Pablo Luis Ramírez Tlayeca
Expediente 1135/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2020
Partes del expediente
- Pablo Luis Ramírez Tlayeca
Actuaciones
- Principal
L. 8. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Torreón, Coahuila, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Consecuentemente, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. No obstante, se requiere a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Torreón, Coahuila, para que en el plazo de tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en específico a los puntos 2 y 3 *** Por ende, subsiste el apercibimiento contenido en acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, que se reitera en este momento. Notifíquese.
- Principal
5) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE DICE(N): Acuerdo y/o motivación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este Juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Señala además que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De conformidad con los artículos 1, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La SCJN ha establecido que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellos entes que por disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la SCJN ha establecido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b.- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c.- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. La Segunda Sala de la SCJN al resolver la contradicción de tesis *, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1. Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen de autoridades que no reúnan las notas distintivas establecidas por la SCJN. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, la orden de corte de suministro de energía eléctrica, respecto del número de servicio RPU: *, con número de medidor *, y con (Registro Móvil de Usuario) RMU: *. La Segunda Sala de la SCJN, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, en sesión de 13 de mayo de 2015, abandonó la tesis de que los contratos de suministro de energía eléctrica eran de naturaleza administrativa y, en una nueva reflexión, sostuvo que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Así quedó plasmado en la tesis con número de registro 2009410. Congruente con ese criterio, en una jurisprudencia posterior dicha Sala determinó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del amparo, cuando se trate de actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. En tal sentido, la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, no es autoridad para efectos del juicio de amparo tratándose de la orden de corte de suministro de energía eléctrica, respecto del número de servicio RPU: *, con número de medidor *, y con (Registro Móvil de Usuario) RMU: *, toda vez que su origen es un acuerdo de voluntades [contrato de servicio de energía eléctrica] donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, lo que supone que se recurra a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Ergo, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el usuario del servicio, es decir, a un mero acto de naturaleza comercial. En consecuencia, orden de corte de suministro de energía eléctrica, respecto del número de servicio RPU: *, con número de medidor *, y con (Registro Móvil de Usuario) RMU: *, no genera que la relación de coordinación se transforme en una relación de supra a subordinación, ya que sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, no es de autoridad para efectos del amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclaman actos en relación con los cuales existe criterio de la SCJN que define el tema planteado. Máxime si se considera que contra los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en exclusiva, procede el recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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5) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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