Pablo Joaquin Tapia Ledesma
Expediente 225/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Joaquin Tapia Ledesma
- y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de once de marzo de dos mil dieciséis, en la que este juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III,párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas que integran el proceso penal 17/2015 que como justificación a su informe anexó el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente de las citadas constancias. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por el titular de su adscripción por resolución de siete de enero de dos mil dieciséis, en la que se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por ******** contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Querétaro y otras autoridades, remite los autos del juicio constitucional 2422/2015-III de su índice, el original y el duplicado de los cuadernos incidentales y tres tomos de pruebas; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 225/2016-V. b) Tomando en consideración que el acto reclamado tendrá ejecución en la en la jurisdicción territorial que ejerce este juzgado, con fundamento en los artículos 37 en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al homólogo federal. Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de la Materia, fórmense los cuadernos incidentales con el número de registro que les corresponde al presente juicio de amparo. d) Toda vez que el juez declinante celebró la audiencia constitucional, a fin de salvaguardar el principio de unidad que la rige, además de que no se advierte irregularidad alguna que subsanar, resulta innecesario fijar fecha para su desahogo, así como solicitar los informes justificados a las autoridades responsables. e) Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. f) Tomando en consideración que de la interpretación de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe se advierte que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Juzgado exhortante; en tales condiciones, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues los preceptos legales en cita, facultan a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene a los citados señalando el mismo domicilio que tienen señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señalen uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. g) Como el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, además en observancia de los principios de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 117 constitucional, así como al de unidad de audiencia, se procede a dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de los Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, los Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, los Jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Penales, así como el Procurador General de Justicia, todos en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, y los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Penales de Partido, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos con sede en esta ciudad, así como el Procurador de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que hizo consistir en la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil quince, librada en su contra por el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 17/2015 de su índice, por las razones expuestas en los considerativos tercero y quinto de esta resolución.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL AUTO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por el titular de su adscripción por resolución de siete de enero de dos mil dieciséis, en la que se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Pablo Joaquín Tapia Ledesma contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Querétaro y otras autoridades, remite los autos del juicio constitucional 2422/2015-III de su índice, el original y el duplicado de los cuadernos incidentales y tres tomos de pruebas; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 225/2016-V. b) Tomando en consideración que el acto reclamado tendrá ejecución en la en la jurisdicción territorial que ejerce este juzgado, con fundamento en los artículos 37 en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al homólogo federal. Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de la Materia, fórmense los cuadernos incidentales con el número de registro que les corresponde al presente juicio de amparo. d) Toda vez que el juez declinante celebró la audiencia constitucional, a fin de salvaguardar el principio de unidad que la rige, además de que no se advierte irregularidad alguna que subsanar, resulta innecesario fijar fecha para su desahogo, así como solicitar los informes justificados a las autoridades responsables. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 36/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el texto y rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." e) Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. f) Tomando en consideración que de la interpretación de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe se advierte que el quejoso señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Juzgado exhortante; en tales condiciones, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues los preceptos legales en cita, facultan a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene a los citados señalando el mismo domicilio que tienen señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señalen uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. g) Como el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, además en observancia de los principios de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 117 constitucional, así como al de unidad de audiencia, se procede a dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 225/2016-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, Pablo Joaquín Tapia Ledesma, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se especifican: --AUTORIDADES RESPONSABLES-- Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro. Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de Querétaro. Juez Primero Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Segundo Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Tercero Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Cuarto Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Quinto Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Sexto Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Séptimo Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Octavo Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Noveno Penal de la ciudad de Querétaro. Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Juez Segundo Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Juez Tercero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Juez Cuarto Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Juez Quinto Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Procurador de Justicia en el Estado de Guanajuato. Coordinador de Operaciones de la Policía Ministerial, con residencia en el Estado de Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en Comonfort. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. Subcoordinador de la Región "C" de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, ciudad de Celaya. Subcoordinador de la Región "A" de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en de león. Subcoordinador de la Región "B" de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. Subcoordinador de la Regio "D" de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende. Procurador General de Justicia en el Estado de Querétaro. Coordinador de Operaciones de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Querétaro. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Querétaro. Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Querétaro. --ACTOS RECLAMADOS-- ". de las Autoridades Ordenadoras. Reclamo la ilegal orden de aprehensión y/o reaprehensión dictada en mi contra, reclamando también la posible orden dada a las ejecutoras para que me priven de mi libertad personal sin ser oído y vencido en juicio, es decir violando mi Garantía individual de Defensa y Juicio Previo, misma que nuestra Constitución Federal, otorgada a todos los ciudadanos Mexicanos en pleno goce de nuestros derechos, en clara violación a los principios de presunción de inocencia, pro homine y pro persona. De las ejecutoras, reclamamos la Inminente Ejecución de la orden que recibieron de las ordenadoras para privarme de mi libertad personal sin ser condenado, ni oído y vencido en Juicio, así como todos y cada uno de los actos tendientes a lograr la Ejecución de dicho mandamiento judicial, así como la Ejecución misma del acto reclamado de las Autoridades Ordenadoras en la presente demanda de garantías." SEGUNDO. Normas fundamentales que se estiman violadas. El quejoso señaló que se violaron en su perjuicio las normas fundamentales contenidas en los artículos 1º, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. I. Por razón de turno le correspondió conocer de la presente demanda al Juzgado Quinto Distrito de Amparo y Juicios Federales de Querétaro, la que en auto de siete de octubre dos mil quince, se registró bajo el número 2422/2015-III. II. En la referida providencia se admitió a trámite la demanda propuesta; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, se tuvo por inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denomino como: "Coordinador de Operaciones de la Policía Ministerial, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial y Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial, todos de la Procuraduría de Justica en el Estado de Querétaro", y se ordenó suspender toda comunicación oficial en relación a ellas IV. Por auto de veintiocho de octubre del año próximo pasado, se reconoció el carácter de tercero interesado a Antonio Tovar Muñiz, el cual fue debidamente emplazado. V. Una vez integrado el presente expediente se celebró la audiencia constitucional el siete de enero de dos mil dieciséis, en la que el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Querétaro declaró su legal incompetente para resolver el presente asunto y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. VI. El once de marzo del presente año, en razón del turno, el citado juicio de amparo fue remitido a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, y en la misma data se registró bajo el número 225/2016-V; aceptando la competencia; y al tener en consideración que el Juez declinante celebró la audiencia constitucional, se estimó innecesario fijar fecha y hora para su desahogo, así como solicitar los informes justificados a las autoridades responsables, trayéndose a la vista los autos para el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En razón del territorio, acorde con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. En razón de la materia, porque este Juzgado Federal, al no tener jurisdicción especial, la tiene para conocer del amparo en materia penal, conforme lo dispone el artículo 48, vinculado con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En razón del grado, porque la aptitud para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, corresponde en primera instancia a los Juzgados de Distrito (y a los Tribunales Unitarios de Circuito, de lo que no es el caso abundar), y sólo en segunda a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del recurso de revisión y, excepcionalmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que deriva de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones VII y XII, Constitucional; 107, fracción V, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisar cuál es, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por lo que es necesario delimitar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así, se desprende que en el presente asunto el quejoso reclama: ? La orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil quince, librada en su contra por el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 17/2015 de su índice, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal en perjuicio de la Procuración y Administración de Justicia y de Antonio Tovar Muñiz; y, ? La ejecución del referido mandato de captura. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, los Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, los Jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Penales, así como el Procurador General de Justicia, todos en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, y los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Penales de Partido de esta ciudad, así como el Procurador de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos que se les endilgan. En ese sentido, ya que el peticionario del amparo no aportó al presente sumario medio de convicción alguno tendiente a desvirtuar la negativa de las referidas autoridades responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio respecto de dichas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la ley en comento, y en acatamiento a la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, del Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Quinto Penal de Partido y el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir respectivamente su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les imputan; aunado a que su existencia se corrobora con las constancias que acompañó el a quo a su informe, consistentes en copias certificadas del proceso penal 17/2015 de su índice. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de los actos reclamados precisados en el considerando anterior. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, materia común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia. En primer término es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal; y su análisis es oficioso de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. Por consiguiente, previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se impone verificar la posible aparición de alguna causa de improcedencia, con apoyo en la Jurisprudencia 814 visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tal acto haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Por el criterio jurídico que contiene, resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, es necesario precisar que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte: A) Que el aquí quejoso promovió el juicio de amparo 282/2015 de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en los siguientes términos: - Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Pablo Joaquín Tapia Ledesma promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: --autoridades responsables-- Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta ciudad. Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad. --actos reclamados-- - La orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil quince, librada en su contra por el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de los autos del causa penal 17/2015 de su índice, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal en perjuicio de la Procuración y Administración de Justicia y de Antonio Tovar Muñiz; y, - La ejecución del referido mandato de captura. - Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, la que en proveído de treinta de marzo de dos mil quince, se radicó bajo el número 282/2015 y se admitió a trámite. - Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en dicho juicio y se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Pablo Joaquín Tapia Ledesma. - La resolución anterior causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil quince, en virtud de que no fue recurrida por las partes. B) Que de las constancias del presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: - Pablo Joaquín Tapia Ledesma, promovió el presente controvertido señalando como autoridades responsables y acto reclamado: --autoridades responsables-- Juez Quinto Penal de Partido de Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya. --actos reclamados-- ".la orden de aprehensión y/o reaprehensión dictada en mi contra." Bajo esas premisas, en la especie se encuentra cubierto el requisito marcado anteriormente con el número 1, referente a que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por el mismo quejoso Pablo Joaquín Tapia Ledesma. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos juicios reclamó la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil quince, librada en su contra por el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de los autos del causa penal 17/2015 de su índice, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal en perjuicio de la Procuración y Administración de Justicia y de Antonio Tovar Muñiz; así como su ejecución. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, ateniente a que tal acto haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 282/2015 del índice del juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Se afirma lo anterior, ya que por resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a Pablo Joaquín Tapia Ledesma; la cual causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil quince, en virtud de que no fue recurrida por las partes. Bajo las anteriores consideraciones, si el quejoso Pablo Joaquín Tapia Ledesma acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente el mismo acto precisado líneas anteriores, el cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 282/2015 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, en el que incluso se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinarlo por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Es aplicable a lo anterior la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3414, Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que textualmente dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, toda vez que el acto que le fue atribuido no se combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca la Jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Joaquín Tapia Ledesma, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de los Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, los Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, los Jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Penales, así como el Procurador General de Justicia, todos en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, y los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Penales de Partido, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos con sede en esta ciudad, así como el Procurador de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que hizo consistir en la orden de aprehensión de diecisiete de marzo de dos mil quince, librada en su contra por el Juez Quinto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 17/2015 de su índice, por las razones expuestas en los considerativos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese por lista a las autoridades responsables, así como al solicitante del amparo, y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado Antonio Tovar Muñiz en el domicilio ubicado en calle Albano García número 602 altos, colonia Santa Anita de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
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