Pablo Jaime Tízatl Gutíerrez

Expediente 620/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
620/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/08/2018

Partes del expediente

  • Pablo Jaime Tízatl Gutíerrez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda; atento a lo anterior, dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 23 y 24), en el que se ordenó la devolución de los mismos.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso (fojas 14 a 21), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez, en su carácter de representante legal del Centro Hospitalario de Especialidades Nativitas, Sociedad Anónima de Capital Variable; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y destrucción Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Se ordena devolución de documento Ahora, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo (fojas 8 a 13), no se ubica en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Pablo Jaime Tízatl Gutiérrez, en su carácter de representante legal del Centro Hospitalario de Especialidades Nativitas, Sociedad Anonima de Capital Variable, personalidad que se acredita con la copia certificada de la escritura pública número sesenta mil seiscientos ochenta y siete, volumen seiscientos noventa y siete expedida por la Notaría Pública número Uno del Distrito de Zaragoza, Tlaxcala, contra actos de la Agencia del Ministerio Público en Nativitas, Tlaxcala, de quien reclama: La indebida forma de actuar y dilación procesal del Agente del Ministerio Público en Nativitas, Tlaxcala, dentro de la capeta de investigación UINAT 20/2018 de su índice. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 620/2018-VIII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:...Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud que no agotó el recurso correspondiente que prevén los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ... Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto, contra los actos que reclama el quejoso, es procedente el recurso correspondiente conforme a lo previsto en los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.(.)C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.)VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En efecto, de los preceptos legales transcritos, se desprende que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de control quien revise su legalidad. Tal circunstancia conduce a estimar que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dichos numerales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, se entienden también la dilación del Ministerio Público en la etapa de investigación que encuadra en este supuesto, ya que dicha conducta supone el retardo de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de control revise las decisiones o dilaciones del Ministerio Público, que definen el recurso de una investigación en que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que realice la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por ende, tratándose de la dilación ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Bajo tales consideraciones, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las dilaciones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, dado que dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. ... Ahora, es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 61 de la Ley de Amparo, fracciones XIV (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XVII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o cuando se trate de persona extraña al procedimiento) y XX (los administrativos que carezcan de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, habida cuenta que es parte en el procedimiento de origen como lo señala el propio quejoso, por lo que no tiene el carácter de persona extraña; aunado al hecho de que, no se encuentra privado de la libertad, por lo que es evidente que las dilaciones combatidas no afectan su libertad; consecuentemente, estaba obligado a agotar el recurso correspondiente, puesto que la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que previamente se agoten los recursos ordinarios que al efecto prevé la legislación de la materia. En suma, al resultar evidente que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el recurso correspondiente previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de los actos que reclama; por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Ricardo Santiesteban Meneses y Víctor Lázaro Meneses Corona en virtud de que sus cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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