Pablo de Jesús May Can
Expediente 1208/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Pablo de Jesús May Can
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 584/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, deducido del Amparo en Revisión 6/2021, remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se comunicó a este órgano de control constitucional que se desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso xxxxxxxx; sin embargo, no fueron devueltos los autos originales del presente juicio de amparo 1208/2020-IV-A, del índice de este juzgado; en consecuencia, se solicita de la manera más atenta al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno, devuelva los autos del citado expediente. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos, el oficio recibido vía electrónica, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el acuerdo de presidencia de veintisiete de enero de la presente anualidad, en donde se desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1208/2020-IV-A, por las razones jurídicas que ahí se exponen. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Bajo ese contexto, se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso xxxxxxxx, mediante el cual interpone recurso de revisión contra el acuerdo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo 1208/2020-IV-A. En consecuencia, se tiene al nombrado ocursante interponiendo el citado medio de impugnación y se inicia con el trámite del mismo, con el acto procesal relativo a la recepción del escrito correspondiente. Por tanto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión de agravios y copia simple de éste, que se entregará al Ministerio Público Federal adscrito, para la sustanciación del recurso interpuesto. Se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada que el acuerdo a que hace referencia la parte quejosa y por el cual interpone el recurso de revisión, fue mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, y anexos relativos a la demanda de amparo promovido por **********, en contra de actos del Juez Interino Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Asimismo, adjunta el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables y el emplazamiento del tercero interesado *******. Acúsese recibo. Ahora bien, en atención a que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo promovida por ********* en contra de actos que atribuye al Juez Interino Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que en lo medular consiste en: La notificación de la sentencia de dos de febrero de dos mil veinte, dictada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil ***********, donde fue parte demandada, realizada en un lugar distinto al domicilio señalado por el actor en el escrito inicial de demanda. Acto reclamado cuyo análisis constitucional estimó no ser procedente en amparo directo, por lo cual ordenó remitir la presente demanda, así como sus anexos al Juzgado de Distrito, en turno, en esta ciudad, que correspondió, por cuestión de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En consecuencia, fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1208/2020-IV-A. Con apoyo en el último párrafo del precepto 47 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en lo resuelto por el indicado Órgano Colegiado, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la demanda constitucional. De conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, la aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así las cosas, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, tratándose de actos jurisdiccionales. Lo anterior, porque existe un medio de defensa legal que la parte agraviada debió hacer valer ante la autoridad responsable. Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, salvo que: 1) se trate de persona extraña al procedimiento; 2) que sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 del propio Pacto Federal; 3) que sean órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Sin que sea obligatorio agotar el principio de definitividad cuando tal medio de impugnación no esté consagrado en la ley que rige el acto reclamado y debiera interpretarse más allá de lo que señale la disposición respectiva, ni en caso de que el numeral que aparentemente contenga la procedencia del recurso ordinario o medio de defensa legal sea insuficiente para determinarla. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". El medio de impugnación de que se trata se encuentra previsto en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, que prevén lo siguiente: "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano". "Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal". "Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos". "Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional". "Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten". "Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes". "Artículo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes". "Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo". "Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase". "Artículo 1358. En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo". De los artículos transcritos se advierte que en los juicios que regula el Código de Comercio (como lo es el ejecutivo mercantil), se encuentran los incidentes, que proceden en contra de notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en dicha legislación, medio de impugnación que se presentará ante el propio órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento, en la siguiente actuación en que se intervenga; y, que no se considerara convalidado el emplazamiento a pesar de ostentarse conocedor del mismo la parte que lo impugna, cuando con motivo de ello se deje sin defensa al demandado. Luego, dentro de los ocho días siguientes a la interposición del incidente se pronunciará la resolución respectiva y notificará el mismo a las partes. Asimismo, señalan que en caso de resultar procedente la nulidad planteada, se dejará sin efecto el acto impugnado y las actuaciones posteriores el mismo. De lo anterior, se aprecia que previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotarse el medio ordinario de defensa que prevea la ley que rige el procedimiento del cual emana el acto reclamado, es decir, debe ser promovido el incidente contra el acto consistente en la notificación de la sentencia de dos de febrero de dos mil veinte, dictada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil **********, donde fue parte demandada, realizada en un lugar distinto al domicilio señalado por el actor en el escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, en razón de que dicha incidencia constituye un mecanismo de defensa ordinario, que en caso de resultar fundado, obligará a la autoridad a dejar sin efecto la notificación que ahora se combate, así como todo lo actuado con posterioridad, ordenado que se practique nuevamente, lo que traería como consecuencia que la parte quejosa esté en aptitud de defender sus derechos en el juicio natural. Por tanto, se concluye que el quejoso, al ser parte formal del juicio de origen, pues en los antecedentes que expuso en su capítulo de hechos, indicó bajo protesta de decir verdad, haber dado contestación a la demanda mercantil en su contra, ofrecido pruebas y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; empero, en el caso omitió promover el incidente en contra de la orden de notificar la sentencia definitiva en el juicio natural en un domicilio diverso al señalado en el escrito inicial de demanda; porque conforme a los citados artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, es procedente tal medio de defensa en contra de las actuaciones practicadas en forma distinta de la prevista en el ordenamiento legal invocado, y ante tal omisión, la demanda de garantías que se promueve resulta improcedente. Asumir una postura contraria equivaldría a desconocer que las partes dentro de la contienda natural tienen la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad decisora, de manera que ésta pueda agotar su jurisdicción, y supondría que el amparo es un recurso ordinario más, en el que se puede suplantar la del juzgador natural. De lo que se concluye, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que prevé el artículo 107 fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional. Esto es, debió promover el incidente de nulidad de actuaciones, mediante el cual pudo decretarse la nulidad de la notificación que tilda de ilegal, en términos de los numerales 1349 a 1358 del Código de Comercio. En tales condiciones, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, por ende, se DESECHA DE PLANO POR SU NOTARIA IMPROCEDENCIA la demanda de amparo formulada por **********. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio del escrito que se provee, y como autorizado pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las personas que señala, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro Notifíquese personalmente.
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