Pablo Gabriel Zuñiga Garza y Otros.
Expediente 1143/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Pablo Gabriel Zuñiga Garza y Otros.
- Pablo Gabriel Zuñiga Garza
Actuaciones
- Principal
... Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Gabriel Zúñiga Garza, contra actos del Presidente Municipal de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1143/2018-V. Previamente al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Entonces de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al estudio íntegro de la demanda de amparo, de donde advierte que la parte quejosa reclama esencialmente del Presidente Municipal de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y otras autoridades el acuerdo, orden de exclusión y destitución definitiva de su fuente de trabajo como empleado de dicha administración. En ese sentido, este Juzgado, estima que debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 del ordenamiento legal invocado, los cuales en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En concordancia a la anterior disposición, los diversos artículos 1°, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescriben: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" [Énfasis propio] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [...]" [Énfasis propio] De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la ejecución de la acción constitucional, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, registro 199459, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, del numeral 5° transcrito se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos fundamentales, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, registro 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de conformidad con el precepto 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, tratándose de particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Tiene aplicación a lo anterior la tesis I.1o.A.13 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1887, del Tomo II, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005986, que a continuación se transcribe: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule." Por consiguiente, si los actos de los particulares señalados como autoridades responsables no reúnen los requisitos antes mencionados, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que los promoventes tengan el carácter de gobernados y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares, cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. En la especie, como quedó establecido, la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente Municipal de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y otras autoridades el acuerdo, orden de exclusión y destitución definitiva de su fuente de trabajo como empleado de dicha administración. Sobre esa base, debe destacarse que la relación jurídica que une a la quejosa con el Presidente Municipal de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; es de naturaleza laboral, pues tales actos reclamados no lo hace con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para evidenciar tales aspectos, resulta oportuno indicar que del análisis integro de la en el capitulo de hechos o abstenciones del acto que reclama, la promovente refiere bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "1.- El quejoso como lo justifico soy empleado del H. Ayuntamiento de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y tal es el caso que desde el día 1 de octubre del presente año que inició la nueva administración municipal seguí presentándome a laborar, no se me pagó la primer quincena del mes octubre diciéndome las responsables que se me pagaría hasta el ultimo día junto con la segunda quincena; sin embargo no fue así manifestándome las responsables que esperara indicaciones. 2.-Tal es el caso que en fecha uno de noviembre las responsables ejecutorias de forma verbal me dicen que fui dado de baja y excluido de la nómina de pago como empleado municipal, causándome dicho acto arbitrario un estado de intensión y perjuicio a mis derechos humanos." Sic. Visto lo anterior, se afirma que en el presente asunto se actualiza tal causal de improcedencia porque de los antecedentes precisados en la demanda de amparo, narrados bajo protesta de decir verdad, manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que además constituye un requisito para la formulación de demanda en los términos del artículo 108 de la referida Ley de Amparo. Ahora bien, la conducta que se duele el peticionario de amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se les haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y como en el presente caso laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así pues, cualquier decisión que adopte el Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, en su carácter de patrón, con relación a sus empleados, no constituye un acto de autoridad, sino precisamente de un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. Por tanto, el acto que se atribuye al Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, consistente en acuerdo, orden de exclusión y destitución, para el efecto del juicio de amparo, no constituye no constituye un acto de autoridad, pues está relacionados con aspectos laborales, de ahí que dicho acto evidencia la relación laboral existente y en vía de consecuencia el acto tildado de inconstitucional, no es emitido por autoridad dotada de imperio, sino como consecuencia de una relación laboral que sostiene con el quejoso. Al respecto resulta oportuno traer a contexto a manera de ilustración el contenido de los artículos 20, 21 y 82 de la Ley Federal del Trabajo los cuales establecen: Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. De ahí que, queda patente que la relación jurídica que une a la quejosa con la autoridad señalada como responsable (Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas) no es de supra a subordinación, pues tales actos reclamados no los hacen con su potestad de autoridad, sino con el carácter de empleador que rige las relaciones de ese órgano con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por los conceptos jurídicos que contiene, apoya lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 18 de marzo de 2016, Materia Común, Décima Época, registro 2011298, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De ese criterio jurisprudencial, válidamente se puede llegar a concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en una relación de coordinación de la quejosa con las potestades señaladas como responsables. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre la quejosa con su empleador, como bien pudiera ser el despido de su fuente de trabajo que desempeña, lo cual se pudiera traducir en un problema laboral, en su caso puede ser controvertido, mediante un procedimiento laboral ante la autoridad competente. Lo anterior, tiene sustento en lo establecido en los artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas en donde de panera precisa se establece lo siguiente: ARTICULO 1o.- La presente ley rige las relaciones de trabajo entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y sus trabajadores, excluyéndose aquellos que por su sistema de trabajo se rijan por sus propias disposiciones legales. ARTICULO 2o.- Se entiende por trabajador a toda persona física que preste sus servicios de manera permanente o transitoria, material o intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o contrato celebrado, bajo la dependencia técnica o administrativa del Gobierno del Estado de Tamaulipas. ARTICULO 3o.- Desde el momento en que al trabajador se le otorgue el nombramiento o contrato respectivo, se entiende por establecida la relación jurídica por la presente ley. ARTICULO 100.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios residirá en la capital del Estado y será competente para: I.- Conocer los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus Trabajadores, buscando en todo momento proponer la solución, a través de la conciliación de las partes;..." De ahí que, devenga oportuno concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda, como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con esa potestad. De igual forma es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el 01 de abril de 2016, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre la quejosa con su empleador, como bien pudiera ser el reconocimiento de derechos laborales, o como en el caso la remoción en sus funciones que venía desempeñando como empleado del Ayuntamiento de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, lo cual se puede traducir en un conflicto laboral que puede ser controvertido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios del Estado de Tamaulipas. Apoya lo anterior la tesis XXVII.3o.4 L (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, página 1619, Materia Laboral, Décima Época, registro 2007147, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL O MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", estableció que los organismos descentralizados no pertenecen al Poder Ejecutivo, a pesar de que formen parte de la administración pública en su faceta paraestatal, pues además de contar con una estructura separada del aparato central, tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Partiendo de dicha premisa, determinó que si bien las relaciones laborales de los Poderes de la Unión y sus trabajadores se encuentran reguladas por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta circunstancia no resulta admisible tratándose de aquellas que se presenten entre los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores por no formar parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial; construcción jurisprudencial que se ha hecho extensiva a los niveles estatal y municipal, según se advierte de los criterios sustentados tanto por el propio Tribunal Pleno como por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la tesis P. XXV/98 y jurisprudencia 2a./J. 214/2009, respectivamente. En tales condiciones, se concluye que los conflictos laborales suscitados entre organismos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo y sus trabajadores; o bien, entre sus Municipios y aquéllos, indefectiblemente tienen que dilucidarse ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje correspondiente, sin que exista posibilidad de que las partes elijan someterse a una jurisdicción diversa, o bien, que aquélla decline su competencia a favor del tribunal burocrático, en virtud de que éste carece de competencia constitucional para conocer de controversias ajenas al régimen de excepción que le es propio. Soslayar lo anterior, incidiría gravemente en perjuicio del trabajador, al adoptarse una legislación diversa a la Ley Federal del Trabajo, trastocándose los elementos de una relación laboral ordinaria en una burocrática como son: los sujetos que pueden intervenir en el juicio laboral; las prestaciones que pueden reclamarse; la estabilidad en el empleo; los documentos base de la acción; el planteamiento de la litis e, incluso, las cargas procesales, lo cual vulneraría los derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción, de legalidad y de seguridad jurídica." De igual forma, resulta aplicable al caso la tesis, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 219, Materia Laboral, Octava Época, registro 207937, de rubro y texto: "COMPETENCIA. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. A EL Y NO A LA JUNTA LOCAL CORRESPONDE CONOCER DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO ENTRE DICHO MUNICIPIO Y SUS SERVIDORES, AUNQUE ESTOS SEAN DE CONFIANZA. De acuerdo con el artículo 115, último párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, cuyo apartado B estatuye en sus fracciones VIII, IX, X, XI y demás relativas, los derechos de los servidores de base, y en las fracciones XI y XIV, principalmente, los derechos de los servidores de confianza, instituyendo un tribunal jurisdiccional para dirimir los conflictos individuales, sin que en este aspecto excluya a los de confianza. Por tanto, la demanda planteada por un servidor de confianza al Municipio de Puebla en contra de éste, con motivo de la relación del servicio, debe ser conocida y resuelta por el Tribunal de Arbitraje de dicho Municipio y no por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aunque la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla los excluya por no ser de base, en virtud de que de los preceptos constitucionales mencionados no se desprende tal distinción, máxime si se toma en cuenta que una cosa es la competencia del tribunal que es lo que se dirime, y otra lo procedente o fundado de la acción deducida." En las relatadas condiciones, no puede estimarse que al Ayuntamiento de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, se le pueda atribuir actos u omisiones como autoridad en los términos expuestos en el cuerpo del presente auto, por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° fracción I y 5º fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en la demanda de amparo y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Lucio Chávez Salazar, al contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes
- Pablo Alberto Garza Hernández830/2014
- Pablo Alfonso Rodríguez Marín192/2018
- Pablo Antonio Navarro Lone488/2023
- Pablo Arnoldo Muñoz Herrera1965/2022
- Pablo Enrique Pecina Mata439/2022
- Pablo Enrique Pecina Mata2053/2022
- Pablo Garza Herebia678/2017
- Pablo Garza Herebia394/2017
- Pablo Gómez Rodriguez159/2015
- Pablo González Bernal969/2020
- Pablo Hernández Alvarado376/2015
- Pablo Hernández Alvarado14/2016