Pablo Daniel Atzin Lucas

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Pablo Daniel Atzin Lucas

Actuaciones

  1. Principal

    personal

  2. Principal

    (AVISO) POR MEDIO DE LISTA ELECTRONICA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista; la demanda de amparo promovida por PABLO DANIEL ATZIN LUCAS, por propio derecho, contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Papantla, Veracruz y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 319/2020, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso que nos ocupa, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala en el capítulo de acto reclamado el siguiente: "[.] De la responsable ordenadora la indebida notificación dejada en mi domicilio el día 8 de octubre de 2020 deducida de los autos del proceso penal 131/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Octavo Distrito Judicial, y las consecuencias de la misma como lo es la orden de presentación o detención en agravio de mi seguridad personal y libertad a cargo de las ejecutoras." Asimismo, a su escrito de demanda de amparo, el promovente anexó la cédula de notificación, que dice: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN C. PABLO DANIEL ATZIN LUCAS CALLE ARGENTINA, NÚMERO SEIS, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ. Comunico a usted que dentro de los autos del proceso penal número 131/2019, que se inició en contra de PABLO DANIEL ATZON (SIC) LUCAS, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de LA VICTIMA DE IDENTIDAD RESGUARDADA CON EL NÚMERO 188 y en agravio del menor identificado con el número 05-M, se dictó un auto que a la letra dice:------------------------------------------- AUTO.- EN LA CIUDAD DE PAPANTLA, VERACRUZ, A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VENTE.---------------------------------------------------------------- VISTA.- La circular número 19 de fecha 11 de septiembre del año en curso, signado por la Mtra. María Hortensia Hernández Fernández, secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en donde se advierte que se reanudan las labores jurisdiccionales de este órgano Jurisdiccional, a partir del diecisiete de septiembre del año en curso, así como el estado procesal del presente proceso penal, con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan las VEINTE HORAS DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia inicial, debiéndose requerir la comparecencia por citación en libertad del denunciado PABLO DANIEL ATZIN LUCAS, en compañía de su defensor que tenga a bien nombrar, a efecto de que acudan a este juzgado con domicilio ubicado en CALLE DIVINA MORALES SIN NUMERO DE LA COLONIA UNIDAD Y TRABAJO DE ESTA CIUDAD DE PAPANTLA, VERACRUZ, para que la fiscalía formule imputación, derivada de la carpeta de investigación que la fiscalía lleva a su cargo, teniendo como domicilio del denunciado el ubicado en calle ARGENTINA, NÚMERO SEIS, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ, apercibiéndolo que en caso de que no comparezca el día y hora señalados en compañía de un defensor que el designe, le serán impuesta alguna de las medidas de apremio sedas (sic) en el Código Nacional de Procedimientos Penales por último notifíquese a la fiscalía, lo anterior para que comparezca el día y hora antes señalados.- Notifíquese y cúmplase.- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO RUBÉN REYES RODRÍGUEZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.------------------------------------------------------------una firma ilegible y rubrica.-------------------------------------- Lo que le informo y transcribo a usted para los efectos legales a los que haya a lugar. PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ A 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. AUXILIAR DE SALA EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR JUDICIAL DE CAUSA PENAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ÓRGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL." Transcrito lo anterior, así como de los datos que emanan del escrito inicial de demanda y sus anexos, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se precisa que el quejoso señalan como reclamado, el siguiente: El acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido en los autos del proceso penal 131/2019, de la estadística del Juzgado de Control, Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz, por el cual se le citó para la celebración de la audiencia inicial en dicha contienda penal; notificado mediante cedula de dos de octubre del año en curso. Ahora bien, primeramente, es necesario apuntar que la acción constitucional intentada es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, acorde con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En efecto, de la lectura integral del primer precepto invocado, se advierte que contiene una ventana procesal, a través de la cual, el juzgador de amparo podrá aplicar una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, diferente a las veintidós fracciones que le preceden, siempre y cuando la misma resulte de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Luego, de la segunda disposición normativa transcrita, se aprecia que el juicio de amparo procederá, entre otros, contra actos de autoridades judiciales, realizados fuera de juicio, empero dicho precepto no debe interpretarse de forma aislada, sino en conjunto con lo dispuesto con la fracción también transcrita, es decir, en forma concomitante con lo dispuesto en la fracción V, del mismo ordenamiento, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Además, también define cuáles actos gozan de dichos efectos, al disponer que se trata de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Al respecto, como fue señalado previamente, el promovente, acude a la presente instancia constitucional, reclamando el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, emitido en los autos del proceso penal 131/2019, del índice del Juzgado de Control, Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Papantla, Veracruz, por el cual se le citó para la celebración de la audiencia inicial en dicha contienda penal; notificado mediante cedula de dos de octubre del año en curso Sin embargo, recogiendo las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sostuvo en la resolución relativa a la contradicción de tesis 141/2018, en la que determina que dicha actuación -citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra-, no procede el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que dicho fallo afirma que, la referida citación, por sí sola, no constituye un acto que afecte la libertad personal, ello, pues se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de requerir la presencia del presunto imputado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se sigue en su contra y se formularía la imputación respectiva. Audiencia en la que, en su caso, podría o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por lo que, a la luz de la ejecutoria de mérito, válidamente se puede decir que, dicha citación a efecto de comparecer a una audiencia inicial, es un acto de comunicación, y como tal, no incide en la libertad personal del citado; por lo que, el dictado de una orden restrictiva de libertad en tal diligencia no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. En ese sentido, al no afectar la libertad personal de la parte quejosa; el acto que reclama, resulta improcedente en el juicio de amparo en la vía indirecta, en atención a que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. Ello, conforme a la interpretación del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de la Primera Sala del más alto tribunal constitucional del país, la cual dio nacimiento a la Jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el anterior contexto, al tener exacta aplicación el criterio jurisprudencial anotado, la resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación a lo dispuesto en el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor José Luna Kuri, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Juan Manuel García Ramírez, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, la cual deberá quedar regularizada a más tardar el 15 de octubre de 2020, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Sergio Alberto Avendaño Martínez, que autoriza y da fe.

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