Pablo Humberto Sánchez Landeros

Expediente 795/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
795/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Pablo Humberto Sánchez Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio certificado de la resolución emitida por el pleno de dicho órgano en el recurso de queja civil136/2022, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por ********************, contra el auto de desechamiento de diecinueve de agosto último, emitido por este Juzgado en el juicio de amparo en que se actúa; del cual se advierte que dicho recurso de queja fue declarado infundado por la superioridad. Gírese el acuse de recibo correspondiente y toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previsto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, toda vez que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo; además de que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de desechamiento; aunado a ello, al prudente arbitrio de este juzgador no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad fronteriza, mediante el cual remite copia del acuerdo de dos de septiembre último, en el que se acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos por el impetrante. Asimismo, se advierte que fue admitido dicho medio de impugnación y registrado con el número 136/2022. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito que firma el quejoso Paoo Humberto Sánchez Landeros; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la citada ley, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el proveído de diecinueve de agosto del año en curso, en que se desechó de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Toda vez que en el auto recurrido se desechó de plano la demanda planteada, y no existen más partes a quien notificar del recurso, acorde a lo señalado por el numeral 101 de la ley en aplicación, remítase el original del escrito de queja y copia certificada de todas las constancias que integran el presente expediente, junto con el informe correspondiente, al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por Paoo Humberto Sánchez Landeros por propio derecho, contra actos del Juez Provisional Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 795/2022-V. Como cuestión preferente es necesario analizar la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura de este artículo, queda de manifiesto que la demanda de amparo debe desecharse cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Como apoyo a lo dicho, esta autoridad invoca la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". Ahora bien, en el presente caso, el promovente reclama del juez señalado como responsable, la resolución dictada en el incidente de litisconsorcio pasivo necesario de cuatro de agosto último, dentro del expediente 679/2021, en la que determinó que no es procedente tal incidente, y es por ello que no llama a juicio a la señora Maura Esther Chávez Martínez, como el demandado (aquí quejoso) lo había solicitado. Precisado lo anterior, este juzgador considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, ya que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues, los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable a los intereses del accionante, y en caso contrario, de resultar opuestos, puede reclamarla con los medios ordinarios de defensa y finalmente en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del numeral 172 de la Ley de Amparo, al dictarse la sentencia definitiva que ponga fin a dicho juicio. Por lo tanto, la resolución dictada en el incidente de litisconsorcio pasivo necesario de cuatro de agosto último, dentro del expediente 679/2021, en la que el juez respectivo determinó improcedente el mismo, por lo que no se llamó a juicio a la señora Maura Esther Chávez Martínez, como el ahora quejoso lo había solicitado, no afecta derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el proceder de la autoridad responsable transgrede únicamente la esfera adjetiva de la parte quejosa, ya que el no llamar a juicio a una nueva persona que le pudiera asistir el carácter de actora en la instancia civil, no afectan de manera directa derechos sustantivos del promovente, ya que dicha actuación alude al principio de economía procesal, por el cual debe velar la autoridad responsable al emitir sus actuaciones. Esto, teniendo en consideración dicho principio se encuentra implícito en aquellos que rigen el proceso civil en el Estado de Chihuahua, contenidos en el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que a la letra dice: "ARTÍCULO 240. En el procedimiento ordinario se observarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración." Sustenta la anterior consideración, la tesis P. LVII/2004, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, registro 180415, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia 37/2014 derivada de la contradicción de tesis 377/2013, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso b), de La Constitución Federal, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra actos de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, y cuando se trata de actos en juicio, los actos reclamados deben tener una ejecución de imposible reparación. El que sean actos en juicio significa que ocurran desde la presentación de la demanda que dé origen al juicio, hasta antes del dictado de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. Para que esos actos en juicio sean calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio actual de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De ese modo, la afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Además, la afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, esto es, que se trate de la lesión a bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En tal virtud, para la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben actualizarse las características que han quedado señaladas, siendo evidente que la determinación reclamada es de naturaleza procesal, por lo que el alcance de ésta es que se continúe con la secuela procesal respectiva del citado juicio en todas sus etapas hasta que se decida sobre la litis planteada, lo cual, se insiste, no afecta materialmente de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna; ya que la tramitación de un proceso -en lo referente a la debida sustanciación de un procedimiento-, no causa afectaciones de esa naturaleza. Pues, se trata de un acto vinculado con un derecho procesal que se encuentra dentro de la categoría de derechos mínimos o garantías judiciales que propician el debido acceso a la justicia, el cual podrá ser analizado y, en su caso, restituido a través del juicio de amparo en el momento en que se llegue a tomar una determinación judicial que decida, de fondo, el asunto que se tramita en la controversia originaria. Establecido lo anterior, y toda vez que el acto cuya constitucionalidad se reprocha, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues se itera, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales de la parte quejosa contenidos en los derechos fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja el inconforme, puede quedar subsanada con posterioridad si la resolución que ponga fin al juicio de origen, resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y previa preparación, promueva en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado y reiterar su inconformidad respecto de la mencionada apelación, en el escrito de agravios correspondientes, como preparativo del amparo uniinstancial. Sirve de apoyo, interpretada a contrario sensu, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. la Jurisprudencia P./J. 24/92, Registro No. 205651, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, 56, Agosto de 1992, Octava Época, Materia(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Paoo Humberto Sánchez Landeros. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Venezuela 140 sur, en esta ciudad y como sus autorizadas en términos amplios del numeral 12 de la ley en comento, a Julia Alicia Juárez Rubalcava y Erika Sánchez Landeros, por contar con cédula ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Respecto al correo electrónico julia.juarez2020@outlook.com, téngase como diversa forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre la parte correspondiente y el personal jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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