Pablo Enrique Pérez Estrada
Expediente 2447/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2447/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/06/2018
Partes del expediente
- Pablo Enrique Pérez Estrada
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo de la presente anualidad (foja 124), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 68 a 81), se determinó conceder a Pablo Enrique Pérez Estarda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: *** Resolución que causó ejecutoria el treinta de abril del presente año (fojas 115 a 117). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de mayo del presente año (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $12,927.28 (doce mil novecientos veintisiete pesos con veintiocho centavos moneda nacional) de lo cual se advierte su devolución. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 11 reverso), y que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil diecisiete al mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el abril del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0149. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $12,736.98 (doce mil setecientos treinta y seis pesos con noventa y ocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,927.28 (doce mil novecientos veintisiete pesos con veintiocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $190.30 (ciento noventa pesos con treinta centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de mayo de la presente anualidad (foja 124), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 68 a 81), se determinó conceder a Pablo Enrique Pérez Estarda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: *** Resolución que causó ejecutoria el treinta de abril del presente año (fojas 115 a 117). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de mayo del presente año (fojas 121 a 123), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $12,927.28 (doce mil novecientos veintisiete pesos con veintiocho centavos moneda nacional) de lo cual se advierte su devolución. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 11 reverso), y que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil diecisiete al mes de abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el abril del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0149. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $12,736.98 (doce mil setecientos treinta y seis pesos con noventa y ocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,927.28 (doce mil novecientos veintisiete pesos con veintiocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $190.30 (ciento noventa pesos con treinta centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
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