Pablo López Velasco y Otros.
Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 114 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 114
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo López Velasco y Otros.
- Pablo López Velasco
- Jacinto Morales Hernández y Otros.
- Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de SAnta María Peñoles, Oaxaca
- Jacinto Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 114.
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"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado acusa recibo e informa que admitió revisión. Agréguese a los autos el oficio firmado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, por medio del cual: a) acusa de recibo del diverso oficio por medio del cual se le remitieron los autos originales de este juicio de amparo y sus anexos; asimismo, b) informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual radicó con el número ********************, de su estadística; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. Se remite recurso de revisión a Tribunal Colegiado. Vistos los autos y advirtiéndose que la parte quejosa, agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y autoridades responsables, quedaron notificadas del acuerdo de seis de diciembre del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, tal como se advierte de las constancias que obran en el expediente. Por tanto, queda integrado el expediente y, en cumplimiento con lo ordenado en el referido proveído, se remite al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Para ello, se instruye al actuario proceda a realizar el depósito del oficio respectivo y anexos en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que se acompaña: 1) el juicio de amparo en que se actúa (en tres tomos), 2) el escrito de agravio firmado por el quejoso, 3) copia del mismo que corresponde al agente del Ministerio Público del Tribunal que conozca del citado recurso y 4) ocho cuadernos de pruebas. Notifíquese por lista electrónica.
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"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, en su carácter de quejoso, por medio del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha parte quejosa interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia engrosada el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento de los actos reclamados en este juicio de amparo; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de interposición del recurso. En su oportunidad, remítase el original del escrito de expresión de agravios, original de este juicio de amparo (tres tomos) y sus anexos. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido por la licenciada Natividad Santiago Ruiz, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
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notificación a la parte quejosa en razón de no acudir a notificarse pese dejara aviso.- RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. * * * * * * por su propio derecho y como titulares de un interés colectivo por pertenecer al núcleo comunal de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el doce de abril de dos mil dieciocho, turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA. DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SANTA MARÍA PEÑOLES. ACTOS RECLAMADOS: "a) LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, mediante la cual se resuelve el conflicto de tierras comunales del poblado de Santa María Peñoles, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro. b) La violación al derecho de consulta que tienen reconocidos los Pueblos Indígenas (DEBIDO PROCESO). c) La violación al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado" De la responsable denominado ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO VEINTIUNO, reclamamos la INDEBIDA EJECUCIÓN DE DICHA SENTENCIA, por cuanto a que no se ajustó a la descripción limítrofe que señala la sentencia de mérito, afectándonos aproximadamente * * * * * * hectáreas de terrenos que no estaban en conflicto, como lo probaremos en la secuela del procedimiento." Narraron los antecedentes de los actos reclamados e invocaron como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, apartado B, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. a) Por auto de trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 104 a 106), se radico la demanda de amparo, bajo el registro 353/2018 y se previno a la parte quejosa para que aclarara los actos reclamados. b) Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 109 a 112), se tuvo a los quejosos aclarando que promovían la demanda de amparo por propio derecho y como titulares de un interés colectivo; asimismo, expusieron que también señalan como actos reclamados: "a) Ordenar a la comunidad de Santa María Peñoles se abstenga de invadir o desterrar a los suscritos de las tierras que tenemos en posesión. b) Implementar medidas efectivas para prevenir cualquier tipo de altercado entre autoridades o habitante de la comunidad de Santa María Peñoles y Santiago Tlazoyaltepec, hasta en tanto su señoría adopte una decisión sobre el fondo del asunto asociado a esta solicitud de medidas cautelares; c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los habitantes de Santa María Peñoles y Santiago Tlazoyaltepec.". Los cuales les atribuyen a las siguientes autoridades: Presidente Municipal. Síndico Municipal. Comisariado de Bienes Comunales. Todos de Santa María Peñoles, Oaxaca. Por ello, se les requirió para que exhibieran los documentos con los que se acredite la representación legal del núcleo de población ejidal. c) En acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 123 a 127), se acordó el escrito de los solicitantes de amparo en el cual contestaron que la demanda la promovían por propio derecho y como titulares de un interés colectivo (acuden en defensa de los derechos de la colectividad a la que pertenecen, núcleo comunal de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca); por lo cual, previo análisis, se desechó la demanda planteada. d) Inconformes con esa determinación, hicieron valer el recurso de queja, el cual fue resuelto por los magistrados integrantes del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el cual se declaró fundado. e) En cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 159 a 164), este órgano jurisdiccional, concedió la suspensión de plano por los actos reclamados, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se otorgó la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 23/2018, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ya que el acto reclamado tiene ejecución en este Distrito Judicial. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, así como los escritos de aclaración, se aprecia que los quejosos Pablo López Velasco y Jacinto Morales Hernández, por su propio derecho y como titulares de un interés colectivo por pertenecer al núcleo comunal de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca, señalaron como acto reclamado la resolución presidencial de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres. Ahora, la parte quejosa en el apartado de actos reclamados también señala la violación al derecho de consulta que tienen reconocidos los pueblos indígenas, así como la violación al derecho de propiedad y posesión de tierras; sin embargo, ello no significa que necesariamente deba tenerse como actos reclamados destacados, sino que constituyen conceptos de violación, ya que las violaciones que alegan están vinculadas con la vulneración a un derecho fundamental de las personas indígenas. Por tanto, dichas manifestaciones más que constituir un acto reclamado, se trata de un vicio, irregularidad o ilegalidad atribuida a las responsables; lo cual tendrá que ser objeto de análisis, en su caso, al analizarse la procedencia del juicio o el fondo del asunto. En tanto que del 3) Presidente Municipal, 4) Síndico Municipal y 5) Comisariado de Bienes Comunales, todos de Santa María Peñoles, Oaxaca, reclaman: La invasión y destierro de las tierras que la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca tienen en posesión. La demolición de tanques de agua, que se encuentran en esa comunidad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los representantes del Comisariado, Secretario y Tesorero de Bienes Comunales de Santa Mará Peñoles, Oaxaca (foja 237), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. El presidente y Síndico Municipal de Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca (foja 308), al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que los quejosos hubieren aportado alguna prueba en contrario que desvirtuara dicha negativa. Por consiguiente, procede sobreseer, en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro 1002350, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien a su vez representa al Presidente de la Republica, al rendir su informe justificado (fojas 311 a 315) aceptó la existencia del acto reclamado. La directora de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, negó la existencia del acto reclamado ya que adujo que no localizó registro de la resolución presidencial de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres; sin embargo, esa negativa se desvirtúa con lo manifestado por directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de los que se aprecia que si se emitió la resolución de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres. De ahí que se tienen por ciertos los actos reclamados atribuidos a dichas autoridades. QUINTO. Causales de improcedencia. En el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que los quejosos carecen de interés jurídico y legítimo para promover este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es pertinente hacer un breve relato de los siguientes antecedentes del acto reclamado. 1. Resolución presidencial. El diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos dictó resolución en el expediente sobre conflicto de tierras comunales suscitado entre el poblado de Santa María Peñoles, Municipio del mismo nombre, ex Distrito de Etla, Oaxaca, con otros pueblos circunvecinos (fojas 37 a 39, tomo I). En el punto resolutivo segundo de esa resolución presidencial, se determinó confirmar como propiedad comunal del poblado de Santa María Peñoles, una superficie de * * * * * * hectáreas. 2. Juicio agrario. El diez de mayo de dos mil dieciséis, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Peñoles, Municipio del mismo nombre, Distrito de Etla, Oaxaca, demandaron de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, municipio del mismo nombre, Etla, Oaxaca, el reconocimiento y respeto a la línea limítrofe entre ambas comunidades (fojas 1548 a 1550, tomo II). De dicho asunto correspondió conocer al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, donde se radicó bajo el número de juicio * * * * * * Mediante escrito fechado el uno de junio de dos mil diecisiete, el órgano de representación legal de la Comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, municipio del mismo nombre, Etla, Oaxaca, esto es, el comisariado de bienes comunales, dio contestación a la demanda (fojas 1559 a 1570, tomo III). En acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a pesar de haberse turnado los autos para dictar sentencia, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario estimó necesario allegarse de otros medios de prueba (fojas 1588 reverso y 1589, tomo III). En diverso acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se realizaron las gestiones para el perfeccionamiento de la prueba pericial en materia topografía; y, el veinticuatro de agosto siguiente se requirió la designación de un perito que coadyuve en el desahogo de la citada probanza. Estado que actualmente guarda el juicio agrario, según las constancias que obran en autos y en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Ahora bien, en el escrito inicial de demanda, así como en los diversos escritos aclaratorios, los quejosos manifiestan que: I.- Comparecen por derecho propio y como titulares de un interés colectivo por pertenecer al núcleo comunal de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca; inclusive, hacen referencia a que la resolución presidencial reclamada viola derechos de los pueblos indígenas de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado. Sostienen que debido a su calidad de comuneros de la Comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca, cuentan con interés jurídico y legítimo para acudir al juicio de amparo, pues consideran estar ante la defensa de derechos colectivos. II.- Exponen que en asamblea celebrada el veintiuno de enero de dos mil dieciocho, les hicieron saber que existe un conflicto por razón de límites con la comunidad de Santa María Peñoles. III. Exponen que combaten la resolución presidencial de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, en atención a que no se tomó en cuenta a la comunidad que pertenecen para fijar los puntos de colindancia que se establecen en dicha resolución, por lo cual, consideran, no se respetó el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a la consulta libre, previa e informada que tienen por formar parte de una comunidad indígena. Precisado lo anterior, como se adelantó, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la ley. A su vez, el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo solo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. También de los artículos transcritos se infiere que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: 1) La que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y 2) La que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), es requisito indispensable que quien promueva el juicio de amparo sea la parte que resienta el agravio causado por el acto de autoridad, es decir, que la lesión de la autoridad sea personal y directa o en el caso del interés legítimo, contar un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados; por tanto, en el primer caso es indispensable demostrar que tal afectación es directa en los derechos del quejoso y en la segunda, es indefectible para acreditar la titularidad del interés legítimo que se acredita la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, conforme a su "especial situación frente al orden jurídico" cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Pues de no ser así, no se evidenciaría el modo en que la reclamación le beneficia ni cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, derivando en un control de legalidad abstracto sobre un acto, sin lograr un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Encuentra sustento lo anterior, la jurisprudencia número P . / J . 50 / 2014 ( 10 a . ), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007921, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Además, conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5 de la ley de la materia, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En otras palabras, el promovente debe demostrar al juez constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en sus derechos, en caso contrario, el juicio sería improcedente por aplicación de la condición prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, lo que daría lugar a su sobreseimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII . 1 o .( VIII Región ) J / 4 ( 10 a .), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página mil ochocientos siete , Libro XIX , Abril de 2013 , Tomo 3 , Décima Época , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , registro 2003293 , que establece: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En el caso, los quejosos carecen de interés jurídico y legítimo para acudir a este juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación. En primer término, desde el ámbito del derecho agrario, los quejosos no cuentan con legitimación para promover juicio de amparo a favor del núcleo agrario al que pertenecen. Ello, es así ya que el artículo 27, fracción VII, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Art. 27.- . La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: . VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. . La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. .". En tanto que los artículos 32 y 33 y 99, de la Ley Agraria, los que establecen: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como puede advertirse, el legislador fue puntual al prever que la representación de los ejidos y comunidades, incluso con facultades propias de un apoderado general para pleitos y cobranzas, recae única y exclusivamente en el comisariado ejidal o en el comisariado de bienes comunales, según el caso, no así en algún otro órgano del ejido ni en los integrantes del núcleo agrario en lo particular. Pues estimar lo contrario, implicaría restarle al comisariado ejidal sus funciones y facultades, y tratar a las tierras comunales, sobre las que ejerce el dominio, con lo que se podría fragmentar la institución de la comunidad. De modo que si los artículos 31, 32, y 99, de la Ley Agraria disponen que la representación del ejido recae en el comisariado ejidal, que es el que ostenta el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del ejido, resulta inconcuso que dicho órgano del núcleo agrario es genuinamente el ente legitimado para promover el juicio de derechos fundamentales. Sin que en el caso sea válido considerar que los promoventes acuden al juicio de derechos fundamentales ostentando la representación sustituta de la comunidad, pues la Ley de Amparo que se encuentra en vigor desde hace casi diez años dejó de considerar la figura de la representación sustituta y, por ende, cuando se reclamen actos que afecten al ejido de manera colectiva, el juicio de amparo deberá ser instado por su comisariado, no por los ejidatarios en particular. Por tanto, desde el ámbito del derecho agrario no corresponde a los quejosos la representación de la comunidad, pues como se dijo, la representación del núcleo agrario no recae en sus integrantes en lo individual, sino en el comisariado de bienes comunales conforme a lo establecido en los artículos 32 y 33 y 99, de la Ley Agraria. Además, tomando en consideración que los ahora quejosos acuden a este juicio de amparo a reclamar la resolución presidencial de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, sin haber tenido intervención alguna en el procedimiento que dio como resultado la resolución presidencial, quienes no tienen a su cargo la representación de ese núcleo agrario, resulta innegable que no tienen legitimación y por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que según quedó precisado al inicio de este considerando, en la narración de los antecedentes del acto reclamado, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado de Oaxaca, se encuentra en trámite el juicio agrario * * * * * *, en el que la comunidad de Santa María Peñoles, demandó en la vía de conflicto por límites a Santiago Tlayozoltepec, el respeto a sus líneas de colindancias, teniendo como sustento la resolución de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, juicio que se encuentra en trámite y al cual comparecieron a defender los derechos de la colectividad los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca. Por otra parte, si bien la parte quejosa ofreció diversas pruebas, las mismas no son eficaces para demostrar el interés jurídico ni legítimo que alega, pues al efecto exhibió: Copia simple de la constancia expedida por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, a favor de * * * * * * , el catorce de marzo de dos mil once. Copia simple de la constancia expedida por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, a favor de * * * * * * * , el veinte de julio de dos mil seis. Constancia de origen y vecindad a nombre de * * * * * *. Constancia de origen y vecindad a nombre de * * * * ** *. Copia simple de la resolución presidencial de trece de octubre de mil novecientos cuarenta y tres. Copia del acta de asamblea de comuneros de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca, de veintiuno de enero de dos mil dieciocho. Copia simple el título primordial de Santiago Tlazoyaltepec. Plano informativo. Así como: Siete fotografías a color. Ejemplar del periódico "el IMPARCIAL", número 25,099, de veintisiete de abril de esta anualidad. (fojas 389 a 391) Diligencia de inspección judicial desahogada el uno de febrero de dos mil veintidós (fojas 1081 a 1083) Las documentales antes relacionadas demuestran que los quejosos pertenecen al núcleo agrario de Santiago Tlazoyaltepec, Villa de Etla, Oaxaca, que son comuneros, la resolución que reclaman y el acta que prueba la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados, pero con esas documentales de manera alguna se prueba que tengan el carácter de representantes de ese núcleo agrario, calidad que resulta necesaria para instar este juicio de amparo. En tanto que las copias de los ejemplares de los periódicos y de la prueba testimonial que se desahogó en la audiencia constitucional demuestran los conflictos que existen entre las comunidades de Santa María Peñoles y Santiago Tlayozoltepec, Oaxaca, pero de modo alguno se acredita el interés que alega la parte quejosa. Tampoco pasa desapercibido que en la audiencia constitucional se declaró desierta la testimonial que la parte quejosa ofreció a cargo de 1) * * * * * * y 2)* * * * * * * sin embargo, aun cuando se hubiere desahogado dicha probanza, con el resultado de las preguntas que formuló la parte quejosa tampoco se logra acreditar el interés jurídico o legítimo que alegan los solicitantes de amparo; ello, ya que las interrogantes planteadas van encaminadas a demostrar la los límites de esa población, así como la existencia de un título primordial. Sirve de apoyo, por su contenido la tesis VII . 1 o . A . T . 24 A, consultable en la página 535, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, Materias Administrativa, registro digital 194346, bajo el rubro y texto siguientes: "EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, ASÍ RECAIGA ÉSTE O SU EJECUCIÓN SOBRE DERECHOS PARCELARIOS. De conformidad con los artículos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81 y 83 de la Ley Agraria, los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no así el dominio sobre aquélla, el cual sólo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho común; aunado a lo anterior, con independencia de su destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Luego, tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, conforman el núcleo de población, cuya representación corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. De consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no legitiman a éstos en términos del artículo 4 de la Ley de Amparo, para ejercitar la acción constitucional cuando es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido a virtud de la expropiación reclamada, toda vez que al corresponder aquel derecho (de dominio) al núcleo y no a los ejidatarios en lo particular, el único facultado legalmente para representar a aquél en defensa de ese derecho, es el comisariado del núcleo de población." También se invoca en apoyo a lo antes expuesto la Jurisprudencia 2a. LII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5 , fracción I, 6 y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al Comisariado de Bienes Comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo." Lo resaltado no es de origen Por otra parte, analizado el asunto desde un enfoque del derecho indígena, se arriba a la misma conclusión, porque en el caso concreto los quejosos no cuentan con legitimación para promover el juicio de amparo. En efecto, no se desconoce que tratándose de la defensa de territorios indígenas, cualquiera de sus integrantes podría estar facultado para promover en defensa de la comunidad indígena (artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes). Sin embargo, esa prerrogativa debe ser evaluada en cada caso concreto, de acuerdo al contexto de la aducida violación a derechos humanos. En efecto, existen diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales ha analizado casos en los cuales las comunidades fueron despojadas de sus territorios y/o de sus recursos naturales, por parte del Estado para favorecer a empresas o particulares a efecto de explotar tales recursos u obtener algún beneficio económico; asimismo, ha estudiado casos de invasión por parte de personas no indígenas en los territorios de las comunidades. Sin embargo, en el presente caso estamos ante una resolución presidencial que favoreció con el reconocimiento de tierras a otra comunidad (también indígena) y sólo persiste un problema de límites territoriales entre dos comunidades, el cual se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca. De modo que no se advierte que el caso concreto tenga una connotación de invasión por parte de personas no indígenas; o bien, de despojo territorial y de recursos naturales para favorecer a particulares o empresas, para su explotación y aprovechamiento comercial; sino que, como quedó precisado, se trata de un asunto meramente agrario en el que persiste un conflicto por la línea limítrofe entre dos comunidades agrarias. De ahí que no se materializa un supuesto para que personas de una comunidad indígena acudan a defender el territorio de aquélla. Es ilustrativa la tesis aislada 1a. XVII / 2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS. AL CONSTITUIR FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA ESTABLECIDAS CONSTITUCIONALMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL, ASÍ COMO LA ELECCIÓN DEL COMISARIADO, SON ACTIVIDADES QUE NO FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. El artículo 27, fracción VII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, destinando la protección de la propiedad de la tierra, no sólo para actividades productivas sino también para el asentamiento humano; de ahí que acorde con sus funciones, esos núcleos de población constituyen formas de organización interna establecidas por la Constitución. Por otra parte, si bien es cierto que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de organización, entre otras, social y económica, también lo es que al decidir por el ejido o por la comunidad de bienes comunales, deben atender a lo que la Ley Fundamental señala en cuanto a su organización y funcionamiento. Así, el penúltimo párrafo de la fracción VII del artículo constitucional citado, señala que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley disponga, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En esa virtud, se concluye que tanto la organización y funcionamiento de la asamblea general, como la elección del comisariado, son actividades que no forman parte del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que el referido precepto constitucional establece respecto de aquéllas una reserva legal, la cual debe atenderse, pues de lo contrario se correría el riesgo de quebrantar la unidad nacional, límite de aquel derecho". En las relatadas condiciones, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por lo mismo, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 77, y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * * * * * SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente
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