Pablo Godinez Cabrera
Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pablo Godinez Cabrera
Actuaciones
- Principal
Así pues, el uno de marzo de dos mil veintiuno culminó la vigencia del acuerdo señalado en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Del estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que no fue recurrido dentro del término legal, el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda promovida; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 6°, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Atendiendo al numeral 21, inciso d), del referido Acuerdo General, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; y dicha determinación fue confirmada por la superioridad; aunado a que no existen documentos originales. En veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente y regístrese con el número 624/2020-I.2, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso **, al aducir que fue informado que sería trasladado a otro centro de reclusión, se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. Por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama.Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado de un Centro de Reclusión del que se encuentra interno a otro. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado ***, de esta ciudad y, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema de Registros de Profesionales del Derecho, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente y regístrese con el número 624/2020-I.2, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso **, al aducir que fue informado que sería trasladado a otro centro de reclusión, se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. Por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama.Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado de un Centro de Reclusión del que se encuentra interno a otro. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado ***, de esta ciudad y, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema de Registros de Profesionales del Derecho, como se obtiene de la certificación secretarial de cuenta.
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