Pablo Hernández Cruz
Expediente 815/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pablo Hernández Cruz
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 27368/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que acepta la competencia declinada, por este juzgado de distrito; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico, tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado entre los órganos del Poder Judicial de la Federación el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2178, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2016852, bajo el rubro siguiente: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de octubre pasado, por las razones expuestas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por medio de lista de acuerdos. Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la lectura a la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el quejoso ******************** reclama del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, los actos siguientes: 1. La orden de localización e inmovilización de la cuenta bancaria Santander ********************, de la institución bancaria ********************, a nombre del quejoso. 2. La ejecución de la orden de localización e inmovilización de la cuenta bancaria Santander ********************, de la institución bancaria ********************, a nombre del quejoso. 3. Omisión de notificación al quejoso, de las causas o motivos tendientes a aplicar la orden de localización e inmovilización de la cuenta bancaria Santander ******************** de la institución bancaria ********************, a nombre del quejoso. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, enviadas por el juez responsable en justificación de sus actos, se desprende que giró el oficio 891, de trece de marzo de dos mil dieciocho, librado dentro del juicio ordinario civil ********************, promovido por la tercera interesada ********************, dirigido a la la institución bancaria ********************, a fin de que retuviera, en caso de existir dinero, las cuentas bancarias de cualquier tipo o denominación a nombre del aquí quejoso, en su carácter de liquidador de ********************, entre las que se encuentran, la cuenta bancaria ********************. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo previsto por el numeral 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador estima carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de acuerdo con lo siguiente: Las reglas de competencia para que un juez de distrito se avoque al conocimiento de una demanda de amparo, se encuentran reguladas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se advierte, el numeral transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) El amparo contra actos u omisiones de autoridad se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto motivo del reclamo de la protección de la Justicia Federal, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia de amparo. En tales términos, la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Como se adelantó, la parte quejosa, en esta vía constitucional, reclama la inmovilización de la cuenta bancaria ********************, y la omisión de notificarle los motivos y/o causas que determinaron dicha inmovilización. Lo anterior, con motivo del oficio 891, de trece de marzo de dos mil dieciocho, librado dentro del juicio ordinario civil ********************, promovido por la tercera interesada ********************, ejecutado en la institución bancaria ********************. En consecuencia, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que la inmovilización de la cuenta bancaria de mérito se ejecutó en la institución bancaria ********************, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, fracción VII, párrafo segundo, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Veracruz, Veracruz. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 74/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 369, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161677, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis aislada I. 15o.A.41 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 162635, de rubor y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original al citado Juez de Distrito, un tomo de prueba y dos cuadernos incidentales concluidos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitándose el acuse de estilo. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba prevista para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Pablo Hernández Cruz, mediante el cual solicita le sean expedidas copias certificadas de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión; al respecto, dígasele al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que por acuerdo de treinta y uno de octubre del presente año, este juzgado de distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo principal del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, remitiéndose a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, junto con un tomo de pruebas y los cuadernos incidentales; de ahí la imposibilidad material de expedir las copias solicitadas.
- Incidental
[...] se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva que solicita *****, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en este. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva que solicita *****, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, atento a las consideraciones vertidas en el último considerando de la presente resolución.
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