Pablo Emilio Fausto Burciaga

Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
215/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Pablo Emilio Fausto Burciaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Durango, Durango, trece de marzo de dos mil veintitrés. Se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    ****(personal) lrs NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Durango, Durango, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito inicial y aclaratorio de la demanda constitucional, se advierte que la parte agraviada efectivamente reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la falta de emplazamiento al juicio laboral 938/2016 y, en consecuencia, lo actuado con posterioridad. En concepto de este juzgador, sobre la falta de emplazamiento reclamada, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario, toda vez que aquélla no puede ser materia de estudio, en tanto que al ahora quejoso no le asiste el carácter de persona extraña en el procedimiento de origen. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en examen, es necesario precisar que de conformidad con las interpretaciones sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, toda vez que en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, para lo cual también queda incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. También ha sido criterio reiterado del alto tribunal del país, que para que al quejoso se le reconozca el carácter de persona extraña y el amparo sea procedente en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, es necesario que se le hubiese impedido acudir a defender sus derechos en contravención al derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal, para lo cual se requiere que exista sentencia definitiva en el procedimiento de que se trate, de lo contrario aún estaría en aptitud de comparecer a la controversia a deducir sus derechos y, por ende, carecería de la calidad de persona extraña. Cabe aclarar que las "partes de un juicio" son aquellas personas que litigan en un juicio o procedimiento administrativo, que se les denomina actor y demandado, y son quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el que se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, o bien, sus excepciones, así como impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, a demandar cese de esa violación. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento En el caso, del escrito inicial y aclaratorios de la demanda, se desprende que ***********insta la acción constitucional ostentándose como persona extraña en calidad de acreedor hipotecario respecto del bien inmueble embargado dentro del controvertido laboral de los que derivan los actos reclamados, esto es, no comparece como parte actora o demandada dentro de este, por lo que no puede considerarse como tercero extraño por equiparación. Debe destacarse que la parte quejosa expresó, bajo protesta de decir verdad, que el dos de febrero del año en curso se ostentó sabedora de la existencia del juicio laboral de origen, así como que se fijaron las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de la presente anualidad para llevar a cabo la audiencia de remate, es decir, con posterioridad a la data en la que tuvo conocimiento del procedimiento de remate respecto del bien inmueble que defiende. Aunado a que, el demandante del amparo acompañó la documental pública consistente en un certificado de libertad de gravamen expedido por el siete del mes y año en curso por el Registrador de la dirección del Registro Público de la Propiedad de Durango, del que se advierte el gravamen que pesa sobre el bien inmueble que por esta vía defiende, derivado del juicio laboral 938/2016, del índice de la autoridad señalada como responsable, esto es, con anterioridad a la fecha en la que fue señalada la audiencia de remate y la posible emisión de la determinación correspondiente en la que se apruebe o no la adjudicación. Lo reseñado con antelación evidencia que en aquel momento aún estaba en posibilidad de comparecer ante la junta de conocimiento a deducir los derechos que alega como acreedor hipotecario, en razón de que la audiencia de remate tendría lugar hasta el nueve de febrero siguiente. Por lo tanto, en atención a que la parte quejosa no es parte actora o demandada y tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento de remate dentro del juicio laboral previo a que concluyera dicha etapa, es evidente que no tiene el carácter de persona extraña al juicio y, en consecuencia, que la acción constitucional es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario. Por consiguiente, ante la actualización de las causas de improcedencia analizadas, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional de que se trata, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Durango, Durango, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito inicial y aclaratorio de la demanda constitucional, se advierte que la parte agraviada efectivamente reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la falta de emplazamiento al juicio laboral 938/2016 y, en consecuencia, lo actuado con posterioridad. En concepto de este juzgador, sobre la falta de emplazamiento reclamada, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario, toda vez que aquélla no puede ser materia de estudio, en tanto que al ahora quejoso no le asiste el carácter de persona extraña en el procedimiento de origen. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en examen, es necesario precisar que de conformidad con las interpretaciones sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, toda vez que en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, para lo cual también queda incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. También ha sido criterio reiterado del alto tribunal del país, que para que al quejoso se le reconozca el carácter de persona extraña y el amparo sea procedente en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, es necesario que se le hubiese impedido acudir a defender sus derechos en contravención al derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal, para lo cual se requiere que exista sentencia definitiva en el procedimiento de que se trate, de lo contrario aún estaría en aptitud de comparecer a la controversia a deducir sus derechos y, por ende, carecería de la calidad de persona extraña. Cabe aclarar que las "partes de un juicio" son aquellas personas que litigan en un juicio o procedimiento administrativo, que se les denomina actor y demandado, y son quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el que se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, o bien, sus excepciones, así como impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, a demandar cese de esa violación. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento En el caso, del escrito inicial y aclaratorios de la demanda, se desprende que ***********insta la acción constitucional ostentándose como persona extraña en calidad de acreedor hipotecario respecto del bien inmueble embargado dentro del controvertido laboral de los que derivan los actos reclamados, esto es, no comparece como parte actora o demandada dentro de este, por lo que no puede considerarse como tercero extraño por equiparación. Debe destacarse que la parte quejosa expresó, bajo protesta de decir verdad, que el dos de febrero del año en curso se ostentó sabedora de la existencia del juicio laboral de origen, así como que se fijaron las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de la presente anualidad para llevar a cabo la audiencia de remate, es decir, con posterioridad a la data en la que tuvo conocimiento del procedimiento de remate respecto del bien inmueble que defiende. Aunado a que, el demandante del amparo acompañó la documental pública consistente en un certificado de libertad de gravamen expedido por el siete del mes y año en curso por el Registrador de la dirección del Registro Público de la Propiedad de Durango, del que se advierte el gravamen que pesa sobre el bien inmueble que por esta vía defiende, derivado del juicio laboral 938/2016, del índice de la autoridad señalada como responsable, esto es, con anterioridad a la fecha en la que fue señalada la audiencia de remate y la posible emisión de la determinación correspondiente en la que se apruebe o no la adjudicación. Lo reseñado con antelación evidencia que en aquel momento aún estaba en posibilidad de comparecer ante la junta de conocimiento a deducir los derechos que alega como acreedor hipotecario, en razón de que la audiencia de remate tendría lugar hasta el nueve de febrero siguiente. Por lo tanto, en atención a que la parte quejosa no es parte actora o demandada y tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento de remate dentro del juicio laboral previo a que concluyera dicha etapa, es evidente que no tiene el carácter de persona extraña al juicio y, en consecuencia, que la acción constitucional es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario. Por consiguiente, ante la actualización de las causas de improcedencia analizadas, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional de que se trata, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Durango, Durango, diez de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa Pablo Emilio ..., para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Único. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que la autoridad señalada como responsable fijó para llevar a cabo la audiencia de remate dentro del juicio laboral ***/2016. Lo anterior, toda vez que insta la acción constitucional como acreedor hipotecario en el procedimiento de ejecución del laudo emitido en el juicio de origen y refiere tener conocimiento que dentro de ese controvertido se ordenó sacar a remate el bien inmueble que defiende; sin embargo, omitió precisar la data que señaló la autoridad laboral para llevar a cabo la audiencia correspondiente. Lo anterior deviene en una circunstancia debe ser subsanada en sus términos a fin de establecer la litis constitucional, así como la procedencia de la acción de amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con la prevención de referencia, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se le previene para que en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que, en caso de estimarlo conducente, proceda en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo Por otro lado, agréguese el diverso escrito presentado a nombre de Pablo Emilio ....; sin embargo, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que la firma que lo calza no coincide con la estampada en el escrito de demanda, pues presentan rasgos notoriamente distintos. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a este juzgado o bien, en el acto de la notificación y ante la presencia judicial ratifique la firma del escrito de cuenta, apercibida de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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