Pablo Esteban Chávez García

Expediente 1028/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1028/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo Esteban Chávez García

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2° de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja contra el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que la determinación de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que es susceptible de destrucción; por tanto, se realizará dicha circunstancia una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, la parte quejosa pretende ampliar la demanda en atención a lo solicitado en auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con el siguiente requerimiento y bajo protesta de decir verdad: 1. Cumpla con todos los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual se transcribe para su mejor entendimiento. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". En ese orden de ideas, del escrito de cuenta se aprecia que la ampliación de demanda no cumple en estricto derecho con el requisito establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la ampliación de demanda de amparo; con fundamento en lo que dispone el artículo 108, en relación con los numerales 112 y 114 de la Ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, tomando en consideración las sanciones que establece el artículo 261 de la Ley de la Materia, aclare su escrito de demanda en el que dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de Amparo, en concreto señale: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, exprese los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los nuevos actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Dato que resulta imprescindible al momento de determinar la procedencia o no de la demanda, y así fijar debidamente la litis en este juicio constitucional. 2. Se requiere a la accionante constitucional para que, al momento de cumplir con la presente prevención, acompañe dos copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, de la siguiente manera: una para la nueva autoridad responsable, y una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado. En ese orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que de afirmar hechos falsos u omitir alguno que le conste, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción con esa conducta u omisión, que podría dar lugar a la comisión del delito cuya penalidad es de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, sanción que se encuentra prevista en el artículo 261, fracción I1 , de la Ley de Amparo. "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato2 ." Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 88/20063 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, que establecen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." También es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". En la inteligencia que de no cumplir con lo requerido en los puntos 1) y 2) se procederá conforme a lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá POR NO PRESENTADA LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Cabe señalar que, a efecto de cumplir con lo ordenado sólo la quejosa se encuentra facultada para cumplir con el punto 1), no así sus autorizados, lo anterior dado que la protesta de decir verdad es un acto personalísimo que únicamente puede realizar ella, por sus alcances y consecuencias.

  3. Principal

    apopan, Jalisco, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, el cual se ordena agregar para que obre como corresponda, conforme a lo acordado en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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