Pablo Flores Bautista

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo Flores Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil veintiuno. ( Colegiado admite recurso de queja. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio********************del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ******************** así como del original y copia del escrito de agravios. Asimismo, se informa que con fecha trece de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra el auto ditado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, el cual quedó radicado con el recurso de queja ******************** del registro del aludido tribunal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de julio de dos mil veintiuno. Se interpone queja. Abrase y fórmese expedientillo con copia del escrito registrado con el número 8852, suscrito por la **********, en su carácter de apoderada legal del quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo y expresa agravios; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia de los agravios, así como los autos al Presidente del Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Octavo Circuito, para la substanciación del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintiuno.  Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********, en su carácter de apoderada de ******** en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando el requerimiento formulado el once de junio del año en curso; por tanto, se procederá a proveer lo conducente a la demanda de amparo presentada.  Acredita personalidad con la que promueve. Se tiene a ******** promoviendo demanda de amparo como apoderada de ********, personalidad que acredita en términos del testimonio del instrumento notarial que exhibe.  Se desecha demanda. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y... Bajo esa tesitura, por actos de ejecución irreparable se entiende únicamente que son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia V.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". En este caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la resolución de queja de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca ********, en el que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de revocación de seis de noviembre de dos mil veinte, que confirmó el auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado **********, en el que se negó la petición de caducidad del procedimiento. Luego, es evidente que el acto reclamado no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que la resolución de la que se duele constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, tal como lo previene el artículo 172, fracción XII, que establece que el catálogo de violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo no es limitativo, sino que pueden acontecer supuestos análogos que produzcan el mismo resultado. Por lo que en la especie si el acuerdo que originó la cadena de impugnaciones de la que deriva el acto reclamado, está circunscrito a la negativa a decretar la caducidad del juicio de divorcio incausado de origen, es claro que dicho acuerdo sólo produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si ello trascendió al resultado del fallo. En efecto, el acto reclamado reviste de carácter meramente formal, por que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que el quejoso resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación. Sin embargo, se reitera, que el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado *********, en el que se negó la petición de caducidad del procedimiento, únicamente produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si se actualiza una violación al procedimiento que trascienda al sentido del referido fallo. En ese contexto, el acto reclamado por la parte quejosa no le irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión en su esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Máxime que, incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que la hoy parte quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que estará en posibilidad de acudir al recurso ordinario y en su caso, al amparo directo. Conforme a lo anterior, puede establecerse que en contra del acto reclamado no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen. Al respecto es dable citar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: Registro digital: 2011428 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De igual manera, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 97/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2020358 Décima Época Materias(s): Común, Laboral Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2401 Tipo: Jurisprudencia CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente". Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de apoderada de *********contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia***

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintiuno.  Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********, en su carácter de apoderada de ******** en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando el requerimiento formulado el once de junio del año en curso; por tanto, se procederá a proveer lo conducente a la demanda de amparo presentada.  Acredita personalidad con la que promueve. Se tiene a ******** promoviendo demanda de amparo como apoderada de ********, personalidad que acredita en términos del testimonio del instrumento notarial que exhibe.  Se desecha demanda. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen al juez de distrito, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y... Bajo esa tesitura, por actos de ejecución irreparable se entiende únicamente que son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia V.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". En este caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la resolución de queja de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca ********, en el que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de revocación de seis de noviembre de dos mil veinte, que confirmó el auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado **********, en el que se negó la petición de caducidad del procedimiento. Luego, es evidente que el acto reclamado no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que la resolución de la que se duele constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, tal como lo previene el artículo 172, fracción XII, que establece que el catálogo de violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo no es limitativo, sino que pueden acontecer supuestos análogos que produzcan el mismo resultado. Por lo que en la especie si el acuerdo que originó la cadena de impugnaciones de la que deriva el acto reclamado, está circunscrito a la negativa a decretar la caducidad del juicio de divorcio incausado de origen, es claro que dicho acuerdo sólo produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si ello trascendió al resultado del fallo. En efecto, el acto reclamado reviste de carácter meramente formal, por que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que el quejoso resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación. Sin embargo, se reitera, que el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado *********, en el que se negó la petición de caducidad del procedimiento, únicamente produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si se actualiza una violación al procedimiento que trascienda al sentido del referido fallo. En ese contexto, el acto reclamado por la parte quejosa no le irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión en su esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Máxime que, incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que la hoy parte quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que estará en posibilidad de acudir al recurso ordinario y en su caso, al amparo directo. Conforme a lo anterior, puede establecerse que en contra del acto reclamado no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen. Al respecto es dable citar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: Registro digital: 2011428 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De igual manera, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 97/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2020358 Décima Época Materias(s): Común, Laboral Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2401 Tipo: Jurisprudencia CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PROCEDE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DECLARARLA DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE JALISCO). De acuerdo con los artículos 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (este último en su texto vigente antes y después de la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 30 de mayo de 2017), el tribunal declarará la caducidad a petición de parte interesada o de oficio; en el primer supuesto, la declaración derivará de la petición de la parte a quien interese el decretamiento de dicha figura, y en el segundo, con motivo del cercioramiento oficioso, previo al dictado del laudo, de que no ha operado la caducidad, lo cual llevará a declarar su existencia cuando se estime consumada. De ese modo, si bien la declaración de la caducidad por parte de la autoridad puede tener origen en la petición de parte, ello no exime al tribunal laboral de analizar si se actualiza o no previamente al dictado del laudo correspondiente, para así tener plena certeza de que no existe algún impedimento técnico para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que si aquél no se pronunció oficiosamente sobre la caducidad, ni alguna de las partes la hizo valer, implícitamente se tiene por determinado que no se actualiza la caducidad por inactividad procesal. En tal virtud, en vía de amparo directo es posible analizar conceptos de violación donde se combata como violación a las leyes del procedimiento en términos de los artículos 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, la omisión del tribunal de pronunciarse oficiosamente respecto de la actualización de la caducidad, pues el laudo combatido aún no está elevado a la categoría de cosa juzgada al ser objeto del juicio constitucional, por lo que no existe impedimento técnico que, por preclusión, obstaculice su planteamiento vía conceptos de violación, máxime si se tiene en cuenta que no sería procedente combatir la omisión de declarar la caducidad a través del amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. De ese modo, cuando la legislación que rige el acto prevea que la caducidad del procedimiento laboral se declarará a instancia de parte o de manera oficiosa por el tribunal, sí será posible analizar en el juicio de amparo directo todo lo concerniente a dicha figura procesal, independientemente de que las partes no la hicieran valer en el juicio de origen y de que el tribunal no la analizara oficiosamente". Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de apoderada de *********contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente.

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