Pablo García Acosta
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pablo García Acosta
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido... Finalmente, tomando en consideración que en la sentencia emitida en el presente juicio se impuso a Edgar Augusto Siqueiros Fernández, quien funge como Presidente de dicha Junta y es el representante de dicho órgano colegiado, una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), por lo que su total corresponde a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior por no haber rendido su informe justificado pese a estar debidamente notificado para ello y de autos se advierte que a la fecha de la presente determinación no ha sido presentado tal informe; por tanto, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Servicio de Recaudación de Guerrero "1", con sede en Guerrero, en esta ciudad, para que proceda, o bien, ordene a quien corresponda hacer efectiva la referida multa Edgar Augusto Siqueiros Fernández, con domicilio en avenida Costera Miguel Alemán, número 315, segundo piso del Palacio Federal, colonia centro, código postal 39300, en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 587/2021, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el once de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Pablo García Acosta, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La omisión de las autoridades responsables para llevar a cabo el emplazamiento a las demandadas en presente juicio." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 587/2021; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un acto omisivo suscitado dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Pablo García Acosta, reclama la omisión de dictar las medidas necesarias a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demanda en el juicio laboral 197/2020. TERCERO. Presunción de certeza de la omisión reclamada. El Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado en representación de la aludida Junta, no obstante de habérsele solicitado con toda oportunidad, según se advierte de la constancia de notificación relativa al oficio 8617/2021, de doce de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se le requirió; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumir cierto el acto reclamado. CUARTO. Improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye una omisión suscitada dentro de un juicio laboral), no así el interés jurídico del quejoso, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de garantías en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir omisiones como las reclamadas, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que ?como en el caso?, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la Junta responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que la carga le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. Decisión De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". QUINTO. Multa. Como la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello el trece de mayo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento de doce de mayo de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone a Edgar Augusto Siqueiros Fernández, quien funge como Presidente de dicha Junta y ser el representante de dicho órgano colegiado multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), por lo que su total corresponde a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); misma que deberá hacerse efectiva por la Encargada de la Administración Desconcentrada de Recaudación 1, del Servicio de Administración Tributaria, residente en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 41/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad u objeto de la multa en comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que impone a la responsable el artículo 178 de la Ley de Amparo, sino sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda de amparo. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, sea en un apartado de la resolución que se emita al resolver la queja, o en una diversa resolución, incluso un auto emitido por el Magistrado que presida el tribunal colegiado que conozca del asunto, pues la sanción opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de infracción a la ley. En esa medida, aun ante el hecho de que el recurso de queja en comento pudiera estimarse que habría de quedar sin materia, por la atención ulterior que la autoridad responsable efectúe de los lineamientos que le impuso el legislador en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, y que se llegara a demostrar en el informe de queja que debe rendir en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 101 de ese mismo ordenamiento; legalmente no puede permitirse que por ese mero y eventual cumplimiento, que, de cualquier modo, aconteció fuera de plazo, se permita a la autoridad responsable evadir la imposición de la multa condigna que le debe ser impuesta por haberse ubicado previamente en el supuesto de infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al haber dejado de actuar en su debida oportunidad, en plena concordancia a los lineamientos relativos que le impone el numeral 178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe agregar que la observancia ulterior de tales lineamientos, sólo implica que en el caso particular de que se trate, ya no se le exija a la autoridad responsable, más en modo alguno, puede seguirse de ello una dispensa de la sanción prevista para el caso de inobservancia de esa disposición legal. No puede desatenderse que el obstáculo a la prosecución de la instancia de amparo entraña infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ni que el artículo 1º de esta, por un lado impone a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y; por otro, su mandato en el sentido de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 587/2021, promovido por Pablo García Acosta, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Como se estableció en el considerando último de esta sentencia, se impone al Presidente de la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza y da fe.
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