Pablo Manuel Cuxim Perera
Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Manuel Cuxim Perera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 121/2023-V-B, promovido por PABLO MANUEL CUXIM PERERA, en contra del acto que reclama de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PABLO MANUEL CUXIM PERERA en contra de los actos que reclamó de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 121/2023-V-B, promovido por PABLO MANUEL CUXIM PERERA, en contra del acto que reclama de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PABLO MANUEL CUXIM PERERA en contra de los actos que reclamó de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por ****, representante especial del menor de edad de identidad reservada *** recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que efectúa en vía de alegatos y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por Pablo Manuel Cuxim Perera, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: El acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, que contiene las medidas de protección del menor de edad de identidad reservada P.L.C.B. en el expedientillo 3/2023. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. TERCERA. Pronunciamiento de la medida cautelar. Al respecto, en relación al acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del expedientillo 3/2023, en el que se dictan las medidas de protección del menor de edad de identidad reservada P.L.C.B., debe tenerse en cuenta la naturaleza del mismo, el cual, en la especie, se trata de un acto consumado con efectos positivos que se atribuye a la autoridad responsable, por lo que si bien ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA peticionada respecto al dictado del acuerdo, debido a que ya fue emitida por la Juez responsable, por lo que en su contra, resulta improcedente conceder la suspensión, pues dada la naturaleza del acto reclamado, la restitución de sus efectos son propios de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente. Es aplicable la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/37, visible en la página 51, del Tomo 60 del mes de diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el rubro: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Sin embargo, respecto de los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, cabe hacer las siguientes acotaciones: Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales están descritas en el artículo 128 de la Ley de Amparo y consisten en las siguientes: a. Que la solicite el quejoso; y, b. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionados en el presente asunto dos menores, lo previsto en la fracción VIII, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "... "VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Y de conformidad con el párrafo final del numeral mencionado: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió. De manera que si el aquí quejoso Pablo Manuel Cuxim Perera, solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos, como en éste, en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación de menores de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de los menores. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: "Artículo 9 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." En congruencia a esas disposiciones, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y la tercero interesada, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para la menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, si en el caso concreto, el acto reclamado consiste esencialmente en el acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del expedientillo 3/2023, en el que la Jueza responsable dictó diversas medidas de protección del menor de edad de identidad reservada P.L.C.B., entre las cuales se encuentra la entrega de éste a su madre, así como la suspensión de la comunicación y régimen de convivencia con el aquí peticionario del amparo; es menester señalar que el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, es preciso y contundente en establecer que las órdenes o medidas de protección dictadas en los términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o judicial no serán objeto de suspensión. Por lo que resulta jurídicamente válido afirmar que únicamente deben satisfacerse los dos requisitos ahí contenidos a fin de que opere la restricción enunciada; lo cual se considera actualizado. En el caso, es posible afirmar que las medidas de protección reclamadas fueron emitidas conforme a la legislación aplicable, pues de los antecedentes enunciados por el propio quejoso, es posible advertir que los hechos que motivaron a la autoridad judicial responsable a emitir las medidas de protección reclamadas, son de naturaleza civil, mismas que se encuentran contenidas dentro del expediente 03/2023, por lo que el dictado de éstas debía encontrar fundamento en la legislación de la materia, en el caso el artículo 80 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Por su parte, también se encuentra satisfecho el segundo de los requisitos estipulados, pues tal como se advierte del propio escrito de demanda de amparo, la autoridad responsable de la emisión de las medidas de protección reclamadas, lo es la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, quien al caso resulta ser una autoridad judicial. En esas condiciones, es más que evidente que se encuentra actualizado el supuesto de excepción para la concesión de la suspensión, mismo que está previsto en el párrafo quinto del numeral 128 de la Ley de Amparo y, por ende, resulta procedente negar al quejoso la suspensión definitiva del referido acto reclamado, en la parte relativa a la entrega del menor a su progenitora; ya que dicha cuestión se encuentra consumada y de restituir al quejoso en el goce del derecho que dice le fue violentado, dejaría sin materia el fondo del asunto, aunado a que podría contravenirse el interés superior del menor. No obstante lo anterior, atendiendo a que en el caso se encuentra un menor involucrado y que la responsable negó toda convivencia de éste con su progenitor, aquí quejoso, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor del menor, cabe hacer las siguientes acotaciones: En el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionado en el presente asunto dos menores, lo previsto en la fracción VIII, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "...VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Y de conformidad con el párrafo final del numeral mencionado: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." En ese sentido, ponderando la existencia de las medidas de protección decretadas por la responsable, que el menor de identidad reservada por el momento se encuentra con su madre, así como que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse tomando en consideración el principio básico del interés superior de la niñez, quienes, entre otros, tienen el derecho de convivir con sus padres, como lo disponen los artículos 9, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 322, 325 y 326 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, a fin de no defraudar los derechos del menor de identidad reservada P.C.L.B. y en protección a su interés superior, con fundamento en el artículo 129 fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, lo legalmente procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la Jueza Sexto de Oralidad Familiar responsable, a la brevedad, implemente un régimen de convivencia entre el menor aquí quejoso y su progenitor, que considere que no ponga en peligro al menor, por lo que podrá ser mediante videollamada o de forma supervisada presencialmente, hasta en tanto se resuelve lo relativo a la suspensión definitiva que también se solicita, toda vez que la convivencia es un derecho del menor a tener contacto con sus progenitores, que sólo de estar amplia y debidamente justificado puede limitarse ese derecho, al tratarse de una restricción, que por el momento, dada la provisionalidad de la medida, no se observa una justificación reforzada. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Pablo Manuel Cuxim Perera, la suspensión definitiva del acto que reclamó de la autoridad responsable Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.
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