Pablo Fernando Nava Gonzalez
Expediente 851/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/07/2017
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Region de Toluca, Con Residencia En Metepec Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
- Pablo Fernando Nava Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, firmado por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por medio del cual devuelve el oficio 998-V, toda vez que tras una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), no encontró registro del quejoso ***
- Principal
V. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción a fin de que haga entrega del oficio de mérito a la autoridad correcta, conforme al informe justificado que rindió, esto es, Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Metepec, Estado de México.
- Principal
En veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Secretario Marco Antonio Nava Téllez, certifica: Que el término de tres días otorgado a las partes en auto de diecisiete de abril del presente año (fojas 489 y 490), de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, al fallo protector, transcurrió: Para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales de Santa María y sus Barrios, Villa de Allende, Estado de México, del veinte al veinticuatro de abril del presente año, en virtud de que fueron notificados el dieciocho del mes en citado (fojas 490 y 494) y dichas notificaciones surtieron efectos al día hábil siguiente; y Para el quejoso Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México, del veintiuno al veinticinco de abril del presente año, en razón de que fue notificado el diecinueve del mes en cita (foja 495) y dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario. En la misma fecha se da cuenta a la Jueza con la certificación Secretarial que antecede y con el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa. Conste. El Secretario. Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de diecisiete de abril del presente año (fojas 489 y 490) para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a las determinaciones dictadas por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto, haciendo únicamente uso de ese derecho el quejoso Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México, mediante escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso (fojas 491 y 492); por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de enero de dos mil quince (fojas 161 a 178), se concedió al quejoso Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "A) Deje insubsistentes las providencias dictadas en el juicio agrario, a partir del proveído de veintitrés de febrero de dos mil doce. B) Emita otro auto, en el que ordene al actuario y a la brigada de ejecución, que se lleve a cabo la diligencia de ejecución de sentencia, pero con la comparecencia y presencia de los núcleos de población contendientes, por medio de quien los represente, a fin de que ambas partes se encuentren en aptitud de manifestar lo que a su derecho corresponda; y una vez realizado lo anterior, sin inconformidad alguna, ordene el archivo del asunto". Dicha determinación causó ejecutoria por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince (foja 193); por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Remitió copia certificada del acuerdo de cinco de marzo de dos mil quince, en el que dejó insubsistente las providencias dictadas en el juicio de origen, a partir del proveído de veintitrés de febrero del dos mil doce y señaló las once horas de trece de abril del dos mil quince, para que se llevara a cabo la diligencia de ejecución de sentencia (foja 210). En la fecha señalada, la diligencia no se pudo llevar a cabo dado que no comparecieron los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María y sus Barrios, por lo que se fijó como nueva fecha las once horas con treinta minutos de seis de mayo del dos mil quince (foja 239). En la diligencia de ejecución celebrada en la fecha antes citada, la Comunidad de San Pablo Malacatepec, manifestó su inconformidad con los trabajos realizado, por lo que no se pudo llevar a cabo la ejecución; en atención a ello, la responsable citó a los dos poblados para fijar los mecanismos que permitan la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Después de diversas diligencias y audiencias conciliatorias, las partes fijaron el dieciocho de agosto de del dos mil quince, para que se llevara a cabo diligencia de ejecución de sentencia; sin embargo, ésta nuevamente no se pudo llevar a cabo dado que no compareció la Comunidad de Santa María y sus Barrios. Asimismo, la autoridad responsable determinó, que era necesario llamara los poblados de Crescencio Morales y San Nicolás Romero, del Municipio de Zitacuaro, Estado de Michoacán, a efecto de determinar el punto trino entre las distintas comunidades y ubicar los linderos entre los poblados contendientes (foja 351). El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia con la comparecencia de los poblados de Crescencio Morales y San Nicolás Romero, del Municipio de Zitacuaro, Estado de Michoacán, así como del quejos y tercero interesado, acordándose que el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se constituirían en el punto trino de las comunidades señaladas, con la finalidad de identificar los linderos respectivos (foja 354 a 357). Dicha diligencia no se pudo llevar a cabo dado que no compareció el poblado de Crescencio Morales, del Municipio de Zitacuaro, Estado de Michoacán (foja 362). El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se celebró nuevamente la audiencia de ley, en la que las partes manifestaron estar de acuerdo con que se inicien los trabajos a fin de cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen (foja 391). Por lo anterior, las partes acordaron que el diez de enero de dos mil diecisiete, se llevaría a cabo los trabajos necesarios a fin de cumplir con el convenio pactado; sin embargo, en la fecha señalada, no compareció la Comunidad de San Pablo Macatepec, por lo que no se pudo realizar la diligencia respectiva. Por lo anterior, se señaló como nueva fecha, las doce horas del catorce de marzo de dos mil diecisiete; sin embargo, en la fecha referida, el actuario hizo constar que después de identificar uno de los puntos controvertidos, las comunidades de San Pablo Macatepec y Santa María y sus Barrios, se negaron a continuar con la diligencia, manifestando ambas partes los múltiples incumplimientos al convenio pactado. No obstante lo anterior, el seis de abril del año en curso, se celebró de nueva cuenta la diligencia para la ejecución del convenio; sin embargo, la Comunidad de San Pablo Malacatepec manifestó nuevamente que no permitiría llevara a cabo la ejecución acordada en razón de que no existen variación respecto de la ejecución que se realizó en el dos mil diez. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable ha realizado diversas diligencias con la finalidad de dilucidad la superficie de terrero que corresponde a cada una de las comunidades; sin embargo, éstas no se han podido llevar cabo por múltiples circunstancias, no atribuibles a la autoridad responsable. No obstante lo anterior, esta juzgadora considera que la autoridad responsable se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo por las siguientes consideraciones: El Tribunal responsable señala que no ha podido dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dado que las partes manifiestan inconformidad en las diligencias que se han llevado a cabo con la finalidad de cumplir el convenio celebrado entre ambas partes. En ese sentido, es preciso señalar que en la sentencia de amparo, se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa dado que la autoridad responsable, en la diligencia de veinticinco de abril de dos mil doce, estableció los linderos y colindancias de los poblados contendientes, pero sin presencia de la comunidad quejosa. Por tanto, a fin de no vulnerar los derechos de la parte quejosa, la autoridad responsable debía dar intervención al poblado de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México, en la diligencia respectiva, con la finalidad de que ejerciera el derecho contemplado en el artículo 191 de la Ley Agraria, el cual establece que las partes pueden inconformarse con la ejecución de la sentencia, lo cual se asentará en el acta circunstanciada respectiva. En ese sentido, con la finalidad de restituir al quejoso en su derecho violado, la autoridad responsable debía celebrar la diligencia respectiva con la comparecencia de las dos comunidades contendientes, y en caso de que laguna de ellas manifestaron su inconformidad, con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria, determinar lo que enderecho correspondiera. Pues el ordinal en cita establece que, en caso de que alguna de las partes se inconforme con la ejecución de la sentencia, dentro de los quince días siguientes, el tribunal del conocimiento dictara la resolución definitiva sobre la ejecución de sentencia y aprobara el plano definitivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la sentencia de amparo se hizo referencia a que la autoridad responsable debía llevara a cabo la diligencia de ejecución de sentencia en presencia de los núcleos de población contendientes, y sin inconformidad alguna, ordenara el archivo. Sin embargo, dicha consideración tiene como finalidad que, en caso de que las dos comunidades comparecieran a la diligencia respectiva y no manifestaran su inconformidad, se ordenara el archivo del asunto; empero, en caso de que alguna de las partes contendientes manifestara alguna inconformidad, la responsable debía actuar conforme a sus facultades y resolver lo que en derecho corresponda. Entender lo contrario implicaría que el cumplimiento de una resolución que adquirió el carácter de cosa juzgada, quede al libre albedrio de las partes, lo que iría en contra de los derechos consagrados en el artículo 17 Constitucional. Sentado lo anterior, toda vez que se dilucidan cuestiones de propiedad de cada una de las comunidades intervinientes y que precisamente por ello, instaron el juicio del cual derivan los actos reclamados, ello en protección al derecho que tienen consagrados los núcleos de población, conforme al numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la adecuada garantía de audiencia que se le debe otorgar a los gobernados, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. La anterior, es así pues la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo son de orden público e interés social y debe atenderse, por parte de este órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, para que una vez que se comisione al perito Daniel Esquivel Nota, para que realice los trabajos topográficos necesarios, de inmediato señale fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de ejecución de sentencia y lo haga saber a las partes que deban acudir a la misma, en el entendido de que la fecha que señale para tal efecto, no deberá exceder de diez días hábiles, pues de las constancias que obran en autos se advierte que desde el veinticuatro de febrero de dos mil quince (foja 193), fecha en la cual causó ejecutoria la sentencia de amparo, se han estado realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a dicha sentencia, sin que se haya logrado; asimismo, se advierte que la responsable programa las fechas para la diligencia en comento con aproximadamente dos meses de anticipación, lo cual ha excedido el plazo razonable para que se logre el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida. Se hace la precisión a la autoridad responsable para cumplir con la sentencia dictada en el presente asunto deberá ordenar al actuario y a la brigada de ejecución adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Nueve, con residencia en esta ciudad, para que lleven a cabo la diligencia de ejecución de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil siete la cual aprobó el convenio celebrado el diecinueve de octubre de dos mil cinco, entre los poblados de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México y Santa María y sus Barrios, del municipio de Villa de Allende, Estado de México, con la comparecencia y presencia de los núcleos de población contendientes (aquí quejoso Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, municipio de Villa de Allende, Estado de México y tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales de Santa María y sus Barrios, municipio de Villa de Allende, Estado de México), por medio de quien legalmente los represente, a fin de que ambas partes se encuentren en aptitud de manifestar lo que a su derecho corresponda. Asimismo, se precisa a las partes que de llegar a existir alguna inconformidad ajena a la concesión del amparo esta Juzgada no podrá pronunciarse al respecto, pues conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, dicha facultad está reservada a la autoridad responsable. De igual forma, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que refiere que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, requiérase vía telegráfica a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, comisione al perito Daniel Esquivel Nota, para que realice los trabajos topográficos necesarios para lograr la ejecución del convenio celebrado en el expediente 1227/2005, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, y remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a la persona física que ocupa el cargo del representante de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 258, en relación con el artículo 238 de la ley en comento. Con independencia de lo anterior, requiérase al quejoso Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, municipio de Villa de Allende, Estado de México, así como al tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales de Santa María y sus Barrios, municipio de Villa de Allende, Estado de México, para que asistan a la diligencia de ejecución de sentencia que señale el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve y demuestren su interés en dar cumplimiento al convenio celebrado en el juicio de origen, pues debe decirse que también ellos están obligados a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente expediente. Con el apercibimiento para ambas partes (quejoso y tercero interesado), que de ser omisos a lo anterior, o bien de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se les impondrá, en lo individual, a las personas físicas que ocupan el cargo de representantes de los Comisariados de Bienes Comunales, una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se apercibe a la parte quejosa Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Malacatepec, municipio de Villa de Allende, Estado de México, que de ser omiso a lo anterior, este juzgado de Distrito, se pronunciará respecto del cumplimiento de la sentencia, con las constancias que obran en autos, en virtud de la falta de interés que ha demostrado. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que mediante escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso (fojas 491 y 492) la parte quejosa hubiere manifestado que existe inconformidad de su parte para el desahogo de la diligencia de ejecución en virtud de que: Las personas que llevaran los trabajos técnicos de ejecución (Actuario y Brigada de Ejecución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve) son los mismos que ejecutaron con antelación el convenio citado; y Al momento de realizar la diligencia de mérito se tome en cuenta las carpetas básicas y agrarias de los núcleos involucrados. Toda vez que como fue precisado en párrafos que preceden la diligencia de ejecución de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil siete la cual aprobó el convenio celebrado el diecinueve de octubre de dos mil cinco entre los poblados de San Pablo Malacatepec, Villa de Allende, Estado de México y Santa María y sus Barrios, del municipio de Villa de Allende, Estado de México, únicamente se constriñera para los efectos establecidos en la ejecutoria pronunciada por este Juzgado el veintisiete de enero de dos mil quince (fojas 161 a 178); es decir, para que la ejecución de sentencia se lleve a cabo con la comparecencia y presencia de los núcleos de población contendientes, por medio de quien legalmente los represente, a fin de que ambas partes se encuentren en aptitud de manifestar lo que a su derecho corresponda, de ahí que si existe alguna otra inconformidad ajena a ésta tiene expedito su derecho para hacerlo valer en los términos y formas que considere pertinentes, no el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Michele Franco González, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistida de Marco Antonio Nava Téllez, Secretario con quien actúa y da fe, a quien se faculta firmar los oficios correspondientes. Doy fe.
- Principal
I. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Jefa de la Oficina Penal de la Titular de la Subdelegación Toluca del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin realizar mayor pronunciamiento en atención a que mediante auto de seis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por desistido al quejoso, por tanto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto.
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