Pablo López Santacruz

Expediente 140/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Pablo López Santacruz
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a las partes quejosa y tercera interesada en el auto de catorce de febrero pasado en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, feneció, sin que se haya recibido en la oficialía de partes de este juzgado en el período extinto, promoción alguna de las partes; en consecuencia, se tiene por consentida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de marzo de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el treinta de marzo de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese....

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 14-02-2022, POR NO ATENDER AL CITATORIO Y AL AVISO RESPECTIVAMENTE DE 04-03-2022: .. Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que por sentencia autorizada de treinta de abril de dos mil veintiuno se concedió a Pablo López Santacruz el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable, en acatamiento a dicha ejecutoria, realizara lo siguiente: ".a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso; sin embargo, de optar por el primer caso, deberá purgar los vicios formales señalados en esta sentencia, esto es, deberá expresar los fundamentos y motivos que tome en consideración para resolver, así como la congruencia y exhaustividad necesarias que debe tutelar todos los actos de autoridad." Dicha sentencia fue impugnada por la parte tercero interesada, correspondiendo conocer de dicho recurso, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número de toca 229/2021, quien en sesión ordinaria virtual de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, determinó: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pablo López Santa Cruz (sic), contra el acto de la autoridad precisada en el resultando primero de este fallo." Por tanto, mediante acuerdo de quince de diciembre del año próximo pasado se requirió al Juzgado responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, mediante oficio 172, y su anexo, el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, informó sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. En proveído de doce de enero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con el contenido del oficio y anexo referidos por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable, sin que ninguna de las partes desahogara la vista concedida. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el tribunal responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de enero pasado en los autos del juicio ordinario civil 62/2019/I, la autoridad responsable de que se trata, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte y emitió otra en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, se puede apreciar que el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, emitió dicha resolución en el mismo sentido que la pronunciada el veintiocho de enero de dos mil veinte, que fuera señalada como acto reclamado en este juicio de amparo, esto es, declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, aquí quejoso, y confirmó la pensión alimenticia decretada en su contra el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, consistente en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que recibe. Por tanto, resulta necesario analizar, si tal como se estableció en la sentencia amparadora, en la nueva resolución pronunciada, el mencionado juez de Primera Instancia subsanó los vicios formales que se le señalaron en la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, y si expresó los fundamentos y motivos que tomó en consideración para resolver en el sentido que lo hizo, así como también si cumplió con la congruencia y exhaustividad necesarias que debe tutelar todos los actos de autoridad. Al respecto, se destacó que en la resolución reclamada en este juicio de amparo, la autoridad responsable incurrió en las omisiones siguientes: ". a) No especificó claramente cuál era la posibilidad real del demandado (quejoso) para otorgar alimentos en relación con su capacidad económica; máxime que exhibió los recibos de pago en los cuales se advierte el descuento que le es realizado con motivo de la carga alimentaria que le fue decretada, sin que en la resolución reclamada se hayan valorado dichas pruebas documentales, a pesar de que con ellas se dio vista a su contraparte para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. b) No señaló cómo es que concluyó que el porcentaje establecido como pensión alimenticia provisional consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibía el quejoso en su fuente de trabajo, correspondía con las necesidades de la tercera interesada, pues era necesario que hubiera expuesto argumentos suficientes con base en las pruebas aportadas por las partes de cómo estableció que el monto decretado le es suficiente para complementar sus necesidades alimentarias, y, c) Soslayó señalar de forma objetiva cómo es que concluyó que el restante porcentaje del sueldo y demás prestaciones que percibía el quejoso en su fuente de trabajo, a la luz de las pruebas documentales exhibidas, era suficiente para solventar los gastos necesarios para su propia subsistencia. Aunado a lo anterior, para graduar la medida alimentaria provisional, no basta aludir al principio de proporcionalidad que consagra el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, sino que es necesario exponer de manera clara las circunstancias especiales del caso; por lo que, al no haberlo hecho así el juzgado responsable, el acto reclamado carece de la debida motivación. Máxime que el limitarse a fijar una pensión alimenticia con base en un simple parámetro aritmético consistente en fijar el porcentaje que se debe de descontar al deudor, no es suficiente para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad invocado, en virtud de que así no se consideran las necesidades particulares de los acreedores ni las posibilidades reales del deudor, circunstancias que rigen el prudente arbitrio judicial que impera en esta materia, basado, precisamente, en el principio de la posibilidad y proporcionalidad de los alimentos, pero en función de la necesidad particular que se atribuye a cada acreedor. Lo anterior no significa que el juzgado responsable debía analizar si la tercera interesada se encontraba en estado de necesidad -origen y fundamento de los alimentos- para percibir una pensión alimenticia a su favor, puesto que ello es materia de la sentencia que resuelva la cuestión principal; sin embargo, sí estaba obligado a analizar el grado de necesidad de aquélla para decretar una pensión alimenticia provisional acorde a la posibilidad real del que debe darlos, y a la necesidad del que debe recibirlos. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable contrastó los elementos que inciden en las necesidades de la acreedora alimentista -expuestos por las partes-, para determinar de manera objetiva el quantum de la pensión de manera proporcional, de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de la acreedora, para poder concluir que la pensión cumplía con el principio de proporcionalidad y equidad. Ahora, en la resolución en comento el juzgador de origen tomó en consideración y valoró el material probatorio existente en los autos del juicio de origen. Asimismo, especificó cuál era la posibilidad real del demandado (quejoso) para otorgar alimentos en relación con su capacidad económica; como ya se dijo valorando las pruebas ofrecidas por éste en términos de los numerales 261, fracción IV, 265, 266, 329, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. De igual manera, dio contestación a los agravios formulados por el aquí quejoso Pablo López Santacruz en su escrito de reclamación. También destacó los motivos por los cuales resultaron infundados los agravios plasmados por el aquí quejoso. Con lo que se estima, cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso a). Por otra parte, en la resolución en comentó el juzgador señaló que el artículo 242 del Código Civil exige considerar las necesidades de la acreedora a la luz de las posibilidades del deudor, en relación a las necesidades de la acreedora estableció que cuenta con sesenta y un años de edad y es cónyuge del deudor y que probó de manera indiciaria gastos para sufragar sus necesidades alimentarias, esto es, concepto de compras de artículos de despensa y el pago de servicio de luz, destacando que no se puede establecer la cantidad a la que ascienden sus gastos de manutención, por no haber exhibido medio de convicción idóneo para poder establecer a cuánto ascienden sus egresos, por lo que estimó que hasta este momento le corresponde al deudor cubrir los rubros que contempla el artículo 239 del Código Civil del Estado, esto es, comida vestido y asistencia en casos de enfermedad, por lo que estableció que el monto decretado es suficiente para la acreedora para complementar sus necesidades alimentarias, con base en las pruebas aportadas hasta ese estadio procesal. Con lo que se estima, cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso b). Por otro lado, de la resolución en comento se observa que la pensión provisional fijada fue justificada por una parte, con la propia confesión del aquí quejoso establecida en el escrito de reclamación, al haber indicado ser empleado de la Armada de México dependiente de la Secretaría de Marina, de donde obtiene ingresos económicos que le permiten hacerse cargo de su obligación alimentaria impuesta en la resolución, así como para allegarse de sus propios gastos para sufragar sus necesidades alimentarias, destacándose que no exhibió pruebas documentales idóneas para acreditar el monto exacto de sus gastos alimentarios y que tampoco acreditó tener otros acreedores distintos a la parte actora; datos que recalcó la autoridad responsable, resultan de vital importancia para establecer que la medida provisional instada es o no acorde al principio de proporcionalidad que estipula el numeral 242 del Código Procesal Civil. Razón por la cual de manera objetiva determinó el juzgador de origen que el restante porcentaje del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso en su fuente de trabajo es suficiente para solventar los gastos necesarios para su propia subsistencia, pues del material probatorio que ofreció no se acreditó sus aseveraciones, esto es, tener a cargo distintos acreedores alimentarios, que el préstamo de dinero efectivo solicitado fue entregado a la acreedora alimentaria y el cual éste se encuentra sufragando, así como que el pago de arrendamiento de bien inmueble corresponde al lugar donde habita. Por lo que se estima que el juzgador cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso c). Entonces, resulta incuestionable que el juzgado responsable en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues expuso las razones que tuvo para establecer el porcentaje que por concepto de pensión alimenticia provisional decretó a cargo del aquí quejoso, con lo que subsanó los vicios formales que se establecieron en la ejecutoria de mérito; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y vía electrónica a la parte tercero interesada...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que por sentencia autorizada de treinta de abril de dos mil veintiuno se concedió a Pablo López Santacruz el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable, en acatamiento a dicha ejecutoria, realizara lo siguiente: ".a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso; sin embargo, de optar por el primer caso, deberá purgar los vicios formales señalados en esta sentencia, esto es, deberá expresar los fundamentos y motivos que tome en consideración para resolver, así como la congruencia y exhaustividad necesarias que debe tutelar todos los actos de autoridad." Dicha sentencia fue impugnada por la parte tercero interesada, correspondiendo conocer de dicho recurso, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número de toca 229/2021, quien en sesión ordinaria virtual de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, determinó: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pablo López Santa Cruz (sic), contra el acto de la autoridad precisada en el resultando primero de este fallo." Por tanto, mediante acuerdo de quince de diciembre del año próximo pasado se requirió al Juzgado responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, mediante oficio 172, y su anexo, el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, informó sobre el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo. En proveído de doce de enero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con el contenido del oficio y anexo referidos por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable, sin que ninguna de las partes desahogara la vista concedida. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el tribunal responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de enero pasado en los autos del juicio ordinario civil 62/2019/I, la autoridad responsable de que se trata, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte y emitió otra en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, se puede apreciar que el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, emitió dicha resolución en el mismo sentido que la pronunciada el veintiocho de enero de dos mil veinte, que fuera señalada como acto reclamado en este juicio de amparo, esto es, declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, aquí quejoso, y confirmó la pensión alimenticia decretada en su contra el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, consistente en el veinticinco por ciento de su sueldo y demás prestaciones que recibe. Por tanto, resulta necesario analizar, si tal como se estableció en la sentencia amparadora, en la nueva resolución pronunciada, el mencionado juez de Primera Instancia subsanó los vicios formales que se le señalaron en la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, y si expresó los fundamentos y motivos que tomó en consideración para resolver en el sentido que lo hizo, así como también si cumplió con la congruencia y exhaustividad necesarias que debe tutelar todos los actos de autoridad. Al respecto, se destacó que en la resolución reclamada en este juicio de amparo, la autoridad responsable incurrió en las omisiones siguientes: ". a) No especificó claramente cuál era la posibilidad real del demandado (quejoso) para otorgar alimentos en relación con su capacidad económica; máxime que exhibió los recibos de pago en los cuales se advierte el descuento que le es realizado con motivo de la carga alimentaria que le fue decretada, sin que en la resolución reclamada se hayan valorado dichas pruebas documentales, a pesar de que con ellas se dio vista a su contraparte para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. b) No señaló cómo es que concluyó que el porcentaje establecido como pensión alimenticia provisional consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibía el quejoso en su fuente de trabajo, correspondía con las necesidades de la tercera interesada, pues era necesario que hubiera expuesto argumentos suficientes con base en las pruebas aportadas por las partes de cómo estableció que el monto decretado le es suficiente para complementar sus necesidades alimentarias, y, c) Soslayó señalar de forma objetiva cómo es que concluyó que el restante porcentaje del sueldo y demás prestaciones que percibía el quejoso en su fuente de trabajo, a la luz de las pruebas documentales exhibidas, era suficiente para solventar los gastos necesarios para su propia subsistencia. Aunado a lo anterior, para graduar la medida alimentaria provisional, no basta aludir al principio de proporcionalidad que consagra el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, sino que es necesario exponer de manera clara las circunstancias especiales del caso; por lo que, al no haberlo hecho así el juzgado responsable, el acto reclamado carece de la debida motivación. Máxime que el limitarse a fijar una pensión alimenticia con base en un simple parámetro aritmético consistente en fijar el porcentaje que se debe de descontar al deudor, no es suficiente para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad invocado, en virtud de que así no se consideran las necesidades particulares de los acreedores ni las posibilidades reales del deudor, circunstancias que rigen el prudente arbitrio judicial que impera en esta materia, basado, precisamente, en el principio de la posibilidad y proporcionalidad de los alimentos, pero en función de la necesidad particular que se atribuye a cada acreedor. Lo anterior no significa que el juzgado responsable debía analizar si la tercera interesada se encontraba en estado de necesidad -origen y fundamento de los alimentos- para percibir una pensión alimenticia a su favor, puesto que ello es materia de la sentencia que resuelva la cuestión principal; sin embargo, sí estaba obligado a analizar el grado de necesidad de aquélla para decretar una pensión alimenticia provisional acorde a la posibilidad real del que debe darlos, y a la necesidad del que debe recibirlos. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable contrastó los elementos que inciden en las necesidades de la acreedora alimentista -expuestos por las partes-, para determinar de manera objetiva el quantum de la pensión de manera proporcional, de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de la acreedora, para poder concluir que la pensión cumplía con el principio de proporcionalidad y equidad. Ahora, en la resolución en comento el juzgador de origen tomó en consideración y valoró el material probatorio existente en los autos del juicio de origen. Asimismo, especificó cuál era la posibilidad real del demandado (quejoso) para otorgar alimentos en relación con su capacidad económica; como ya se dijo valorando las pruebas ofrecidas por éste en términos de los numerales 261, fracción IV, 265, 266, 329, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. De igual manera, dio contestación a los agravios formulados por el aquí quejoso Pablo López Santacruz en su escrito de reclamación. También destacó los motivos por los cuales resultaron infundados los agravios plasmados por el aquí quejoso. Con lo que se estima, cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso a). Por otra parte, en la resolución en comentó el juzgador señaló que el artículo 242 del Código Civil exige considerar las necesidades de la acreedora a la luz de las posibilidades del deudor, en relación a las necesidades de la acreedora estableció que cuenta con sesenta y un años de edad y es cónyuge del deudor y que probó de manera indiciaria gastos para sufragar sus necesidades alimentarias, esto es, concepto de compras de artículos de despensa y el pago de servicio de luz, destacando que no se puede establecer la cantidad a la que ascienden sus gastos de manutención, por no haber exhibido medio de convicción idóneo para poder establecer a cuánto ascienden sus egresos, por lo que estimó que hasta este momento le corresponde al deudor cubrir los rubros que contempla el artículo 239 del Código Civil del Estado, esto es, comida vestido y asistencia en casos de enfermedad, por lo que estableció que el monto decretado es suficiente para la acreedora para complementar sus necesidades alimentarias, con base en las pruebas aportadas hasta ese estadio procesal. Con lo que se estima, cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso b). Por otro lado, de la resolución en comento se observa que la pensión provisional fijada fue justificada por una parte, con la propia confesión del aquí quejoso establecida en el escrito de reclamación, al haber indicado ser empleado de la Armada de México dependiente de la Secretaría de Marina, de donde obtiene ingresos económicos que le permiten hacerse cargo de su obligación alimentaria impuesta en la resolución, así como para allegarse de sus propios gastos para sufragar sus necesidades alimentarias, destacándose que no exhibió pruebas documentales idóneas para acreditar el monto exacto de sus gastos alimentarios y que tampoco acreditó tener otros acreedores distintos a la parte actora; datos que recalcó la autoridad responsable, resultan de vital importancia para establecer que la medida provisional instada es o no acorde al principio de proporcionalidad que estipula el numeral 242 del Código Procesal Civil. Razón por la cual de manera objetiva determinó el juzgador de origen que el restante porcentaje del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso en su fuente de trabajo es suficiente para solventar los gastos necesarios para su propia subsistencia, pues del material probatorio que ofreció no se acreditó sus aseveraciones, esto es, tener a cargo distintos acreedores alimentarios, que el préstamo de dinero efectivo solicitado fue entregado a la acreedora alimentaria y el cual éste se encuentra sufragando, así como que el pago de arrendamiento de bien inmueble corresponde al lugar donde habita. Por lo que se estima que el juzgador cumplió con subsanar las deficiencias destacadas en el inciso c). Entonces, resulta incuestionable que el juzgado responsable en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues expuso las razones que tuvo para establecer el porcentaje que por concepto de pensión alimenticia provisional decretó a cargo del aquí quejoso, con lo que subsanó los vicios formales que se establecieron en la ejecutoria de mérito; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y vía electrónica a la parte tercero interesada...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio y anexo, remitidos Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, y en atención a su contenido, téngasele a dicho Tribunal de Alzada remitiendo el original del expediente del juicio de amparo 140/2020, por lo que acúsese de recibo y agréguese a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese y por oficio a la autoridad en cita..

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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