Pablo Duran Mora

Expediente 557/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
557/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Pablo Duran Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que este asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Procédase a la destrucción de las copias simples de la demanda de amparo que se encuentran en la Secretaría de este Juzgado, ello al haber quedado firme la resolución en la que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    NO ATENDIÓ AVISO EL PROMOVENTE. Córdoba, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el ocurso signado por . con las copias y anexos descritos en la cuenta; atento a su contenido, se tiene por desahogado el auto de prevención de veintinueve de junio del año en curso, al respecto se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda; y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Al respecto, sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. De la lectura integral de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y de las documentales adjuntas a dichos ocursos, se advierte que: 1. El doce de enero de dos mil dieciocho, . demandó en la vía ordinaria civil de ., aquí quejoso, el cumplimiento del convenio de seis de febrero de dos mil catorce, donde éste se comprometió a desocupar el inmueble ubicado en .. 2. Demanda que fue radicada bajo el juicio ordinario civil número ., del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; y se ordenó emplazar al demandado, . quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra y opuso sus excepciones. 3. Seguidas la etapas procesales del juicio, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento dictó sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso. 4. Inconforme con dicha resolución, la actora . interpuso recurso de apelación en su contra, dando origen al toca número ., del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; órgano colegiado que en resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte determinó revocar la sentencia de primer grado a efecto de condenar a . aquí quejoso, al cumplimiento del convenio celebrado el seis de febrero de dos mil catorce, respecto a la desocupación y entrega del terreno ubicado en . 5. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, contra la resolución señalada en el punto anterior se promovió demanda de amparo directo, la cual fue radicada con el número ., del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; juicio constitucional donde en resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno fue desechada la demanda por extemporánea; determinación que causó estado el diecisiete de marzo siguiente. Lo anterior se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de datos que se advierten del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 6. En proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil ., el Juez Segundo de Primera Instancia en Orizaba, Veracruz, requirió al demandado, aquí quejoso, para que en el término de cinco días desocupara y entregara a la actora el inmueble ubicado en ., con el apercibimiento de que no hacerlo se haría uso de la fuerza pública. Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Expuesto lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción IV, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." De la interpretación armónica de tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y por última resolución se entiende como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese entendido, en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo contra un acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, distinto a la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo del expediente, la demanda será improcedente. Sobre el particular, el Máximo Tribunal ha establecido que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que puedan afectarse por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso, el acto reclamado deriva del procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil ., del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, en el que por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso la desocupación y entrega material del inmueble ubicado en .; el cual no constituye la última resolución en sección de ejecución, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ni declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente; sino que sólo constituye un acto intermedio en el procedimiento de cumplimiento de lo sentenciado, que no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, en el que el quejoso fue oído y vencido en juicio. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil trescientos treinta y una, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 81, Diciembre de 2020, Décima Época, con registro digital: 2022499, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la porción normativa indicada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por . Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO. En atención al domicilio y autorizados deberá estar a los proveídos dictados el veintinueve de junio y ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se acordó lo conducente. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvese por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda de amparo y escritos aclaratorios para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, procédase a su destrucción. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por . contra el acto reclamado del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se tiene al quejoso ... por notificado del auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por conducto de su autorizado ....; en consecuencia, resulta innecesario girar el despacho ordenado al Juez Municipal de La Perla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, procediera a notificar el presente proveído al promovente del amparo ....; por lo que dese de baja la comunicación oficial en cita, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano