Pablo Huerta Esteban

Expediente 1679/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1679/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Pablo Huerta Esteban

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Por tanto, el efecto del fallo protector, se constriñe a que las responsables una vez que cause ejecutoria esta sentencia, y en caso de no haberlo hecho, emplacen a la parte demandada ********************, a efecto de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ******************** .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 977/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, exhibió copia certificada de diversos acuerdos, en los que destaca el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, por el cual la Junta responsable procedió hacer efectivo el apercibimiento a la parte actora y tuvo por no interpuesta la demanda entablada contra ********************, en el juicio laboral ********************; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa. Así se tiene que, al hacer efectivo el apercibimiento a la actora de tener por no interpuesta la demanda entablada en contra del demandado en el juicio natural, este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, en atención que ya no se puede requerir a la responsable emplazar a la parte demandada, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, si este dejó de subsistir en el mundo jurídico, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo; esto es, la autoridad responsable con libertad de jurisdicción, y como rector del procedimiento laboral, atendiendo que los domicilios proporcionadas por la actora para emplazar a la demandada eran incierto, previno al actor que señalara un nuevo domicilio donde emplazar al demandado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, tendría por no interpuesta la demanda contra el demandado en el juicio laboral ********************, lo cual como se desprende de autos, la Junta responsable lo hizo efectivo por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, y tuvo por no interpuesta la demanda contra el demandado ********************, siendo así ya no se puede ordenar emplazar a dicho demandado, al cambiar la situación jurídica. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Por tanto, el efecto del fallo protector, se constriñe a que las responsables una vez que cause ejecutoria esta sentencia, y en caso de no haberlo hecho, emplacen a la parte demandada ********************, a efecto de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ******************** .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio 977/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, exhibió copia certificada de diversos acuerdos, en los que destaca el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, por el cual la Junta responsable procedió hacer efectivo el apercibimiento a la parte actora y tuvo por no interpuesta la demanda entablada contra ********************, en el juicio laboral ********************; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa. Así se tiene que, al hacer efectivo el apercibimiento a la actora de tener por no interpuesta la demanda entablada en contra del demandado en el juicio natural, este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, en atención que ya no se puede requerir a la responsable emplazar a la parte demandada, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, si este dejó de subsistir en el mundo jurídico, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo; esto es, la autoridad responsable con libertad de jurisdicción, y como rector del procedimiento laboral, atendiendo que los domicilios proporcionadas por la actora para emplazar a la demandada eran incierto, previno al actor que señalara un nuevo domicilio donde emplazar al demandado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, tendría por no interpuesta la demanda contra el demandado en el juicio laboral ********************, lo cual como se desprende de autos, la Junta responsable lo hizo efectivo por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, y tuvo por no interpuesta la demanda contra el demandado ********************, siendo así ya no se puede ordenar emplazar a dicho demandado, al cambiar la situación jurídica. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa y acredita las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte, que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable; sin embargo, a criterio de quien resuelve, se advierte que a la fecha no se encuentra totalmente cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, en atención que, si bien es cierto la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, informa que notificó a la actora el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, por el cual le hace saber al actor la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/211/2019, y lo requiere para que señale uno nuevo donde pueda ser emplazada a dicho juicio, cierto también lo es que, no se advierte si a la fecha ya proveyó lo conducente sobre el emplazamiento del demandado, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que, en el término de tres días, contados a partir del momento en que queda legalmente notificada del presente proveído, de debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su caso informe lo siguiente: * Indique y acredite lo referente al emplazamiento del demandado en dicho juicio laboral 01/211/2019. * Informe si la actora dio cumplimiento a su acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, o si hizo efectivo sus apercibimientos. * Acredite las gestiones que se encuentra realizando en dicho juicio laboral para dar debido cumplimiento a la ejecutoria. Se apercibe a la Junta responsable, para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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