Pablo del Carmen Moreno Chamiz
Expediente 208/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Pablo del Carmen Moreno Chamiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, dictada por este Juzgado; por tanto, con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que ha causado ejecutoria; practíquense los apuntes respectivos en el libro de gobierno. En términos del numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, 23 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUIBLE, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno, y una vez transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe destacar que, con apoyo en el numeral 87 de la ley de la materia, se procede de esta manera, sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, debido a que se estima que el sentido de la sentencia pronunciada no causa ningún perjuicio a sus intereses. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por las autoridades responsables Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado,- rindiendo en representación del Tribunal- y Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residentes en esta ciudad, mediante los cuales rinden su informe justificado, sin que resulte necesario otorgar la vista dispuesta en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dado el sentido de la presente resolución. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la citada ley, se tiene por admitida y desahogada la documental que anexó la autoridad oficiante. Ahora bien, de las constancias que acompañaron las responsables a sus informes de ley, se aprecia que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el juicio al rubro identificado, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, misma que en modo alguno se podría desvirtuar con algún elemento de prueba que pudiera ofrecer la parte quejosa. En atención a lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y atendiendo a la naturaleza y fines del juicio de amparo, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: La ilegal, reiterada e injustificada negativa, abstención u omisión de realizar la notificación y el emplazamiento al *** en el juicio laboral radicado ante en el expediente *** toda vez que ha pasado mucho tiempo y no se ha realizado el emplazamiento de la demanda para que tenga conocimiento del JUICIO LABORAL INTERPUESTO EN SU CONTRA. " (el énfasis es propio). *** De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. **** En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: omisión de realizar la notificación y el emplazamiento al *** en el juicio laboral radicado ante en el expediente *** De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. *** En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. *** En esa virtud, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente tanto a la parte quejosa como al Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de distrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1107/2020, promovido por *********, por propio derecho, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el resultando primero, por los argumentos y las consideraciones expuestas en el considerando tercero de este fallo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido la veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por tanto con fundamento en el citado numeral, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su precepto 2°, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez del Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, mediante el cual acusa recibo de los oficios 5914 y 5915 con el que se les notificó a las autoridades responsables la sentencia dictada en el presente asunto, e informa que con motivo de la apertura del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, será el órgano jurisdiccional que conocerá y continuara con la substanciación del juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire acompañando copia de la referida sentencia requiérase a dicha autoridad, para que, dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio notificatorio, remita copia certificada completa y legible de las constancias con las que acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo protector. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales 192, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, devuélvase el anexo I, que se formó por cuerda separada que la entonces autoridad responsable acompañó al rendir informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
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