Pablo Mario Escamilla García

Expediente 1325/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1325/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Pablo Mario Escamilla García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como en derecho corresponda el oficio el oficio 12489/2020 firmado electrónicamente por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que acepta la competencia para conocer del juicio de amparo número 1325/2020, formado con la demanda de amparo promovida por ********************; el cual registró con el número 934/2020-4 en tal virtud, archívese el presente cuadernillo como totalmente concluido, previas las anotaciones pertinentes que se hagan en el libro de Gobierno. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; entonces, una vez que transcurran cinco años contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio 5183/2020 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, así como el original del juicio de amparo 833/2019, relativo al amparo en revisión 333/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ''PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Luis Miguel Mercado González, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del toca penal 16/2018, derivado de la Carpeta de Investigación CP/0122/2018, del índice del Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con asiento en esta ciudad, al existir una infracción formal, para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente dicho acto. 2. Dicto uno nuevo, en la que resuelva el recurso de apelación sometido a su potestad, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prohíbe extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del medio de impugnación; y en ese sentido, por una parte, desestime por inoperantes los agravios en los que la Representación Social introduce la denuncia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho formulada por la víctima, dado que no fue ofrecida como dato de prueba en la formulación de acusación y solicitud de vinculación a proceso, y en otra, examine el resto de los disensos, precisando, en forma fundada y motivada, si logran destruir lo resulto por el Juez de Control para desestimar la entrevista de José Bartolo Olivares de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que se centró el tema de la probable participación del quejoso en los hechos delictivos''. En consecuencia, acúsese recibo; agréguese el testimonio de referencia al expediente original que se recibe, así como el cuadernillo que se formó en ausencia del mismo, únicamente las constancias originales, dado que las restantes copias certificadas corren agregadas a los presentes autos. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de mérito, para los efectos legales procedentes..requiérase a la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores jerárquicos. Finalmente, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se invita a las partes, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente...Notifíquese; personalmente al quejoso y al tercero interesado J.F.B.T. por conducto de su Asesor Jurídico, privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio al diverso tercero interesado.

  3. Principal

    VISTA la demanda de amparo firmada electrónicamente por promovida por PABLO MARIO ESCAMILLA GARCÍA, en contra de actos de la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1325/2020. INCOMPETENCIA. Ahora bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Cabe decir que de acuerdo con lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecuta, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado, o en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. En dicha disposición se encuentra establecida la competencia constitucional de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo. Además, la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 49 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia; por lo que, el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. De igual manera, deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito con antelación derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado, y sus consecuencias, así como ante quien se presentó la demanda. Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Victoria, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, atendiendo a las siguientes consideraciones; es decir, que el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "Ordenadora. Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en calle Sinaloa 1035, colonia Rodríguez 88630 Reynosa, Tamaulipas." "ACTO RECLAMADO.- El dejar de desahogar pruebas confesional y de inspección ocular ofrecidas por la parte demandada y admitidas mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2020, dentro del expediente 780/2019". Asimismo, la quejosa refiere que presentó demanda laboral en contra del tercero interesado reclamando prima de antigüedad y otras cuestiones laborales; el diecisiete de febrero de dos mil veinte se celebró audiencia de ofrecimiento de pruebas, con la comparecencia de las partes, quienes ofrecieron las de su intención, entre ellas confesional de la parte actora e inspecciones oculares sobre listas de asistencia y controles y nóminas del actor, sin que se hayan desahogado. Bajo este contexto, es claro que se actualiza la primera hipótesis de competencia prevista en el arábigo 37 de la Ley de Amparo, esto es, es competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecutó el acto reclamado, en el caso, dentro de la Jurisdicción de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas y, por ende, en razón del territorio, este tribunal federal es legalmente incompetente para conocer de la demanda de cuenta. Lo anterior, considerando que la quejosa reclama la falta del desahogo de las pruebas confesional y de inspección ocular, dentro del expediente 780/2019, del índice de la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en dicha ciudad. Luego, es claro que el acto reclamado tendrá su ejecución en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pues ahí en donde se llevará a cabo el desahogo de dichos medios de convicción, ordenados por la citada autoridad responsable con residencia en esa ciudad; de ahí que se surte la hipótesis que provee el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se ejecutará el acto que en esta vía se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; atenta a la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Jurisdiccionales en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto, y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo promovida por PABLO MARIO ESCAMILLA GARCÍA, remítase vía oficio el escrito original de la demanda de amparo, comunicando la presente determinación al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, a quien a su vez se le solicita, de no existir inconveniente alguno, que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, conforme a sus atribuciones legales determine si acepta o no el conocimiento del asunto en mención y lo comunique a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 49, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que se solicita, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra en ninguna de la hipótesis que establece el artículo 22 de la Constitución Federal y 126 de la Ley de Amparo. A fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Toda vez que la parte quejosa señala un correo electrónico personal en su demanda de cuenta, en términos del artículo 2, fracción XIX, del multicitado Acuerdo General 13/2020, se tiene por señalado éste, a fin de entablar comunicación de estimarse procedente. En tal virtud, por esta ocasión, se ordena notificar el presente acuerdo de manera personal al promovente, a través del correo electrónico personal que señala, debiendo el actuario asentar el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica; y por correo electrónico a la parte quejosa.

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