Pablo Hector Bolio de Ocampo
Expediente 1633/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1633/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Hector Bolio de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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mesa I. Agréguense como legalmente corresponda, el informe justificado suscrito por Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, es la omisión de dar contestación al ocurso de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que solicitó se designe otro perito en la prueba histórica antropológica en rebeldía de la parte demandada "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al ocurso de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que solicitó se designe otro perito en la prueba histórica antropológica en rebeldía de la parte demandada "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el Juzgado responsable, por determinación de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, indicando que se designó a Rito Manuel Ramírez Carrillo y a Juan Emilio Carrillo González como peritos en rebeldía de la parte demandada "INMOBILIARIA Y URBANIZADORA DE LA PENÍNSULA", Sociedad Anónima de Capital Variable, para las pruebas periciales, el primero, en materia de Impacto Ambiental y el segundo, para la pericial Histórica Antropológica, en autos del cuaderno de prueba "I", derivado del juicio ordinario civil número 576/2016; mismo proveído que fue notificado a la parte quejosa, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dos de diciembre de dos mil diecinueve. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haberse emitido el proveído respectivo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se dio contestación al ocurso de la parte quejosa de veintiuno de octubre de esta anualidad, y se accedió a nombrar a peritos en rebeldía de la parte demandada, para el desahogo de pruebas periciales en el cuaderno de prueba "I", derivado del juicio ordinario civil número 576/2016, cesó en sus efectos la omisión reclamada. En consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por la parte solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Juez responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del ocho de enero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA I. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado a la parte tercero interesada "Construcasa.com", Sociedad Anónima de Capital Variable e "Inmobiliaria IUPSA Denominada Inmobiliaria Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse a la referida parte tercero interesada, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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III.-Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el escrito de Christopher Sosa Cuevas, autorizado del quejoso Oswaldo González de Cáceres, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista que se le dio en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por lo anterior, se difiere la audiencia que resolverá la repetición del acto reclamado planteada por la parte quejosa señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración
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MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Héctor Bólio de Ocampo, quien se ostenta mandatario judicial de Joaquín Alfonso Chan Canché, Alberto Rogerio Chan Canché, Alejandro de Jesús koyoc Chab también conocido como Jesús Alejandro Koyoc Chab, Fausto Alberto Canul Canché, José Audomaro Chan y Chan también conocido como José Audomaro Chan Chan, Demetrio Sulub Muñoz, Manuel Jesús Chan Canché, y José Alejandro Sulub Can, contra acto que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ahora, se le tiene por reconocida la personalidad de mandatario judicial de los directos quejosos, con que se ostenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo; lo que se corrobora con la copia del documento que adjuntó el promovente a su demanda de amparo, y del que bajo protesta de decir verdad manifestó ser cierto, de la que se aprecia que la responsable reconoció al ocursante, dicha personería, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien días de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se estima que les recae el carácter de tercero interesados en este juicio a "Construcasa.com", Sociedad Anónima de Capital Variable, e Inmobiliaria IUPSA Denominada Inmobiliaria Urbanizadora de la Península, Sociedad Anónima de Capital Variable atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de la Materia, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se constituya para notificar a "Construcasa.com", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, en el predio número cuatrocientos ochenta y seis letra "B", de la calle veintitrés, por veinticinco de la Colonia Alcalá Martín, en esta ciudad, y a IUPSA Denominada Inmobiliaria Urbanizadora de la Península, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, en el predio número quinientos letra "C", de la calle treinta y nueve, por cincuenta y ocho y sesenta de la colonia Centro, en esta ciudad, proceda a emplazarlos con la entrega de copia de la demanda, así como del presente acuerdo, haciéndoles saber que pueden apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesado, si así le conviniere, en defensa de sus derechos; asimismo, prevéngaseles para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de este acuerdo, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Asimismo, téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones a Manuel Iván Tzec Alonzo en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue a Pablo Héctor Bólio de Ocampo, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario que es: "reymister21", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con su nombre de usuario "reymister21", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los citados usuarios. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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