Pablo Enrique Aguilar Padilla

Expediente 1039/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1039/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Pablo Enrique Aguilar Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el original del expediente 1039/2020-VII del índice de este Juzgado, junto con la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 24/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por XXXXXXX, por conducto de su defensor particular William Jesús Solís Ávila, contra la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la resolución recurrida, y en el segundo, declaró que se sobresee en el juicio 1039/2020-VII. Por ende, acúsese recibo vía electrónica. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y glósese a estos autos el expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, y de que no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. En mérito a lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio remitido electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del juicio de amparo 1039/2020-VII, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Pablo Enrique Aguilar Padilla, por conducto de su defensor William Jesús Solís Ávila, contra la resolución que sobreseyó el juicio fuera de audiencia de treinta de noviembre de dos mil veinte; y del original y copia del escrito relativo al citado recurso; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 24/2021.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el defensor particular del directo quejoso ********, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra el proveído de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, adjuntando un diverso ocurso de expresión agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del recurso y escrito de expresión de agravios entre las partes. Hecho que sea, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el acto reclamado del Juez de Distrito responsable en el presente juicio de amparo, lo constituye la determinación de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en la causa penal 14/2020, en la que no se accedió a decretar el sobreseimiento de dicho proceso, sino que solamente se dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí impetrante Pablo Enrique Aguilar Padilla, al no poderse establecer claramente las circunstancias del hecho que se le atribuyó, señalado en la ley como constitutivo del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de incurrir en omisiones que concedan a alguien una ventaja indebida, previsto y sancionado en el numeral 225, fracción VII, del Código Penal Federal. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional estima que, en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone textualmente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas; con las salvedades ahí precisadas. En ese tenor, debe decirse que el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: .VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso." Como se aprecia, contra la resolución en torno a la vinculación a proceso del imputado, procede la apelación. Sentado lo anterior, es menester reiterar que, en el caso a estudio, el acto reclamado consiste en la determinación en la que se emitió auto de no vinculación a proceso dictado en favor del directo quejoso, por el Juez de Distrito responsable, en la causa penal 14/2020, negándose, por ende, a decretar el sobreseimiento de ese proceso penal en favor del ahora quejoso. Ahora, contra esa resolución, procede el recurso de apelación previsto en el artículo trascrito, por virtud del cual se puede lograr su revocación, modificación o nulificación. La procedencia del recurso anteriormente indicado, deriva del contenido de la fracción VII del artículo 467 en cita, la cual conduce a desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que prevé "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado y, por ende, en el que no se accede a decretar el sobreseimiento de la causa penal respectiva. Es aplicable, en lo conducente, la tesis IV.2o.P.4 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 456 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que las partes en el nuevo proceso penal oral tienen los mismos derechos, acorde con el principio de igualdad, esto es, el imputado, la víctima y el órgano de acusación cuentan con los mismos medios de impugnación, entre otras prerrogativas. Así, la fracción VII del artículo 467 citado conduce a desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado. De considerar improcedente el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, no sólo implicaría la transgresión del principio de igualdad, sino también haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido personalizado, esto es, cuando el sujeto pasivo resiente un daño físico o económico, en cuanto la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción II, establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no vinculación. Luego, si en el caso en análisis, la parte quejosa no interpuso el recurso de apelación en contra de dicho auto de no vinculación a proceso, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Cabe destacar que no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Máxime, que tal y como sostuvo el Juez de Distrito responsable, al no haberse dictado auto de no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento, en términos del numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha determinación tiene como mera consecuencia que la fiscalía federal continúe con la investigación y, posteriormente, de estimarlo procedente, formule una nueva imputación contra el aquí impetrante. De lo que se sigue que, se insiste, al no decretarse el sobreseimiento de dicho proceso penal, conlleva a que simplemente se continúe investigando al imputado, aquí quejoso, dentro de la carpeta de investigación respectiva. Circunstancia que, por sí misma, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que integrar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que, incluso, el juicio de amparo indirecto promovido en su contra devendría improcedente. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 1959, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. En las relatadas circunstancias, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano