Pablo Guzmán Escandón
Expediente 612/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Pablo Guzmán Escandón
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los cuales se advierte que ha fenecido para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado el ocho de agosto del presente año que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el nueve de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que por proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Secretario Encargado del Despacho, se determinó la suspensión de labores en este órgano jurisdiccional, a partir de las quince horas de la data en comento, hasta las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del cinco de agosto siguiente, en razón de la tormenta tropical "EARL"; lo anterior en el entendido que no corrieron términos en esa data, al respecto se tiene lo siguiente: Vista la diligencia de ratificación con la que se da cuenta, de la cual se advierte que el cinco de agosto de esta anualidad (foja), compareció en las instalaciones de este órgano jurisdiccional el quejoso Pablo Guzmán Escandón, y ratificó la firma del escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de distrito, y se provee: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Pablo Guzmán Escandón, por el cual en cumplimiento a la prevención formulada por auto de dieciocho de julio de los corrientes (fojas 35 a 36), remite cinco copias de la demanda de amparo; por tanto se tiene por cumplida la prevención impuesta. Desechamiento Ahora, resulta pertinente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte promovente acude a la sede constitucional a reclamar de las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, el Decreto 406 por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, específicamente los artículos 206, último párrafo, 212, 252, 256 y 259, en las partes relativas a la penalidad. Puntualizado el acto reclamado, el suscrito considera que el juicio de amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente, ya que las disposiciones normativas cuya constitucionalidad se pretenden combatir a través del juicio de amparo, por sola entrada en vigor no causan perjuicio, ya que los artículos que fueron modificados se tratan de normas de carácter heteroaplicativas, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. A fin de demostrar lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Por otra parte, tratándose de leyes, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Es decir, que de conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: a) existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenece a esa colectividad. Ahora, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz, "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Precisado lo anterior, los artículos 206, último párrafo, 212, 252, 256 y 259, reformados mediante el Decreto 406, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, son del tenor siguiente: "CAPITULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 206.- Se regulan en este Título los delitos cometidos por servidores públicos. (REFORMADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) Para los efectos de este Código, servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, Municipal, Descentralizada, Paraestatal, Fideicomisos y Organismos Constitucionales Autónomos. Los Servidores Públicos que cometan alguno de los delitos previstos en el presente Título, además de las penas de prisión y de multa que en cada caso se señalen, serán privados del cargo y quedarán inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, hasta por el mismo tiempo que el señalado en las penas privativas de libertad, a partir de la extinción de ésta. (ADICIONADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) Los delitos previstos en este Título, sólo podrán perseguirse por querella de la parte ofendida, con excepción de aquellos en los que se disponga lo contrario. (.) Artículo 212.- Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del Estado y Municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Las mismas penas se aplicarán al que, a sabiendas, adquiera indebidamente o haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Artículo 252.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron conferidos: I.- Obtenga bajo cualquier pretexto, para sí o para cualquier persona, parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, dádivas y otros servicios; II.- Obligue a terceros a realizar negocios jurídicos que reporten beneficio económico para sí o para cualquier otra persona; III.- Obligue a uno de sus subalternos a que le entreguen fondos, valores o cualquier otra cosa que se haya confiado a éstos y se los apropie o disponga de ellos indebidamente por interés privado, o sea en su favor o de cualquier otra persona; IV.- Realice en provecho propio o de cualquier otra persona, actos de desposesión de bienes a un particular; (REFORMADA, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) V.- Satisfaga indebidamente algún interés propio o de cualquier persona, o incurra en situación de enriquecimiento ilícito, legalmente comprobado. Se presume que existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el servidor Público se encuentra en el desempeño de su cargo, o al separarse de él por haber terminado el período de sus funciones o por cualquier otro motivo estuviera en posesión de bienes, sea por sí o por interpósita persona, que sobrepase notoriamente las posibilidades económicas de acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio, por razón del importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios." "CAPITULO II PECULADO (REFORMADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) Artículo 256.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa, al Servidor Público, comisionado o persona encargada de un servicio público Estatal o Municipal, centralizado o descentralizado, que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al Organismo Centralizado o Descentralizado, al Municipio o a un particular, si por razones de su función o cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa." "CAPITULO IV INTIMIDACION (REFORMADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2016) Artículo 259.- Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o por un tercero, denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de un delito, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa." Como se advierte de la trascripción, las porciones normativas se tratan de normas penales cuyo contenido, es de naturaleza heteroaplicativa, porque la actualización del agravio o perjuicio que pudiera generar, sólo puede derivar de un acto concreto de autoridad, sin que la estructura normativa interna de éstas sea estigmatizador, impidan el acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, para considerar que causan algún agravio al promovente con su sola existencia. Es así porque las normas penales son de naturaleza heteroaplicativa, porque son normas de individualización condicionada, que establecen presupuestos de hecho, vinculados con una consecuencia que no es inmediata o de autoaplicación y, por ello, con su sola entrada en vigor, no transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En esa tesitura, de la lectura de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente pretende impugnar las referidas disposiciones por su sola entrada en vigor, ya que considera inconstitucional que se estableciera la formulación de querella como requisito para perseguir los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, y que se hayan reducido las que serán aplicables a los funcionarios que comentan los delitos previstos en los artículos 212, 256 y 259 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, así como que el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación; sin embargo, esos argumentos no son suficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues para que se actualice un agravio personal y directo al promovente, es necesario no sólo que se coloque en el supuesto de hechos previstos por la normas, sino que la autoridad judicial competente realice un pronunciamiento preliminar o definitivo, en cuanto a esa adecuación, es decir, emita un juicio sobre la tipicidad, que es una de las tres categorías que, junto con la antijuridicidad y la culpabilidad, permiten estimar como delictiva una conducta. Es así, porque ningún agravio causa al promovente que establezca como requisito de procedibildiad que se formule querella, ya que éste no es exigible en todos los delitos la administración pública cometidos por servidores públicos, ni se trata de una carga desproporcional que impida el acceso a la jurisdicción, y tampoco causa agravio alguno las previstas en las citadas normas, pues éste sólo existirá hasta que sean aplicadas en su perjuicio por alguna autoridad judicial. Apoya lo considerado, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DISOLUCION SOCIAL. EL ARTICULO 366 DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE LO CREA, NO ES AUTOAPLICATIVO. El Decreto Número 54, de fecha 31 de julio de 1962, del Congreso de Chiapas, en su parte relativa al artículo 366, que crea el delito de disolución social en el Código Penal del Estado, por su sola promulgación no ocasiona perjuicio en razón de no ser autoaplicativo, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente al no satisfacerse el requisito previsto en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, advirtiéndose que con mayor claridad se expresa en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente, contra leyes que, por su sola expedición, no causan perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de autoridad para que se origine. Se comprende con mayor claridad lo anterior, al examinar que el precepto citado evidentemente requiere de actos de aplicación específicos, como son el hecho de que se practique una averiguación previa por el Ministerio Público y que se ejercite acción penal en contra de aquél a quien se estime presunto responsable de la comisión del delito previsto en el artículo citado." Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XVI.2o. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, cuyo contenido literal es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna." La anterior determinación no contraviene la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que como se expuso la falta de agravio salta a la vista de la lectura de la demanda de amparo ante la ausencia de algún acto concreto de aplicación, de ahí que, admitir la demanda de amparo atentaría contra el principio de pronta impartición de justicia reconocido en el artículo 17 Constitucional, retardando la resolución de asuntos, cuyo sentido no podría ser modificado aun cuando se admitiera a trámite la demandada de amparo. En consecuencia, el suscrito considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la referida legación se desecha de plano la demanda en cuestión. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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