Pablo Ismael Jimenez Martin
Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/03/2023
Partes del expediente
- Pablo Ismael Jimenez Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria en el Fideicomiso, informando el estado que guarda la licitación LA-006HIU002-E2-2021, y remitiendo copia certificada, así como de la diversa ********************. Litis constitucional. En ese tenor, de las constancias de autos, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. Noel Fuentes Avendaño y María Rosa Elizabeth López de la Peña. Terceros interesados. No existen. Autoridades responsables. Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como representante del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito y liquidador de la misma. Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. (FOPESIBAN). Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. (FOPESIBAN). Coordinador Médico Nacional del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. (FOPESIBAN). Coordinador Médico Regional del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. (FOPESIBAN). Corporativo Médico Community Doctors, sociedad por acciones simplificadas de capital variable. Atlantis Operadora de Servicios de Salud, sociedad anónima de capital variable. Distribuidora Médica Daport, sociedad anónima de capital variable. Actos reclamados: La modificación, limitación, alteración, sustitución, suspensión o cancelación del sistema de servicio médico autoadministrado, parcial o total otorgado a los quejosos. La licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIU002-E2-2021, publicada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. La cancelación, extinción, modificación o reducción del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN). La sustitución, cancelación, reducción o modificación de los contratos celebrados con hospitales médicos, especialistas, enfermeras y demás persona que a la fecha se encuentran contratados para proporcionarle a los quejosos el servicio de atención médica. La omisión de informar sobre los cambios que pretenden hacer respecto de la prestación del servicio médico. Sobreseimiento fuera de audiencia. Así, se acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Sentado lo anterior, se recuerda que la parte quejosa controvierte lo siguiente: La modificación, limitación, alteración, sustitución, suspensión o cancelación del sistema de servicio médico autoadministrado, parcial o total otorgado a los quejosos. La licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIU002-E2-2021, publicada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. La cancelación, extinción, modificación o reducción del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN). La sustitución, cancelación, reducción o modificación de los contratos celebrados con hospitales médicos, especialistas, enfermeras y demás persona que a la fecha se encuentran contratados para proporcionarle a los quejosos el servicio de atención médica. La omisión de informar sobre los cambios que pretenden hacer respecto de la prestación del servicio médico. Ahora, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria en el Fideicomiso, informando que la licitación LA-006HIU002-E2-2021 concluyó su vigencia, pues ésta transcurrió del uno de abril de dos mil veintiuno al veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, y que quedó sustituida por la diversa licitación ********************. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado sigue subsistiendo, ya que actualmente no obra constancia alguna que denote que se haya modificado la licitación LA-006HIU002-E2-2021; sin embargo, tal licitación ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber transcurrido su vigencia y haber sido remplazada por la diversa ********************, por lo que ya no puede surtir sus efectos o materializar sus consecuencias jurídicas y, por ello, sus efectos no se han concretado ni se concretarán; de ahí que se considere actualizada la causa de improcedencia en estudio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de esta ley. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo, por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y a la autoridad responsable Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través del cual, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada del diverso oficio SSP/SDIAP/DGA/DDH/0318/2023, del cual se advierte que tanto la parte quejosa como sus beneficiarios se encuentran activos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Sin que proceda realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el pasado diecisiete de febrero se tuvo por recibido el oficio que adjunta y se proveyó lo conducente; aunado a que en auto de veintitrés de febrero del año en curso, se formuló diverso requerimiento a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de febrero de dos mil veintitrés. Autorizada de la parte quejosa solicita requerir cumplimiento y dar vista al ministerio público. Agréguese a los autos el escrito de Maricela Natividad Hernández Lobato, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia y se dé intervención al ministerio público por la omisión de la autoridad responsable. En ese sentido, dígasele a la ocursante que respecto a su solicitud de requerir el cumplimiento de la sentencia, en auto diez de febrero de dos mil veintitrés se acordó lo conducente y se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, deberá estarse a lo acordado en dicho proveído. Por otra parte, respecto a su solicitud de dar intervención al Ministerio Público por la omisión de la autoridad responsable, se precisa que desde proveído de trece de julio de dos mil veintidós, se remitió el incidente de inejecución de sentencia planteado, y mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se avocó al conocimiento del incidente de referencia; por lo anterior, dígasele a la ocursante que su solicitud la deberá dirigir al tribunal colegiado que conoce el incidente de inejecución, para que al momento de resolver lo conducente, determine si es procedente o no lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Junta Especial Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, rinde su informe justificado y ofrece pruebas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 900/2020, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *** De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. *** Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa señala como acto reclamado omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral *** atribuido al Presidente y Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Sin embargo, de las constancias remitidas al rendir su informe justificado, se advierte que la junta responsable, en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral *** se pronunció respecto de la solicitud de la parte quejosa; lo anterior es así, dado que le indicó que se estuviera a lo acordado en proveído de la misma data en el que se pronunció respecto de las pruebas ofertadas por las partes. En ese orden, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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