Pablo Hernández Gómez

Expediente 1770/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1770/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Hernández Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el escrito de cuenta firmado electrónicamente por * como asesora jurídica de * a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de diez de noviembre del año en curso. Téngase por desahogada la prevención realizada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del desahogo de prevención se obtiene que la parte quejosa reclama: La detención realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, en el caso estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que se reclama se encuentra consentido tácitamente. Esto es así, pues los citados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, se destaca que del desahogo de prevención que realiza la asesora jurídica del quejoso manifiesta que el acto reclamado es la detención realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós, asimismo, que actualmente ********************se encuentra sentenciado y compurgando su pena, esto es, dentro de un procedimiento. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Por tanto, como quedó evidenciado, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de marzo de dos mil veintidós, por ende, de conformidad con lo expuesto con antelación surtió efectos el diez siguiente; lo cual se corrobora con la manifestación expresa que realizó éste a la promovente "la ilegal detención realizada el día nueve de marzo del año dos mil veintidós en el interior de su domicilio". En ese sentido, el plazo de quince días con el que contaba el referido impetrante para presentar la demanda, transcurrió del once de marzo al uno de abril del mismo año, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue presentada el siete de noviembre de dos mil veintitrés, y presentada en la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Por tales motivos, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra el acto del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la asesora jurídica.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente el oficio de cuenta, a través del cual la encargada del Área de Amparo y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública informa que designó a Alejandrina Guzmán del Castillo, como asesora jurídica de Pablo Hernández Gómez y remite la aceptación y protesta del cargo conferido de la defensora en mención. DOMICILIO. Téngase como domicilio procesal el que señala, en términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. Respecto al correo electrónico y teléfono celular que señala, no pueden tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones por no estar previsto en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En ese tenor se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Leal Robles, José Arturo Belmonte Cruz, Rodrigo Campos Hernández, Pablo Rogelio Duran Arcuri y por autorizadas en términos restringidos a Graciela Martínez Ortiz y Martha González Rosas pues no se encontró registro de su cédula profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se hace del conocimiento a la parte quejosa que todas las notificaciones que se le deban hacer personales, se le harán por conducto de la defensora pública designada, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. SE LEVANTA RESERVA. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los cuales se advierte que se reservó la notificación del auto de diez de los cursantes, hasta en tanto obrará en el expediente en que se actúa la aceptación y protesta de cargo de la defensora, hecho que ya aconteció. En consecuencia, dese vista a la asesora jurídica con el citado acuerdo para lo que tenga a bien determinar. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la asesora jurídica el presente, así como el diverso de diez de noviembre de la presente anualidad; y personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión.

  3. Principal

    MESA V RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por********************, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese como como juicio de amparo 1770/2023-V. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Precise el acto en concreto que pretende reclamar; pues de la demanda no resulta clara tal circunstancia, debido a que en el apartado respectivo señala la sentencia condenatoria emitida por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Sin embargo, del contenido de la misma no se aprecia si el acto que reclama es: "emitido en la carpeta administrativa ********************" o "el juicio ********************" (sic), tal y como se aprecia de sus conceptos de violación. Por lo anterior, no es claro de dónde emana el acto que por esta vía se reclama, por ello, es dicha prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." SEGUNDO. Deberá precisar la etapa en la que se encuentra el juicio de origen de donde se desprende el acto reclamado y si en su caso, recurrió la resolución que combate. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que dé no cumplir con lo requerido en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. ASESOR JURÍDICO. Como lo solicito el quejoso ******************** y toda vez que se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión, requiérase al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de veinticuatro horas legalmente computados, designe a un Asesor Jurídico al aquí promovente, dentro del presente juicio de amparo, a efecto de que asuma la defensa y desahogue el apercibimiento. Apercibido de que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Por otro lado, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra recluido el peticionario de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. RESERVA NOTIFICACIÓN. Se reserva la notificación del presente acuerdo, hasta en tanto obre en el expediente en que se actúa la aceptación y protesta de cargo del defensor que se solicitó en párrafos que anteceden. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese como esta ordenado.

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