Pablo Luis Rojas Pérez

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Pablo Luis Rojas Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. AVISO DE SUSTITUCIÓN. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de catorce de junio de dos mil veintitrés aprobó la designación de Álvaro Licona Martínez, secretario en funciones de Juez, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en sustitución de la Jueza Bertha Patricia Orozco Hernández, con efectos a partir del dieciséis al treinta de junio de dos mil veintitrés; en atención a lo informado mediante oficio SEADS/1505/2023, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. CAUSA ESTADO. Visto el estado de los autos, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes interpusieran algún recurso contra el mismo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12, primer párrafo, y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio de amparo, respecto de todos los actos reclamados....IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Téngase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo; rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, vistas las constancias remitidas y el estado que guardan los autos, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto Lo anterior, porque en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) Por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) Por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que el acto que en concreto reclama el quejoso, es la omisión de las autoridades responsables de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ***, así como su notificación, con lo que se vulnera su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17, de la Ley de Amparo. Luego, del oficio de cuenta se advierte que las autoridades responsables han cumplido con el numeral 17, de la Constitución Federal, al ya no existir la omisión reclamada por el quejoso, porque el ocho de mayo pasado se emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral ***, mismo que ya fue notificado a cada una de las partes que integran el procedimiento natural, tal y como lo acreditan las constancias remitidas. En ese sentido, si el origen del juicio de derechos fundamentales que nos ocupa, fue por la omisión de las responsables de dictar el laudo y a su vez notificarlo; por tanto es evidente que los efectos de la omisión reclamada han cesado. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO PRÓXIMO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....IV

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. REMITE CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la delegada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo de la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, remite el memorándum 130201200200/DIR/0498/2023 de veintiséis de abril del año en curso. En consecuencia, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. SE REQUIERE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MANERA MENSUAL. Se requiere al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, para que, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de manera mensual, término que empezará a computarse a partir de que surta efectos la presente notificación. Se apercibe a la responsable en cita que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de la omisión sancionada, en términos de los numerales 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y la consignación.VIII

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