Pablo Ernesto Arencibia Banzo

Expediente 1242/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1242/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Pablo Ernesto Arencibia Banzo
  • Carlos Manuel Martín Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de dicha certificación secretarial se advierte que por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Asimismo, que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido y se estimó que era susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Pablo Ernesto Arencibia Banzo y otros; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1242/2022-3, promovido por *********, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito recibido el doce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y turnado a éste órgano jurisdiccional en esta misma fecha, 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS INCOMUNICACIÓN PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO. DISCRIMINACIÓN DEPORTACIÓN LA NEGATIVA DE PROPORCIONAR SERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN. En proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 1242/2022-3, se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se ordenó prevenir a la parte quejosa para que ratificaran la demanda de amparo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de tres de agosto de dos mil veintidós, toda vez que los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró, ratificaron la demanda de amparo; por tanto, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: INCOMUNICACIÓN PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO. DISCRIMINACIÓN DEPORTACIÓN LA NEGATIVA DE PROPORCIONAR SERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO A LOS ACTOS IDENTIFICADOS CON LOS INCISOS a, c, d, y e. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsables; pues la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado en nombre de las precitadas autoridades responsables específicamente dijo que eran parcialmente cierto los actos reclamados. Sin embargo, de las constancias certificadas anexas a su informe, se desprende que no existen. Por lo que al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En efecto, del contenido de las compulsas remitidas por la autoridad responsables, se desprende que los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró, ingresaron a la Estación Migratoria de esta ciudad, a partir del veintinueve de julio de dos mil veintidós, y se les inició el procedimiento administrativo; se le hizo entrega de enseres para su higiene personal; se les proporcionó atención médica y psicológica; se les permitió realizar llamadas telefónicas; así como la posterior, comparecencia de catorce de junio de la presente anualidad realizada ante las responsables por Wendy Azarhel López Sánchez, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza de los referidos quejosos, quien se hizo cargo de la custodia de los impetrantes; y, en consecuencia, se les concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por los quejosos de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por el fedatario de la adscripción se desprende que no existieron los actos reclamados y que en este apartado se analizan; por lo que, resulta evidente que los actos atribuidos a las autoridades responsables no existen. Aunado a lo anterior, los quejosos no aportaron prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitieron las autoridades a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO. La Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable, como se precisó al rendir su informe justificado admitió parcialmente su existencia. Sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama en virtud de las mismas se advierte que los quejosos el diez de agosto de dos mil veintidós obtuvieron en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en este asunto, obtuvieron su salida provisional. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, este juzgador estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace al acto reclamado precisado en el incisos b) del considerando segundo que antecede, consistente en la privación de la libertad fuera del procedimiento, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado se advierte lo siguiente: 1). El veintinueve de julio de dos mil veintidós, fueron presentados los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró de nacionalidad cubana, ante la autoridad migratoria, a fin de que se continuara el procedimiento administrativo migratorio en su contra hasta su conclusión. 2) Posteriormente, el diez de agosto de dos mil veintidós, los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró de nacionalidad cubana, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en este asunto, obtuvieron su salida provisional. 4) Finalmente, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se hizo constar la evasión del control migratorio de los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró de nacionalidad cubana; y en consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, el acto reclamado se hizo consistir en la privación de la libertad fuera del procedimiento; y siendo que, como ya se precisó que los ahora quejosos el veintinueve de julio fueron presentados ante la responsable, a fin de que se continuaran instruyendo el procedimiento administrativo migratoria en su contra, hasta su conclusión; posteriormente, el diez de agosto de dos mil veintidós, los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró de nacionalidad cubana, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en este asunto, obtuvieron su salida provisional; y finalmente, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se hizo constar la evasión del control migratorio de los quejosos 1. Pablo Ernesto Arencibia Banzo, 2. Carlos Manuel Martín Velázquez, 3. Oscar Luis Betancourt Vera, 4. Leidys Vargas Regalado, y 5. Emma Lucia Betancourt Vilaró de nacionalidad cubana; y en consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaban siendo objeto por parte de las autoridades responsables, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repusieron a los quejosos en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, y con fundamento en los numerales 126 de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido vía correo oficial el informe en alcance al diverso de suspensión de plano rendido por la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, en su denominación correcta, por conducto de su representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B". Ahora, de conformidad con el artículo 119 de la legislación aplicable a la materia, ténganse como prueba de la responsable, las documentales que anexan a su informe de cuenta, mismas que serán relacionadas en el momento procesal oportuno. En otro orden de ideas, en proveído de tres del presente mes y año, se reservó acordar respecto a las manifestaciones realizadas por los quejosos al momento de ratificar la demanda del presente juicio de amparo, hasta que obrara la información de cuenta junto con el informe de suspensión de plano recibido en acuerdo anterior, ambos remitidos por la autoridad responsable. En esa medida, los quejosos en la diligencia de ratificación de demanda, manifestaron que no han sido maltratados, por parte de la autoridad responsable, pero si han recibido maltrato psicológico en el sentido de que los ignoran; que no le prestan el teléfono para comunicarse con sus familiares; que los engañan y que no le dan información; no obstante refirieron que han recibido sus alimentos, que tienen un espacio para dormir, que no les dan agua purificada para tomar, y que toman diariamente del grifo, y que eso le afecta su estómago. De lo anterior, del análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte una violación a la suspensión de plano otorgada a los quejosos. En efecto de las constancias, no se advierte maltrato psicológico, y que diariamente ingresa personal adscrito a la Estación Migratoria, para informar sobre la situación jurídica migratoria en la que se encuentran; asimismo, se le proporciona tratamiento médico y psicológico para atenderlos; que se les permite comunicarse con sus familiares; y por último, en las instalaciones existen bebederos, mismo que cuentan con agua purificada; y se les proporciona agua y jugos. Lo anterior, se corrobora con las siguientes constancias: Los certificados médico de entrada que le fueron practicados a partir del veintinueve de julio de dos mil veintidós. Formato de entrega de enseres básicos de aseo personal entregado a cada uno de los quejosos a partir del veintinueve de julio de dos mil veintidós. Constancia de atención médica sin fecha, practicada a cada uno de los quejosos. Constancia de asesoría psicológica practicada a cada uno de los quejosos. Constancia de información sobre el derecho de las víctimas alojadas en la estación migratoria. Acuerdo de notificación de suspensión de plano otorgada en el presente juicio de amparo, de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, realizada a cada uno de los quejosos. Constancia de llamada telefónica realizada a cada uno de los quejosos, de fecha tres de agosto de dos mil veintidós. Bitácora de llamadas telefónicas. Formato de entrega de comidas (desayuno, comida, cena, box lunch, dieta especial) a favor de cada uno de los quejosos, a partir de veintinueve de julio de dos mil veintidós a favor de cada uno de los quejosos. Constancia de asesoría legal sin fecha a favor de cada uno de los quejosos. Información sobre la solicitud de reconocimiento de refugiado en México, notificado a cada uno de los quejosos. Aviso de inicio de procedimiento administrativo, notificado a cada uno de los quejosos. Placas fotográficas con la leyenda "EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE BEBEDEROS CON AGUA PURIFICADA EN ESTANCIAS MIGRATORIAS". De lo anterior, se obtiene que los quejosos no se encuentran incomunicados, pues se advierte que realizan llamadas telefónicas, que tienen asesoría legal y que saben de su procedimiento administrativo migratorio; asimismo, no se advierten por el momento actos que afecten su dignidad e integridad personal, en relación a las condiciones sanitarias en que se encuentran durante su permanencia en la Estación Migratoria y además que reciben tratamiento médico y psicológico. Por lo tanto, se reitera no existe alguna violación a la suspensión en perjuicio de los quejosos, por lo que no es necesario emitir medida alguna para su cumplimiento, pues se advierte que esta se está acatando en su integridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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