Pablo German Morales
Expediente 625/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Pablo German Morales
Actuaciones
- Principal
... Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito... anexa testimonio de ejecutoria pronunciada en el recurso de queja laboral 67/2020, relativo al juicio de amparo indirecto 625/2020, mismo que también devuelve, habiéndose declarado infundado el recurso de queja interpuesto por el apoderado legal de los actores Pablo German Morales, Ignacio Zárate Espinoza, Rosario Corral Córdova y Juan Mendoza Marín... visto el estado que guardan los autos, se advierte que el expediente en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo vigente, aplicado en sentido contrario, se ordena archivar este expediente como asunto concluido...
- Principal
Se agrega oficio mediante el cual informan que se admitió recurso de queja...
- Principal
SE AGREGA ESCRITO, SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE QUEJA...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO MARCO ANTONIO MÉNDEZ MONTOYA, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO LEGAL DE LOS ACTORES PABLO GERMÁN MORALES, IGNACIO ZÁRATE ESPINOZA, ROSARIO CORRAL CÓRDOVA y JUAN MENDOZA MRÍN, EL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Marco Antonio Méndez Montoya, quien se ostenta como apoderado legal de los actores Pablo German Morales, Ignacio Zárate Espinoza, Rosario Corral Córdova y Juan Mendoza Marín, en el juicio laboral 137/2002 del índice de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, personalidad que acredita con las constancias que anexa a su escrito inicial de demanda. Formación y registro de expediente En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 625/2020 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. De acuerdo con dicha disposición legal, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia obtenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo; disposiciones legales que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del primer dispositivo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De la interpretación en sentido contrario del diverso numeral se desprende que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no puedan ser considerados como de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, una ejecución de imposible reparación debe entenderse como una afectación inmediata de alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Consecuentemente, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un agravio de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a alguno de los derechos sustantivos aludidos. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama la determinación emitida por la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cinco de agosto de dos mil veinte, en la que se declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones dentro del expediente laboral 137/2002. Así, de la narrativa de los antecedentes y de los conceptos de violación que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa vertió en su demanda de amparo, se desprende que a través del proveído que en esta vía de amparo se impugna, la autoridad responsable declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por el apoderado legal de la persona moral Servicios de Almacenamientos del Norte, sociedad anónima, en virtud de que carece de fundamentación y motivación. En este contexto, se tiene que dicha determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la premisa enunciada. Ciertamente, en virtud de que la resolución de cinco de agosto de dos mil veinte, se pronunció respecto de juicios laborales en el que se encuentran pendiente dictar el laudo correspondiente que pueden resultar favorables a la parte quejosa y así no trascender la violación que alega. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo, impugnando la determinación de que se duele, en su caso, como violaciones procesales. En efecto, el artículo 107 constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. Así, es claro que la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, está supeditada a aquellos actos que materialmente violen derechos sustantivos. Por tanto, si las consecuencias de la determinación reclamada son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, se concluye que la determinación en estudio, esto es, el acuerdo dictado en cinco de agosto de dos mil veinte, en el juicio laboral 137/2002, del índice de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no cumple con los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido del laudo que ponga fin a juicio. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número IX.1o. J/10, de rubro y texto: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. En esa tesitura, es claro que el juicio de derechos fundamentales que se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V (a sentido contrario), de la Ley de Amparo, motivo por el cual se desecha la demanda. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manuel Z. Cubillas número 48 entre Bravo y Ocampo, colonia Centenario, de esta ciudad. Ahora, se tiene a Jesús Alfredo Robles Martínez, por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."
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