Pablo de la Cruz Villareal Garza y Otros.

Expediente 688/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
688/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Pablo de la Cruz Villareal Garza y Otros.
  • Pablo de la Cruz Villareal Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de los quejosos.- Dígasele que se esté a lo acordado en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en donde se dejaron a su disposición las documentales que refiere.- Ténganse como sus autorizadas para recibirlas a las personas que refiere, previa identificación y recibo que por su entrega conste en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 62), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Benjamín Salgado Banda, en representación de Pablo de la Cruz Villarreal Garza, Julio César Villarreal Guajardo y Martín Delgado Ramírez. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo de expediente. Con fundamento en el Capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción I, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no estar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto citado. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en el inciso a), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que aquí se indican. Finalmente, resulta innecesario resguardar en este juzgado las copias certificadas de las documentales agregadas a la demanda de amparo para acreditar la personalidad del promovente; por tanto, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa.

  3. Principal

    IRAPUATO, GUANAJUATO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Desahogo de prevención Visto de lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito y anexos de referencia, que remite José Benjamín Salgado Banda, en representación de Pablo de la Cruz Villarreal Garza, Julio César Villarreal Guajardo y Martín Delgado Ramírez, atento a su contenido, se tiene cumplido en tiempo el requerimiento formulado en proveído de veintitrés del agosto del año en curso, toda vez que acredita la personalidad con que se ostenta; por tanto, se provee: Desechamiento de plano de la demanda De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de su escrito aclaratorio, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...]". El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En el caso, los actos reclamados son: a) la determinación de veinticinco de julio del año en curso, emitida por el Jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región "B", en la carpeta de investigación 49983/2015, que negó la práctica de diligencias probatorias solicitadas por la asesora jurídica de la parte ofendida; y b) las omisiones del Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de indagar los hechos materia de la investigación precisados en el inciso anterior. Sin embargo, en contra de tales conductas procede el recurso de reclamación previsto en los artículos 438, 439, fracción I y 445 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato que indican: "ARTÍCULO 438.- Cuando no esté satisfecha la reparación del daño, quien tenga derecho a esa reparación, podrá reclamar jurisdiccionalmente las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las resoluciones de esa autoridad que se traduzcan genéricamente en reserva de la investigación, suspensión del procedimiento, no ejercicio o desistimiento de la acción penal." "Artículo 439. Las omisiones y actos reclamables del Ministerio Público, son entre otros, los siguientes: I. El rechazo definitivo a actos de investigación que le hayan sido solicitados tendientes a esclarecer los hechos; [.]" "ARTÍCULO 445. En caso de que se considere fundada la reclamación interpuesta en contra de alguno de los actos señalados en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 439, o en contra de cualquier acto que se traduzca en una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos o en el no ejercicio de la acción penal, el juez ordenará que se practiquen los actos solicitados por el interesado que hubieran sido rechazados por el Ministerio Público, que se deje sin efecto la decisión de reserva de la carpeta de investigación, y que se formule la imputación o se presente la acusación con los datos de prueba de los que ya se disponga o con respaldo en los nuevos actos de investigación específicamente determinados en la resolución." De acuerdo con los preceptos transcritos, en contra de las conductas que se combaten en la presente vía, procede el recurso de reclamación, pues, al encontrarse en el supuesto previsto en el citado ordenamiento, no es factible que los quejosos primero acudan al juicio de amparo. Luego, la reclamación es el medio de defensa idóneo para dejar insubsistente la inactividad en la indagatoria que suponen las dos conductas que los quejosos combate. Por tanto, si la legislación que rige los actos reclamados prevé un medio ordinario de defensa por el cual pueden ser confirmados, revocados o modificados, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, la existencia del recurso de reclamación es un derecho per se. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado el "derecho a recurrir" como una de las garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal. En el medio de impugnación (recurso), el inconforme debe hacer valer los argumentos por los que considere que se contravino la normatividad penal aplicable. Por tanto, a través de dicha impugnación, el promovente puede obtener el resultado que pretende con la demanda de amparo, por lo que no se encuentra exento de interponer el referido recurso de reclamación. Es así, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción como son: el promovente sea un tercero extraño al procedimiento, porque, como lo indica, tiene el carácter de ofendido en la carpeta de investigación 49983/2015, del índice de la Agencia Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales en esta ciudad, de donde emanan las conductas reclamadas. Además, no se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo que la parte ofendida no estaba exenta de interponer el medio de defensa que le confiere la ley para dejar insubsistente el acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por José Benjamín Salgado Banda, en representación de Pablo de la Cruz Villarreal Garza, Julio César Villarreal Guajardo y Martín Delgado Ramírez. Es aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Jonathan Márquez Ávila, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, en caso de ser procedente, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Único.- Acredite la personalidad con que se ostenta, esto es, apoderado legal de M. D. R., ello, con documento original o en copia certificada, pues la personalidad es un presupuesto procesal en el juicio de amparo, sin el cual no es posible dictar una sentencia de fondo. Se apercibe al promovente que de incumplir con la citada prevención dentro del plazo indicado, se procederá en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá como no presentada la demanda promovida en favor de M. D. R.y se proveerá sobre la admisión o desechamiento de la promovida a favor de P. de la C. V. G. y J. C. V. G. Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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