Pablo Lino Velázquez Muñoz

Expediente 432/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
432/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Pablo Lino Velázquez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que las partes en el presente asunto, no se inconformaron en contra del proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se declara que dicho auto, ha causado estado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se aprecia que el quejoso Pablo Lino Velázquez, reclamó sustancialmente la privación de la libertad, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, a fin de ser deportado o repatriado a su país de origen. Por otra parte, la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Nacional de Migración, en el estado de Baja California, informo que mediante oficio DFBM/EMTIJ/1145/2019, el cual anexó en copia certificada, se autorizó al quejoso, la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remunerada; en consecuencia mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, este Órgano Jurisdiccional dio vista al quejoso por el termino de tres días, con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la fecha lo hubiere hecho. Por lo tanto, si se toma como base que el quejoso combate esencialmente la privación de la libertad, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, a fin de ser deportado o repatriado a su país de origen y que de las constancias que allegó el Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, se desprende que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el quejoso Pablo Lino Velázquez, fue puesto en libertad de la estación migratoria donde se encontraba recluido; sé concluye que cesaron los efectos del acto que aquí se reclama, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con un juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del presente juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se difiere audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con diez minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración.

  4. Principal

    Agréguense al presente expediente, el oficio y anexo que suscribe el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona, por señalado el domicilio procesal que indica y se tienen por admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las pruebas documentales que anexa, lo anterior con fundamento en los artículos 9, 28 fracción I, 119 y 123 de la Ley de Amparo.

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