PABLO ENRIQUEZ MEDINA o PABLO PEDRO ENRIQUEZ MEDINA y Otros.
Expediente 1814/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1814/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- PABLO ENRIQUEZ MEDINA o PABLO PEDRO ENRIQUEZ MEDINA y Otros.
- PABLO ENRIQUEZ MEDINA o PABLO PEDRO ENRIQUEZ MEDINA
Actuaciones
- Principal
MESA III B Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso (fojas 14 a 19), se desechó la demanda de garantías promovida por PABLO ENRIQUEZ MEDINA o PABLO PEDRO ENRIQUEZ MEDINA, el cual se le notificó el tres de diciembre pasado (fojas 21 a 24); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por PABLO ENRIQUE MEDINA o PABLO ENRIQUEZ MEDINA, contra actos del Juez Primero Penal, residente esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1814/2015. Ahora, vista la demanda de que se trata, en principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que la parte quejosa reclama: el auto dictado el veinte de octubre de dos mil quince y notificado el cuatro de noviembre del mismo año, en el expediente civil número 109/2015 del índice del Juzgado Sexto de lo Civil, con sede en esta ciudad, en el cual no admite y acuerda el desechamiento del recurso de revocación. Ahora, del apartado de la demanda relativo a los antecedentes del acto reclamado, narrados por el quejoso BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se advierte que: a) El diecinueve de junio de dos mil quince el juez abrió el juicio a prueba por el plazo de cuarenta días. b) El dieciséis de octubre se llevó a cabo la prueba confesional ofrecida. c) El diecinueve de octubre de dos mil quince, presentó recurso de revocación contra el citado auto de dieciséis de octubre por que el Juez no calificó de legales todas las posiciones formuladas en sobre cerrado, así como las repreguntas. d) El veinte de octubre no admitió y acordó el desechamiento del recurso. Lo que constituye el acto aquí reclamado. La citada disposición legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solventar dicha interrogante, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se tratara. b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto, esto es, cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que el juicio constitucional indirecto era procedente, de manera excepcional, aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, porque con dicha resolución se afectaba a las partes en grado predominante o superior pues, de ser fundada, debía reponerse el procedimiento lo que traía como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Las tesis temáticas sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación, son las siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." (Tesis P.L.VII/2004 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página nueve, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época) No obstante lo expuesto con antelación, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, como se indicó, el acto reclamado se hace consistir en: el auto dictado el veinte de octubre de dos mil quince, en el expediente civil número 109/2015, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil, con sede en esta ciudad, en el cual no admite y acuerda el desechamiento del recurso de revocación interpuesto contra diverso auto de dieciséis de octubre de dos mil quince, donde no se calificaron de legales las posiciones formuladas en sobre cerrado y por escrito, así como las repreguntas. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de mero trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Ciertamente, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que dicho auto de veinte de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente civil número 109/2015 del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una violación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la institución quejosa tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia correspondiente, y si ésta le es adversa impugnar dicha violación vía concepto de violación a través del amparo directo o en su caso del amparo adhesivo, donde además, podrá hacer valer las violaciones procesales que genere el acto reclamado, del que ahora se duele, en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracciones III y VI, de la Ley de Amparo. Además, no debe perderse de vista que la resolución objeto del recurso de apelación en el cual se emitió la determinación reclamada, lo fue un auto emitido en el periodo probatorio, de modo que ni siquiera en ese aspecto se genera una afectación de imposible reparación; pues se trata de una resolución que analizó un auto de no admisión de pruebas en un juicio ordinario civil. Es pertinente invocar la jurisprudencia en sentido contrario, por ser aplicable al caso concreto: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". (Jurisprudencia 3a. 20/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, página 236, Octava Época). En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, entonces, el juicio de amparo indirecto debe reputarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por PABLO ENRIQUE MEDINA o PABLO ENRIQUEZ MEDINA, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado WILLIAM MÉNDEZ GARCÍA, por haber acreditado contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, y únicamente para recibirlas, a las restantes personas que nombra, sin las amplias facultades que prevé el normativo citado, toda vez que no acreditan tener el documento oficial citado, circunstancia a la cual están obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA 3-B
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