelario número 110213 y la del certificado de derechos sobre tierras de uso común número 28759, expedidos por el Delegado del Registro Agrario Nacional el diez de julio de mil novecientos noventa y cinco de conformidad al acta de asamblea de once de junio de mil novecientos noventa y cinco (fojas 11 y 12), certificados que en su momento amparaban la parcela número 223 y el porcentaje correspondiente a los derechos sobre tierras de uso común del ejido Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México a favor de Vicente Martínez Escobar. Lo que este tribunal corrobora con la información que obra en la página oficial del Registro Agrario Nacional dentro de la aplicación denominada PHINA, (Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios), información que posee valor probatorio como hecho notorio relacionado con el origen y antecedentes del núcleo agrario Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México. . Por lo que con base en los datos publicados en la página electrónica antes referida se obtiene en lo que interesa al presente controvertido como antecedentes del ejido en cita que mediante asamblea de once de junio de mil novecientos noventa y cinco destino la superficie que le fue dotada únicamente en tierras parceladas y de uso común. Por tanto, la superficie ejidal que refiere Pablo Martínez Cruz le cedió verbalmente su padre Vicente Martínez Escobar aún pertenecía al ejido en cuestión (aún se consideraban tierras de uso común para los ejidatarios ya que aún no se había parcelado), toda vez que dicho núcleo agrario a la fecha en qué se celebró dicho acto traslativo todavía no había delimitado sus tierras y mucho menos había asignado superficie alguna a favor Vicente Martínez Escobar. Luego entonces, en la sesión verbal que refiere Pablo Martínez Cruz es ineficaz para transmitir superficie alguna respecto de superficie ejidal que controvierte ya que en ese entonces eran tierras de uso común y Vicente Martínez Escobar no tenía facultad alguna para transmitirla, es decir, dicho acto traslativo de dominio no tiene el alcance para transmitir a favor del actor los derechos agrarios respecto de la superficie que controvierte al tratarse de tierras destinadas al uso común. . En razón de 10 expuesto, se concluye que Pablo Martínez Cruz, antes de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, celebrada el once de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el ejido de Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México, no tenía un derecho legalmente adquirido de manera previa a ésta sobre la fracción de la parcela 223 que controvierte el mejor derecho a poseer, puesto que la cesión de derechos que refiere realizó manera verbal el once de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, como se dijo con anterioridad el origen de su posesión no es legítimo, toda vez que su padre no tenía la titularidad de dicha superficie para poder disponer de ella, toda vez que aún tenía, en carácter de tierras de uso común y por tanto era inalienable; asimismo dicha cesión es un acto afectado de nulidad, ya que no fue adquirido informe la legislación aplicable al caso concreto al momento en que afirma le fueron cedidos los derechos sobre la superficie mencionada, y derivado de la que Asamblea del ejido en mención realizó la delimitación y destino de sus tierras once de junio de mil novecientos noventa y cinco, se estaría contraviniendo el principio de indivisibilidad de la parcela. Por todas las causas referidas con antelación es el tribunal no puede conceder a la multicitada cesión de derechos el alcance ni el valor probatorio que pretende darle para acreditar el mejor derecho para el uso y disfrute de la superficie que controvierte y forma parte de la parcela 223 del ejido Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México Luego entonces, si en el presente procedimiento Mirna Martínez Cruz acredita ser titular de la parcela 223 la cual consta de una superficie total de 2-91- 46.850 hectáreas, con el certificado parcelario número 1042568 que se encuentra vigente y surtiendo todos los efectos legales, al no haber resultado procedente la acción de nulidad que ejerció Pablo Martínez Cruz; confrontando dicho certificado parcelario con la cesión de derechos verbal que manifiesta Pablo Martínez Cruz la cual como ya se dijo no tiene el efecto ni el alcance probatorio que le atribuye, en consecuencia se actualiza el primero de los supuestos por lo que resulta procedente reconocer a Mirna Martínez Cruz su mejor derecho a poseer y usufructuar las dos superficies descritas en el presente Considerando por formar parte de la parcela 223, ubicada en el ejido de Canalejas, municipio de Jilotepec, Estado de México. . En ese contexto se obtiene que el demandado Pablo Martínez Cruz, no acreditó tener un mejor derecho a la posesión y goce de la superficie que se le reclama a Mirna Martínez Cruz, lo anterior de conformidad los razonamientos y fundamentos legales ya expuestos: Por ende, no existe sustento para estudiar la procedencia de las prestaciones accesorias intentadas por Pablo Martínez Cruz, consistentes en que se conmine a Mirna Martínez Cruz a respetar la posesión de las dos hectáreas y media antes referidas; ello, dada la relación que guardan entre sí, lo que hace a las accesorias dependientes de la principal. . En consecuencia, se absuelve de dichas prestaciones a la reconvenida Mirna Martínez Cruz." De ahí que este órgano colegiado considere que la autoridad responsable, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues el titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinticuatro, por una parte, dejó insubsistente la sentencia reclamada, dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio agrario 1220/2017 de su estadística; y en lo restante, repuso el procedimiento a fin de requerir a Pablo Martínez Cruz, para que precisara las medidas y colindancias de la superficie de dos hectáreas y media de las que demandó el mejor derecho a poseer, resolviendo lo conducente respecto de dicha controversia, asimismo, por las razones anteriores es que las manifestaciones de la parte quejosa resultan inatendibles, pues la autoridad se ciñó a los lineamientos de la ejecutoria. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito no aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, pues únicamente llevó a cabo sus pronunciamientos en los términos destacados en la ejecutoria de amparo, como ya se destacó en párrafos previos. 5. Decisión. Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado considera que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria al dejar insubsistente la sentencia reclamada, dictó una nueva en la que siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, tal como se indicó en el apartado previo. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Medio de impugnación contra la presente resolución. Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones. Para los fines antes indicados, notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Manifestaciones. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que realiza las manifestaciones dentro del plazo previsto para ello, ténganse a la vista pues se tomaran en consideración al momento de emitir la resolución de cumplimiento. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo."

  4. Juicio de Amparo Directo

    Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de las constancias que ha remitido la autoridad responsable con las que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que, una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional de amparo dictará la resolución que en derecho corresponda, base en los elementos que obren en el expediente. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Comisiónese al actuario para que notifique a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia con que se pretende dar cumplimiento, en la inteligencia de que; si se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones en los autos del presente asunto, deberá constituirse en el mismo (reglas establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo) o, de lo contrario; deberá hacer de conocimiento a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General de referencia, la sentencia con la que se pretende dar cumplimiento quedará a su disposición en el área designada por el tribunal para la revisión de las listas de acuerdo y de sesión, esto es, en la entrada del piso que ocupa el órgano jurisdiccional (piso 4 del inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, número 784, Naucalpan de Juárez), pudiendo acudir sin cita previa.

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