Pablo Manuel Martínez Martínez

Expediente 72/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
72/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Pablo Manuel Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. . Atento a lo anterior, con copia del oficio de cuenta y anexo que le acompaña, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DÉSE VISTA a la parte quejosa, para qué dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. APERCIBIMIENTO Se le apercibe qué de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, este juzgador resolverá lo conducente, con las constancias que obren en el sumario. . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de firma del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, que contiene el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 38/2021-III, de su índice, en el que informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia del juicio en que se actúa mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se tiene al juzgado oficiante informando lo indicado, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se declinó competencia para conocer del presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; en razón de ello, el presente juicio se remitió vía interconexión al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, como se aprecia del acuse con número de folio de envío 1974134. Sin embargo, de autos no se advierte que dicho órgano jurisdiccional se haya pronunciado respecto de la competencia declinada a su favor. En consecuencia, se solicita de la manera más atenta al juzgado referido en líneas anteriores, se sirva informar lo conducente respecto de la competencia planteada a su favor; o bien, si aceptó dicha competencia, a efecto de que este juzgado federal se encuentre en posibilidad de ordenar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos el correo con remitente sileasociados@gmail.com, señalado por la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, como medio de comunicación; por medio del cual, Noemí del Carmen Siles Vega, autorizada de la parte quejosa, solicita se le informe si ya fue aceptada la competencia del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el correo referido, para que obre como corresponda, sin acordar mayor proveído, toda vez que en auto de veintidós de enero pasado, y dada la incompetencia planteada por este juzgado federal, únicamente se tuvo a los autorizados de la parte quejosa, para el único efecto de oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el período del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente, en sesión de ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Asimismo, en sesión de dieciséis de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, multicitado. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. En relatadas circunstancias téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pablo Manuel Martínez Martínez, por derecho propio, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 72/2021, y dese de alta en el sistema correspondiente. PRESUPUESTO PROCESAL DE COMPETENCIA Del análisis integral de la demanda y anexo, se advierte que la suscrita Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto; lo anterior, en conformidad con las razones que a continuación se exponen. Por cuestión de orden, debe observarse que en materia jurisdiccional, la competencia es la facultad que tiene un juez para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en los artículos 48 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Respecto de la competencia por territorio, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior trascripción, se conoce, esencialmente, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Con base en lo anteriores supuestos, puede establecerse que: 1) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: El acto aún no ha sido ejecutado; y, b) En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos habrán de tener ejecución en ese lugar e indudablemente se ejecutarán dentro de esa jurisdicción, tal y como se establece en la tesis que refiere: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. 2) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquél donde iniciaron o realizaron actos con la finalidad de consumarla, pero sin que se haya ejecutado en su totalidad, al no haber sido posible producir o culminar los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3) En donde se esté ejecutando, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda; y, 4) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción, supuesto que puede dar cabida a dos tipos de actos con base a sus efectos, a saber: a) Actos de tracto sucesivo: que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. b) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda que se provee, se advierte que el promovente señala como acto reclamado los siguientes: a) La omisión de incluir a las personas físicas o morales el sector privado que prestan servicios de salud de la etapa 1 de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector, de once de enero de dos mil veintiuno, que considera los trabajadores de salud del sector público con atención directa de pacientes COVID-19, como el grupo prioritario para recibir la vacuna; circunstancia que genera una condición excluyente para el sector privado que presta servicios de salud, te pone en riesgo a la salud y la vida del quejoso. b) La negativa, de manera verbal, de aplicar al quejoso la primera dosis de la vacuna COVID-19 Pfizer/Biontech contra el virus SARS-CoV-2, En el 23 batallón de la Guardia Nacional, denominado el Chivatito, por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y/o Guardia Nacional, encargadas de distribuir y aplicar la vacuna; lo que se traduce en el incumplimiento del deber de todas las autoridades mexicanas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como lo de la salud y la vida, de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad; pues una forma de garantizar el derecho a la salud consiste en aplicar políticas destinadas a proteger la integridad del sistema de salud la infraestructura para la continuidad de los servicios esenciales en el contexto de la pandemia Covid19, a través de la vacunación de los trabajadores de la salud de todos los niveles de atención. c) El acto discriminatorio de la política nacional de vacunación contra el virus "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector", que sólo contempló en la etapa uno a los trabajadores del sector público de la salud, a pesar de que, tanto el sector público como privado, se ubican en una situación análoga o notablemente similar (.) d) El menoscabo del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1 constitucional, en el sentido de que la Secretaría de Salud, al emitir en la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector" y según trata diferencia de los trabajadores del sector público frente al privado de la salud y en lo que ambos sectores forman parte del Sistema Nacional de Salud. e) El incumplimiento de favorecer la protección más amplia del derecho a la salud de los trabajadores de salud de todos los niveles de atención, específicamente aquellos que forman parte del sector privado, ante la omisión de la Secretaría de salud incluirlos en etapa 1 de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector". Ahora bien, de una revisión a las documentales exhibidas en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso exhibe copia del gafete con el que acredita ser el médico en la Clínica Materno Quirúrgico Nezahualcoyotl, Texcoco, con domicilio en Nezahualcóyotl 405, colonia San Juanito, Texcoco, Estado de México, en relación a lo anterior, manifiesta ser el Subdirector Médico de dicha clínica, por otro lado, con la identificación de su identificación expedida por el Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral, con clave de elector MRMRPB79081315H600, se aprecia que tiene su domicilio en el Estado de México. De lo anterior se infiere, que el acto tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, al residir y laborar en el Estado de México, en ese sentido, y dado que los actos que por esta vía reclama el promovente tendrán ejecución fuera de la jurisdicción de esta juzgadora, se considera que es un Juez de Distrito de las entidades indicadas anteriormente, quien debe de conocer del presente asunto. De las razones expuestas, esta juzgadora, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima carecer de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo, la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Del criterio transcrito, se observa que la regla general para determinar la competencia es la ejecución del acto reclamado, lo cual es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado, aunque el domicilio de la autoridad responsable se encuentra en la jurisdicción de otro Juez. INCOMPETENCIA Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ESTA JUZGADORA DECLINA SU COMPETENCIA y ordena remitir vía interconexión el expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Pablo Manuel Martínez Martínez, por propio derecho, al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, a quien se solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN Por otra parte, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, procede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Del precepto legal transcrito se conoce que, procede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De la lectura de la demanda se aprecia que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de incluir a las personas físicas o morales el sector privado que prestan servicios de salud de la etapa 1 de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector, de once de enero de dos mil veintiuno, que considera los trabajadores de salud del sector público con atención directa de pacientes COVID-19, como el grupo prioritario para recibir la vacuna; circunstancia que genera una condición excluyente para el sector privado que presta servicios de salud, te pone en riesgo a la salud y la vida del quejoso. b) La negativa, de manera verbal, de aplicar al quejoso la primera dosis de la vacuna COVID-19 Pfizer/Biontech contra el virus SARS-CoV-2, En el 23 batallón de la Guardia Nacional, denominado el Chivatito, por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y/o Guardia Nacional, encargadas de distribuir y aplicar la vacuna; lo que se traduce en el incumplimiento del deber de todas las autoridades mexicanas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como lo de la salud y la vida, de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad; pues una forma de garantizar el derecho a la salud consiste en aplicar políticas destinadas a proteger la integridad del sistema de salud la infraestructura para la continuidad de los servicios esenciales en el contexto de la pandemia Covid19, a través de la vacunación de los trabajadores de la salud de todos los niveles de atención. c) El acto discriminatorio de la política nacional de vacunación contra el virus "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector", que sólo contempló en la etapa uno a los trabajadores del sector público de la salud, a pesar de que, tanto el sector público como privado, se ubican en una situación análoga o notablemente similar (.) d) El menoscabo del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1 constitucional, en el sentido de que la Secretaría de Salud, al emitir en la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector" y según trata diferencia de los trabajadores del sector público frente al privado de la salud y en lo que ambos sectores forman parte del Sistema Nacional de Salud. e) El incumplimiento de favorecer la protección más amplia del derecho a la salud de los trabajadores de salud de todos los niveles de atención, específicamente aquellos que forman parte del sector privado, ante la omisión de la Secretaría de salud incluirlos en etapa 1 de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector". Y que solicitó la suspensión de plano del acto reclamado para el siguiente efecto: (.) Se decrete la suspensión de plano del acto reclamado, para efecto de qué se ordene a las autoridades responsables: - La inaplicación en favor del quejoso de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector", que excluyó de la etapa 1 de vacunación al sector privado el Sistema Nacional de Salud, del cual forma parte del suscrito, por considerarse una medida que violenta el derecho humano a la no discriminación, vinculada al derecho humano a la salud y, por ende, a la vida. - La adopción de las medidas que fueran necesarias para hacer efectivo el derecho humano a la salud; atendiendo a cabalidad el documento denominado "Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19, elaborado el diez de julio de dos mil veinte, por la organización Panamericana de la Salud, particularmente, en lo referente a los apartados: "metas de vacunación", "recomendaciones técnicas", "definición de grupos objetivos y metas", "acceso y distribución de la vacuna" y "organización y coordinación". Toda vez que, Conforme a dicho programa de vacunación, se estableció que el primer objetivo es el de proteger la integridad del sistema de salud y la infraestructura para la continuidad de los servicios esenciales, a través de la vacunación de los trabajadores de la salud de todos los niveles de atención. Con fundamento en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -Suministrar al quejoso la vacuna contra la enfermedad COVID-19, considerando en todo momento que forma parte del grupo prioritario consistente en los trabajadores de salud de todos los niveles de atención y de otros servicios esenciales establecidos en el país. Esta juzgadora advierte que mediante el otorgamiento de la suspensión de plano, se afectaría el interés social y se contravendría el orden público; y en cambio, la apariencia del buen derecho de la parte quejosa, si bien se acredita, merece menor ponderación. Lo anterior se decide así, pues en caso de que se ordenara a las autoridades responsables la inaplicación de la Política Nacional de Vacunación, como ha sido establecida y la modificación de ésta, conforme a las recomendaciones de las Organizaciones Internacionales de la Salud, así como que se adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho humano a la salud, para que el quejoso pueda ser vacunado, podría producirse la privación a la colectividad médica de primera línea de atención al Covid-19, conforme al calendario establecido por la Secretaría de Salud. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 254979, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION. No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad. Así como la Jurisprudencia 8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo el número de Registro 805484, que señala: SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En efecto, la Política Nacional de Vacunación, tiene por objeto, contar con una estrategia de vacunación escalonada. Ahora bien, es importante traer a colación que el once de enero de dos mil veintiuno, el Gobierno Federal, publicó la "POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO", en la cual se estableció una estrategia de vacunación que se prevé consistirá en cinco etapas, a fin de que la población sea vacunada. En ese sentido, en el apartado "Estrategia de vacunación: Etapas y Logística" del Plan Nacional antes mencionado, se desprende que la etapa 1, comenzó en diciembre de dos mil veinte y fenecerá en febrero del año en curso, asimismo, el gobierno federal alude que ésta será la etapa de vacunación más complicada, y que está contemplada para el personal de salud de primera línea de control de la COVID-19, esto es, aquellos trabajadores de salud del sector público con atención directa de pacientes COVID. Lo anterior se advierte del siguiente esquema señalado como "Figura 2" que obra en el Plan Nacional de Vacunación multicitado, el cual se digitaliza para mejor conocimiento. De lo relatado se advierte que, de otorgarse la suspensión para el efecto de la inaplicación de la "Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" a fin de que el quejoso reciba la vacunación antes que incluso el servicio médico que se encuentra en primera línea, definiendo como "médicos de primera línea" a aquellos que se encuentran en atención directa con pacientes COVID, sería contravenir la estrategia de vacunación nacional como ha sido establecida, y podría producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ya que esta tiene por objeto, contar con una estrategia de vacunación escalonada, máxime que si bien se advierte que el quejoso es médico, también lo es que de sus manifestaciones y los elementos que aportó a esta juzgadora decidiera sobre el asunto, no se advierte que la parte quejosa atienda personas con COVID-19, o se encuentre en la primera línea de combate de esta enfermedad. Por lo tanto, NO se cumple en la especie con el requisito establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, y en consecuencia es improcedente el otorgamiento de la medida cautelar. MEDIDA CAUTELAR Por lo tanto, NO se cumple en la especie con el requisito establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por ello, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO solicitada por Pablo Manuel Martínez Martínez, en relación con suministrar al quejoso la vacuna contra la enfermedad COVID-19. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del domicilio y autorizados que señala la quejosa, en virtud de la presente declaración de incompetencia. No obstante lo anterior, se tiene por autorizadas a las personas que indica para oír y recibir notificaciones, así como por señalado el correo electrónico sileasociados@gmail.com, que indica para los efectos que precisa. Se exhorta a la parte quejosa a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá proporcionar algún correo electrónico o bien solicitar su usuario respectivo. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. Por otro lado, de conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juez determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE; VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el Secretario Ramón Vásquez Albores, que autoriza y da fe. Doy fe.

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