Pablo Francisco Ceballos Velasco

Expediente 1214/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1214/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Pablo Francisco Ceballos Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe ***, por propio derecho, contra actos que atribuye al Procurador General de Justicia del Estado de Colima y otras autoridades. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 1214/2019-7. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). Con fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1, 2, 12, 35, 37, 107, y 115 al 117 de la ley, se admite a trámite la demanda. En términos del artículo 115, primer párrafo, de la ley, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para que se verifique la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la ley, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión.

  2. Incidental

    Vista la reproducción certificada del acuerdo dictado el día de hoy en el expediente principal y la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del estado de Colima y otras. Como se ordenó en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 131, 138 y 140 a 143 de la Ley de Amparo (en adelante la ley), tramítese el incidente de suspensión. Con apoyo en los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley, pídase informe previo a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. De conformidad con el numeral 138, fracción II de la ley, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 162, 163, 165 y 166 de ley, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados. 1) Respecto a las autoridades responsables administrativas, si el acto reclamado es de aquellos que se hacen consistir en: a) Orden de detención, presentación y/o comparecencia o cualquier otro de naturaleza análoga, que tenga por objeto que la parte quejosa desahogue diligencias ministeriales a su cargo, dentro de la carpeta de investigación, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las responsables se abstengan de hacer comparecer ante su presencia a la parte quejosa y, por consiguiente, no se le obligue por ningún medio a presentarse ante ellas con esa finalidad, hasta en tanto reciban notificación sobre la suspensión definitiva solicitada. b) Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte quejosa por cumplimiento a una orden de detención, y se encuentre a disposición del Ministerio Público, se concede la suspensión provisional para el efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. c) Si se le pretende privar de la libertad por orden de detención del Ministerio Público, en caso urgente, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión producirá el efecto de que si la parte quejosa es privada de la libertad, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente, de conformidad con el artículo 165 de la ley. 2) Ahora, por lo que hace al acto reclamado, mismo que es atribuido a autoridades responsables del orden judicial penal, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados: a) Si la orden reclamada se refiere a algún delito que implique prisión preventiva oficiosa enlistado en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el sólo efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se recluya, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Estas medidas de aseguramiento de la parte quejosa se adoptan a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable ordenadora en caso de no concedérsele el amparo. b) Si se trata de orden de aprehensión dictada por autoridad competente, por delito que según la legislación penal aplicable no implique prisión preventiva oficiosa, para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Sin que esta medida suspensional impida que la parte quejosa comparezca ante la autoridad que lo requiera para la celebración de las diligencias condignas, toda vez que el procedimiento penal no puede ser suspendido, ya que su trámite es de orden público y la sociedad y el Estado están interesados en que se investigue la posible comisión de un delito; así como que imposibilite, en caso de tratarse de un procedimiento llevado a cabo respecto a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio oral, se presente a la audiencia inicial una vez sea citado, dado que ese acto por sí solo no afecta la libertad personal del quejoso. Con fundamento en el artículo 136 de la ley, la medida cautelar surte sus efectos desde su emisión, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. Condiciones para que surta efectos la suspensión otorgada. A. Garantía. Con fundamento en el artículo 136, en relación con el 168, ambos de la ley, se exige a la parte quejosa que exhiba, dentro del plazo de cinco días, una garantía por la cantidad de cinco mil pesos ($5,000.00) en cualquiera de las formas legales y a satisfacción de este Juzgado de Distrito. En el entendido de que dicha garantía se fija con fundamento en el citado artículo 168, tomando como datos los siguientes: 1) Que las autoridades que designó como responsables son del fuero común. 2) Que por el momento no se tiene conocimiento de la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que se libró el acto privativo de la libertad contra la parte quejosa. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida parte quejosa, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. 4) No se advierte posibilidad alguna de que se sustraiga de la acción de la justicia. La garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con esta medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte de la quejosa en relación con la indagatoria o proceso que se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal y los objetivos propios de la persecución de los delitos, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Lo anterior, al margen de que las autoridades responsables ordenadoras en su informe previo, deberán precisar: - La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa (aquí deberá expresarse el monto de la reparación del daño). - La situación económica de la misma y, - La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Datos estimativos que deberán proporcionar las autoridades responsables al emitir el informe previo que se requiere, para que al momento de pronunciarse respecto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, se pueda determinar el monto de garantía a fijar en la interlocutoria respectiva, ya que en el momento de la presentación de la demanda no se cuenta con los datos necesarios para poder fijar un monto determinado. B. Obligación de comparecer. Por otra parte, con fundamento en el artículo 162 de la ley, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley, una vez que se confirme la existencia del acto reclamado y de la autoridad responsable que lo emitió, se impone la obligación a la quejosa para que dentro del término de tres días comparezca ante esa autoridad y cuantas veces le sea exigido y acredite esta situación a este juzgado de Distrito. La suspensión otorgada no surte efectos si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito o cuando se trate de una orden privativa de la libertad, dictada por autoridades distintas a las designadas como responsables, o con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a las anteriores medidas de aseguramiento o a las obligaciones derivadas del procedimiento penal, de conformidad con el artículo 167 de la ley, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en relación con el artículo 262, fracción III, de la ley, se previene a las autoridades responsables que la desobediencia a este mandato podrá ser sancionado con penas de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días; además, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público.

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