Pablo Hernández Hernández
Expediente 1683/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1683/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Hernández Hernández
- Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez; no ha informado lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo; requiérase nuevamente a la citada responsable, para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA) en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías que promueve Pablo Hernández Hernández, contra los actos reclamados al juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1683/2016. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición dela Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos que establecen dichos dispositivos legales. Es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. En el presente juicio de amparo, el promovente reclama la orden de desalojo, desocupación y entrega del inmueble ubicado en casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, Manzana Dos, del Fraccionamiento "Santa Elena", en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y su ejecución, dentro del expediente 547/2007 del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro. El quejoso Pablo Hernández Hernández, bajo protesta de decir verdad refiere que el uno de enero de dos mil dieciséis, celebró el contrato privado de arrendamiento, respecto a la casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, manzana dos, del fraccionamiento Santa Elena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Y para acreditar su dicho, exhibió el contrato privado de arrendamiento, celebrado entre Antonio Castañeda Martínez, como arrendador, y Pablo Hernández Hernández, como arrendatario, respecto a la casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, manzana dos, del fraccionamiento Santa Elena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Ahora bien, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio para el suscrito, la existencia del juicio de amparo número 99/2015, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito, promovido por Antonio Castañeda Martínez, a través de su apoderado legal Fernando Martínez Espinosa o Fernando Martínes Espinosa, contra actos del juez Tercero Civil del Centro y actuario o ejecutor adscrito, encargado del expediente 547/2007, consistentes entre otro en la orden de desocupación y entrega del inmueble ubicado en la casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, Manzana Dos, fraccionamiento "Santa Elena", Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y su ejecución; en dicho juicio de amparo se dictó sentencia el veintinueve de mayo de dos mil quince, sobreseyendo y negando el amparo y la protección de la justicia federal; que fue modificada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 388/2015, decretando el sobreseimiento en el citado juicio de garantías. En dicho amparo en revisión número 388/2015, en la parte que interesa, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa concluyeron lo siguiente: ".Ahora bien, al margen de las consideraciones que sostuvo el resolutor Federal en la sentencia recurrida, se advierte que la copia certificada del instrumento notarial número 10911 (diez mil novecientos once), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco), del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, que exhibió la parte quejosa es insuficiente para acreditar la afectación a su interés jurídico, para efectos del juicio constitucional, como se advierte del análisis de los documentos que exhibió la parte quejosa, ahora recurrente. . Cierto, el quejoso, aquí recurrente para acreditar su interés jurídico en el juicio constitucional, exhibió copia certificada de la escritura pública número 10911 (diez mil novecientos once), volumen número 165 (ciento sesenta y cinco), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, licenciado Jorge Winckler Yessin, relativo al contrato de compraventa celebrado el siete de mayo de dos mil trece, respecto de un lote de terreno y vivienda ubicado en la calle Puerto Escondido número veintitrés, manzana dos, del Fraccionamiento Santa Elena, en la jurisdicción del municipio de San Cruz Xoxocotlán (sic), Distrito del Centro, Estado de Oaxaca: con una superficie de 73.84 setenta y tres metros cuadrados con ochenta y cuatro centímetros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: . En atención a lo anterior, el juez de Distrito requirió al notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado, residente en esta ciudad, para que le remitiera copia certificada de la escritura pública número 10911 (diez mil novecientos once), de su protocolo, relativo al contrato de compraventa celebrado por JOEL ARTURO GALINDO MENDOZA (vendedor) y ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ (comprador); en cumplimiento a lo anterior, el citado fedatario público mediante oficio 169/2015, de treinta de abril de dos mil quince (foja 87 del juicio de amparo), remitió copia certificada del instrumento notarial requerido por el juez Federal; no obstante, de ésta se advierte que el contrato de compraventa relativo al bien inmueble materia de controversia, lo celebraron JOEL ARTURO GALINDO ESPINOZA (en su carácter de vendedor), y ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ (en su calidad de comprador). . De las imágenes insertas, se advierte lo siguiente: a) En la copia certificada del instrumento notarial número 10,911 (diez mil novecientos once), volumen 165 (ciento sesenta y cinco), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, que exhibió la parte quejosa para justificar su interés jurídico, se hace constar el contrato de compraventa celebrado entre JOEL ARTURO GALINDO MENDOZA (vendedor) y por otra, Antonio Castañeda Martínez (comprador), respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Puerto Escondido número veintitrés, Manzana dos, del Fraccionamiento Santa Elena, en la jurisdicción del Municipio de San Cruz (sic) Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca. En tanto que, en la copia certificada del instrumento notarial número 10,911 (diez mil novecientos once), volumen 165 (ciento sesenta y cinco), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, que el referido notario público remitió al juez de Distrito, se advierte que el contrato de compraventa celebrado entre JOEL ARTURO GALINDO ESPINOZA, con Antonio Castañeda Martínez (comprador), respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Puerto Escondido número veintitrés, Manzana dos, del Fraccionamiento Santa Elena, en la jurisdicción del Municipio de San Cruz (sic) Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca. b) Ambas son copias certificadas del instrumento notarial número 10,911 (diez mil novecientos once), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, Oaxaca (tanto la exhibida por el quejoso, como la remitida por el fedatario público que redactó el acto jurídico), pero no son idénticas en su forma, esto es, difieren en cuanto al continente del documento, lo que se aprecia a simple vista. c) En ambas copias certificadas de la escritura pública de que se trata el notario público no hizo constar que certificó haber tenido a la vista los documentos que le fueron presentados, pues, sólo asentó que tanto el vendedor como el comprador manifestaron: "está de paso por esta ciudad, con identificación previa"; y que: ". lo relacionado en este instrumento concuerda fielmente con lo manifestado de un modo expreso por los contratantes, así como los documentos que tiene a la vista todo a lo cual me remito", sin indicar cuáles son los documentos exhibidos por los comparecientes; lo cual en la especie resulta muy importante ante la discrepancia del segundo apellido de la parte vendedora, además a fin de observar lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, que dispone la forma y reglas que se deben observar para redactar las escrituras que contengan un acto jurídico como en la especie. d) No se indicó de manera expresa que los comparecientes a juicio de fedatario público gozan de capacidad natural y legal; o que éste se asegurara de esta circunstancia por medio de dos testigos o por medio de los documentos que al efecto hubieran presentado para acreditar su identidad y capacidad, dado que en el citado instrumento notarial no se hizo constar así, en términos de lo que dispone el artículo 63, fracción XIII, inciso f) de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca. e) Asimismo, en la copia certificada del instrumento notarial número 10,911 (diez mil novecientos once), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, Oaxaca (fojas 8 a 9 del juicio de amparo), exhibido por la parte quejosa, aparece que el comprador lo es ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ (aquí quejoso), asentándose los siguientes datos: . En tanto que, en el diverso instrumento notarial número 11735 (once mil setecientos treinta y cinco), del notario público número 35 (treinta y cinco), del Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, Oaxaca (foja 6 del juicio de amparo), se advierte que ante el citado notario, ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ compareció a otorgar poder notarial para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, para otorgar y suscribir títulos de crédito con sustitución total o parcial del mandato, irrevocable, para contratar consigo mismo, ilimitado, a FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, en el que se asentó lo siguiente: . Esto es, los datos asentados por el mismo notario público en los dos instrumentos notariales, en cuanto a los generales del aquí quejoso ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ, son totalmente divergentes. Las anteriores discrepancias, causan incertidumbre, para dilucidar de manera fehaciente que la copia certificada del instrumento notarial que exhibió el quejoso, resulte apta para acreditar su interés jurídico; pues no existe certeza que quien aparece como vendedor sea la misma persona a la que aluden dichas copias certificadas, además de que se genera duda en torno al documento que tuvo a la vista el notario público para acreditar la identidad de las personas que comparecieron ante él a realizar el acto jurídico de que se trata; lo que era imprescindible, al existir incongruencia entre el apellido del vendedor del inmueble materia de controversia, que resulta ser la parte actora en el juicio de origen, y respecto del cual asegura el quejoso fue quien le vendió el inmueble materia de controversia. . Y tomando en consideración que el interés jurídico debe quedar fehacientemente demostrado y no inferirse con base en presunciones, debe decirse que el instrumento notarial 10,911 (diez mil novecientos once), del protocolo del notario público número 35 (treinta y cinco) del Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, Oaxaca, que fue exhibido por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, en la especie, por las razones ya expuestas, no le favorece. ." De lo anterior, se concluye que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisión 388/2015, sobreseyó en el juicio, pues consideró que al existir discrepancias entre los datos asentados por el mismo notario público en dos instrumentos notariales, en cuanto a los generales del quejoso ANTONIO CASTAÑEDA MARTÍNEZ, causan incertidumbre, para dilucidar de manera fehaciente que la copia certificada del instrumento notarial que exhibió el quejoso, resultara apta para acreditar su interés jurídico. El ahora quejoso Pablo Hernández Hernández, refiere que celebró el contrato privado de arrendamiento, entre Antonio Castañeda Martínez, como arrendador, y Pablo Hernández Hernández, como arrendatario, respecto a la casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, manzana dos, del fraccionamiento Santa Elena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Luego, en el caso, en el contrato de arrendamiento que la parte quejosa exhibió para acreditar el interés jurídico que le asiste en la promoción del presente juicio de garantías, aparece como arrendador Antonio Castañeda Martínez, sin embargo, lo expuesto por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el amparo en revisión 388/2015, permite concluir que no se encuentra justificado el derecho que Antonio Castañeda Martínez, tiene para transmitir la posesión de la vivienda marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, manzana dos, del fraccionamiento Santa Elena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. En consecuencia, resulta evidente, que el ahora quejoso Pablo Hernández Hernández, carece de legitimación para promover el presente juicio, debido a que no se encuentra justificado el derecho que Antonio Castañeda Martínez (con quien celebró el contrato de arrendamiento), tiene para transmitir la posesión de la vivienda marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, manzana dos, del fraccionamiento Santa Elena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Aunado a que el citado Antonio Castañeda Martínez, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, promovió en este órgano jurisdiccional el diverso juicio de amparo 1645/2016, que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en que también reclamó la orden de desocupación y entrega del inmueble ubicado en casa marcada con el número veintitrés, de la calle Puerto Escondido, Manzana Dos, del Fraccionamiento "Santa Elena", en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y su ejecución, dentro del expediente 547/2007 del Juzgado Civil responsable, y bajo protesta de decir verdad, se ostentó propietario del referido bien inmueble, además, refirió que desde el siete de mayo de dos mil trece, tomó posesión del citado bien; lo que hace evidente que los antecedentes antes expuestos, son contradictorios a los que relata el quejoso Pablo Hernández Hernández, y como ya se indicó, el promovente del juicio no se encuentra legitimado para promover el mismo, pues ello indica que no es el poseedor del bien inmueble antes indicado. En tales consideraciones, al actualizarse por las razones expresadas, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, sin gozar de las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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