Pablo Edwin Huerta Nuño
Expediente 1189/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/11/2019
Partes del expediente
- Pablo Edwin Huerta Nuño
- Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, para que corrigiera la denominación o bien acreditara la existencia de la autoridad responsable que señaló como Jefe de Estado Mayor de la 2/A Zona Militar; sin que a la fecha en que se actúa lo hubiere hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad precisada en el párrafo anterior; por tanto, se ordena suspender toda comunicación con la misma. Se ordena glosar copia a incidente. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio registrado con folio 17692, la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Juez Administrador, manifestó rendir su informe justificado y previo. En consecuencia, por economía procesal, obténgase copia certificada de la referida comunicación y glósese a los autos del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, a efecto de que sea tomada en consideración al momento de resolver lo relativo a la suspensión definitiva solicitada. Devolución de oficios. Vistas las piezas postales devueltas por el servicio de mensajería acelerada Estafeta, se advierte que los oficios 3432/2019, 3433/2019, 3434/2019, 3435/2019, 3436/2019, 3437/2019, 3438/2019, 3444/2019 y 3445/2019, dirigidas a las autoridades foráneas que el quejoso denominó como: a) Agente del Ministerio Público de La Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. b) Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol en el AICM en la Ciudad de México. c) Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Republica, en la Ciudad de México. d) Director General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México e) Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México f) Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México g) Director General de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. h) Encargado de la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. i) Encargado de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Republica, en la Ciudad de México. Fueron rehusados por sus destinatarios, por los motivos ahí expuestos. Requerimiento. Consecuentemente, se requiere a la parte quejosa para que al momento de la notificación de este proveído o dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea corrigiendo la denominación de las autoridades responsables aludidas, o bien, acreditando su existencia. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo indicado, se tendrán por inexistentes a las autoridades en cita y se suspenderá toda comunicación con las mismas. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XIII.P.A. J/8 P sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con registro electrónico 2019352, de rubro y texto siguientes: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
- Incidental
RESUELVE. PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...TERCERO. SE RESERVA SEÑALAR FECHA Y HORA RESEPCTO A LAS AUTORIDADES PRECISADAS EN EL CONSIDERANDO QUINTO...
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Desahoga vista. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso Pablo Edwin Huerta Nuño, a través del cual, desahoga la vista dada en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las autoridades que denominó como Juez Cuarto y Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Pretende corregir denominación. Por otra parte, con relación a la diversa autoridad responsable que denomina como Jefe del Estado Mayor de la 2/a Zona Militar, en esta ciudad, dígasele que no ha lugar a tenerlo acreditando la existencia de la misma ni corrigiendo su denominación, toda vez que únicamente se limita a proporcionar la dirección y el número telefónico en el cual manifiesta se puede obtener el nombre correcto de la autoridad responsable. Sin embargo, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la carga procesal de señalar con precisión la autoridad o autoridades a quienes les reviste el carácter de responsables, recae en la parte quejosa y no en esta autoridad, pues incluso existen múltiples criterios que establecen que ni en los supuestos en que proceda la suplencia de la queja puede corregirse la designación errónea de autoridades. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis 2a. LV/95 (con número de registro electrónico 200805) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables". Asimismo, se cita la tesis III.2o.P.36 K (con número de registro 176376) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que expone: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Por tal motivo, subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.
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