Pablo Escobar Ramírez
Expediente 111/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Escobar Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 111/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar en el juicio de amparo el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 111/2017-I-B, promovido por Pablo Escobar Ramírez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de enero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Pablo Escobar Ramírez, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veintitrés siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Luego, por auto de veintidós de marzo se fijaron las diez horas con once minutos del diecinueve de abril del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuyen los actos reclamados, los cuales carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consisten en: La omisión de cerrar instrucción en el juicio 01/3176/12. La omisión de dictar laudo en el juicio 01/3176/12. TERCERO. Consideración especial respecto de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, rindió informe justificado (foja 47). Sin embargo, ello no fue a consecuencia de su señalamiento como autoridad responsable, sino a un error en la emisión del oficio de emplazamiento. En efecto, el oficio para requerir el informe justificado, fue librado por equivocación a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en lugar de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, señalada como autoridad responsable por el quejoso. El error fue subsanado mediante auto de diecisiete de febrero actual. Luego, toda vez que el quejoso no incluyó en la relación procesal a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no hay acto que examinar de ésta y no procede decretar el sobreseimiento en lo que a ella se refiere, ya que hacerlo implicaría reconocerle el carácter de autoridad responsable, que el quejoso no le imputó. No obstante, notifíquese esta sentencia a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado 1 y sobreseimiento. Si bien al rendir el informe justificado (fojas 56 y 57), la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado 1, éste es inexistente, por las razones que se dan a continuación. El acto reclamado consiste en la omisión de la Junta de cerrar la instrucción en el juicio 01/3176/12. La presidenta de la Junta exhibió como prueba, copia certificada de la actuación de diez de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al juicio 01/3176/12 (fojas 59 y 60); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Conforme a dicha documental, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, la presidenta de la Junta declaró cerrada la instrucción en el juicio 01/3176/12 y lo turnó para proyecto de laudo. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. Tal consideración se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. El quejoso presentó la demanda de amparo el veinte de enero de dos mil diecisiete. Ahora bien, ya que antes de la instauración del juicio de amparo, la autoridad responsable había decretado el cierre de instrucción en el juicio 01/3176/12, en concreto, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, e inclusive, dicha determinación fue notificada al quejoso mediante boletín laboral el catorce siguiente; el acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable de cerrar instrucción en el conflicto de origen, es inexistente, en virtud que antes de la presentación de la demanda de amparo, la responsable, motu proprio, cerró instrucción en el juicio 01/3176/12. En consecuencia, el juicio de amparo debe sobreseerse en lo que se refiere al acto reclamado 1, por inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual" se determina en función de la fecha de presentación de la demanda de amparo. El sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado cuando éste no existe a la presentación de la demanda de amparo, encuentra apoyo en las jurisprudencias 2a./J.3/94 y 1a./J.36/98, ya citadas. QUINTO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s) 2. Es cierto el acto reclamado 2, ya que así lo manifestó la presidenta de la Junta al rendir el informe justificado. SEXTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente contra el acto reclamado 2, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Cabe precisar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de enlazar armónicamente los preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, para obtener una variedad de causas de improcedencia que tiendan a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, es aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Ahora, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica qué debe entenderse por "irreparabilidad" para efecto de determinar si un acto dentro del juicio, reclamado en amparo, causa una afectación de esa naturaleza. Así, para que un acto sea susceptible de calificarse como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Otra peculiaridad, es que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, un acto será de imposible reparación, cuando converjan estas características: Primera. Que afecte materialmente derechos. Esto se traduce en que el acto impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Segunda. Que los derechos afectados materialmente, sean derechos sustantivos, cuya naturaleza es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, que surgen con motivo de un juicio y no con independencia de que éste exista o no, derechos cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y permiten determinar si afectó o no al quejoso. La jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011428 1 de 1 Pleno Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Pag. 15 Jurisprudencia(Común) CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Las características que un acto debe reunir para poder calificarse como de imposible reparación, consistentes en que debe causar una afectación material y ésta ha de recaer sobre derechos sustantivos, fueron consideradas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, cuya materia fue determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualizaba una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo. La resolución de la contradicción de tesis 325/2015, originó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.): Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En dicho criterio jurisprudencial, la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y, por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en estos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, provocando así, una afectación material a ese derecho. El quejoso reclama la omisión de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el conflicto laboral 01/3176/12. La presidenta de la Junta aceptó la existencia del acto reclamado y ofreció como prueba, copia certificada de la actuación de diez de noviembre de dos mil dieciséis. En esa actuación, la Junta declaró cerrada la instrucción en el juicio 01/3176/12 y lo turnó para proyecto de resolución de laudo. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ya que la demanda laboral fue presentada, según lo narrado por el quejoso, el quince de noviembre de dos mil doce. Ahora, se aborda lo relativo al dictado del laudo. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.8/2004, de rubro "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de dos mil cuatro, Novena Época, página 226, registro electrónico 182160, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo para la emisión del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Los artículos 885, 886 y 887 de la ley laboral, establecen en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: [.]" "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." (Lo subrayado es propio) En suma, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. El plazo, que a su vez está fraccionado en tres periodos, transcurrió de esta forma: Periodos. Días que los conforman y lapsos que abarcaron. Primero. Elaboración de proyecto de laudo fundado en el artículo 885. Diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. Del 11 al 25 de noviembre. Segundo. Examen del proyecto por los integrantes de la Junta previsto en el artículo 886. Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la copia del proyecto. Del 28 de noviembre al dos de diciembre. Tercero. Discusión y votación establecidas por el artículo 887. Diez días hábiles siguientes a la conclusión de los cinco días para revisión del proyecto. Del cinco al 16 de diciembre. Para el cómputo de los términos no se considera el desahogo de las diligencias previstas por el artículo 886, al no existir indicios de ello. Tampoco se cuentan sábados y domingos, por ser inhábiles; ni veintiuno de noviembre, por la misma razón. El veintiuno de noviembre fue inhábil por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Así, el plazo de veinticinco días hábiles para el dictado del laudo en el juicio de origen, transcurrió del once de noviembre al dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Ya se dijo que el acto reclamado se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. En el particular, el plazo legal para que la autoridad responsable dictara laudo, feneció el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Luego, entre la conclusión del plazo para la emisión del laudo y la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el veinte de enero del año en curso, hay 14 días hábiles de demora en su dictado. En el conteo de la demora no se consideran sábados y domingos; ni el lapso del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al ocho de enero actual, por corresponder al segundo periodo vacacional de la autoridad responsable de 2016. Toda vez que el quejoso se duele de la falta de dictado de laudo, es necesario dar los pormenores de dicha resolución. El laudo no es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio. El laudo tiene de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes pormenores: Debe dictarse a verdad sabida y buena fe guardada. Si bien la Junta no está obligada a sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, debe apreciar los hechos en conciencia. Debe ser claro, preciso y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. Lo resuelto debe estar fundado y motivado. Cuando se trate de prestaciones económicas, la Junta determinará el salario que sirva de base a la condena. De ser posible, se liquidarán las prestaciones, de modo que solo por excepción se abrirá incidente de liquidación. Por tanto, la elaboración y dictado definitivo del laudo, precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues la Junta debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia, para satisfacer la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe reunir, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), citada con antelación, una dilación en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Entonces, en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, la autoridad pudiera dictar el laudo no necesariamente dentro del término que para tal efecto prevé la ley; pero no puede postergar su emisión de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia pronta, lo que ocurre al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En relación con lo dicho en el párrafo que antecede, debe decirse que no pasa desapercibido que en la jurisprudencia 2a./J.8/2004 (ya citada), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la omisión de pronunciar el laudo a pesar de haber transcurrido el plazo previsto para tal efecto por la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable. Sin embargo, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la propia Segunda Sala estableció que una dilación en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, porque en tales supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, sin que la sentencia de amparo pueda reparar al quejoso el tiempo en que su caso, la autoridad jurisdiccional o con funciones materialmente jurisdiccionales, dejó de actuar de forma injustificada. El acto reclamado ciertamente tiene efectos sobre el derecho sustantivo a la administración de justicia, también identificado como garantía a la tutela jurisdiccional, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reviste los principios de prontitud, plenitud, imparcialidad y gratuidad y puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. No obstante, a juicio del suscrito, la demora de 14 días hábiles en el dictado del laudo en el juicio 01/3176/12, no afecta materialmente el derecho del quejoso a recibir justicia pronta, pues no implica una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total, ya que la naturaleza del laudo requiere tiempo, además, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. Lo anterior guarda armonía con el criterio sustentado por el suscrito en el desechamiento de la demanda del juicio de amparo 1122/2016 (confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en la queja 174/2016), en el sentido que existirá una paralización total cuando la Junta no emita el laudo una vez transcurridos 25 días hábiles más de los 25 que por ley tiene para ello, esto es, cuando el plazo transcurra doblemente, lo que no ocurre en el caso concreto. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, con fundamento en el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo contra el acto reclamado 2. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado respecto de los dos actos reclamados, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno a aquéllos, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se fundan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. SÉPTIMO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pablo Escobar Ramírez, contra los actos reclamados 1 y 2 identificados en el considerando segundo de esta sentencia, por las causas expuestas en los considerandos cuarto y sexto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con las documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE...
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