Pablo Cósetl Bañuelos
Expediente 537/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pablo Cósetl Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días con cedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional.Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos:"IX DECISIÓNEn las relatadas condiciones, al ser fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso respecto de la resolución reclamada y ser indebida la fundamentación y motivación contenida en la misma, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente:Deje insubsistente la resolución reclamada -únicamente por lo que hace al quejoso-; y,Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva en la que subsane la irregularidad señalada en la presente resolución." Por otra parte, por auto de seis de octubre de la presente anualidad, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento (fojas 634 a 635).En las relatadas circunstancias y toda vez que por proveído de catorce de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio y anexos signado por el Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en ese contexto se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio de mérito.A tales documentos se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, y con apoyo en las constancias de autos, y datos aportados por la autoridad responsable, y considerando que la parte quejosa no desahogó la vista de mérito, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no.Mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 16433, el Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, remitió la resolución de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis de su índice, por la que da cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio en los siguientes términos:"..Se ordena dejar insubsistente la resolución definitiva de fecha quince de abril de dos mil dieciséis dictada dentro del expediente administrativo número P.R.A. 141/2015/DJ/DRA y se dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, únicamente por cuanto hace a Pablo Cósetl Bañuelos, dando cumplimiento a lo señalado en la ejecutoria de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis..."De la citada resolución, se desprende que la autoridad responsable dejó insubsistente y sin efecto la sentencia de quince de abril del dos mil dieciséis; Por lo anterior, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a uno de los efectos de la sentencia de amparo.Y así también, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa de veintidós de septiembre de dos mil quince, en lo que interesa, señaló lo siguiente:"ARTICULO 23. En las Dependencias serán responsables de la administración y del ejercicio presupuestal, el titular de la misma y el titular del área administrativa; y en las entidades, los integrantes de los órganos de gobierno equivalente y el titular del área administrativa; así mismo, se sujetarán a las disposiciones normativas que emita la Secretaria y la Función Pública; para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas objetivos previstos en sus respectivos programa operativos anuales.Los ejecutores del gasto público están obligados a cumplirlas disposiciones del presente Decreto, y deberán observar que las administraciones de los recursos públicos se realicen con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, "eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas. " Aunado a lo anterior también es imperioso mencionar lo que textualmente señalan los numerales 43 y 44 fracciones 11 y X del Reglamento Interior del organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que dicen: "ARTÍCULO 43. La Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el desarrollo y cumplimiento de sus facultades y obligaciones contará con los Departamentos siguientes: a) Departamento de Administración;b) Departamento de Afiliación y Operación; yc) Departamento de Gestión de Servicios de Salud.Las unidades administrativas mencionadas tendrán las facultades y obligaciones que expresamente señala este Reglamento interior y contarán con el personal técnico y administrativo que en función de las necesidades del servicio se establezca en el presupuesto de egresos del Organismo.ARTICULO 44. El Departamento de Administración tendrá además de las atribuciones señaladas en el artículo 21 de este Reglamento Interior, las siguientes:II. Gestionar que la transferencia de recursos federales y estatales se efectúen en los tiempos acordados, así como que su aplicación se ejecute conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente; así como, realizar el estado del presupuesto y la generación de reportes;"X. Las demás que establezcan la Ley, su Reglamento, el Director y demás disposiciones legales aplicables"Bajo estas premisas, se indica que él titular del área administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, será el encargado de la administración de los recursos públicos, cuya facultad no implica únicamente el cuidado de éstos, sino la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos, en este proceder, es dable referir que el presunto infractor Pablo Cósetl Bañuelos, como Jefe del Departamento de Administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, era el encargado de realizar las gestiones pertinentes para que se informara y publicara en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo correspondiente alsegundo, tercero y cuarto trimestre del formato único a nivel financiero ( Nivel Fondo) respecto del ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a los Recursos Transferidos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, además de que se presentara la evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa, esto como parte de transparentar y rendir cuentas sobre la administración de los recursos.Siguiendo en esta locución y en atención a lo que argumentó el presunto infractor de que no era su facultad realizar las publicaciones trimestrales, tomando en cuenta que no existe una norma que así lo señale, al respecto debe decirse que ha quedado señalado anteriormente su obligación de realizar dichas actividades, las cuales debió cumplir con la máxima diligencia, este hecho no se encuentra limitado por la circunstancia de que los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos, no estén detallados en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:. Por lo anterior, el hecho de que la conducta que se imputa al presunto infractor no se encuentre específicamente en una| norma no es suficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa, en razón de que es materialmente imposible que el legislador emita una norma general por cada conducta, e incluso por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público investigado o sancionado como ocurrió en el asunto que ocupa nuestra atención.Lo anterior es así, a pesar de la circunstancia que invoca el presunto infractor al señalar que el Área Responsable de la lnformación Pública (ARl), era la encargada de emitir los informes trimestrales a que ha hecho referencia, tomando en cuenta lo señalado en la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado de Tlaxcala, argumentos que resultan incongruentes, pues la mencionada norma que protege el derecho humano que tiene los gobernados de acceder al la información pública especifica en su artículo 3, lo siguiente:"Articulo 3. De manera enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acceso a la información pública:,,,Luego entonces, el presunto infractor Pablo Cósetl Bañuelos, como Jefe del Departamento de Administración del Régimen de Protección Social en Salud, era el responsable de la administración y ejercicio presupuestal de los recursos públicos asignados a dicha Dirección, como titular del área administrativa, por lo tanto, era un sujeto obligado a garantizar y proporcionar acceso a la información a su cargo, esto de forma directa o través de la persona responsable de la información pública, misma que debió instruir dicho exservidor público como sujeto obligado, en atención al artículo 6 de la referida norma jurídica, que señala:"Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:ARI: El Área Responsable de la Información Pública establecida por los sujetos obligados para tramitar las solicitudes de acceso a la información pública"Atento a lo antes expuesto, se determina que lo manifestado por el presunto infractor, resulta equivocado, pues con los argumentos vertidos anteriormente se entiende que era su obligación informar publicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo correspondiente al segundo, tercero y cuarto trimestre del formato único a nivel financiero ( Nivel Fondo) sobre ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a los Recursos Transferidos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, además de presentar la evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas al programa, pues obra en actuaciones plenamente acreditada la responsabilidad que se le imputa, y además no se tiene certeza jurídica de que esa área existiera en la estructura orgánica de la entonces Dirección Estatal del Régimen de Protección Social en Salud ni de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aunado a lo anterior y como ya se señaló, la existencia de dicha área de información pública no lo exime de responsabilidad pues conforme a la normatividad jurídica aplicable, también era un sujeto obligado a proporcionar la información pública como servidor público encargado de la administración y manejo de recursos públicos destinados al Régimen de Protección Social en Salud, en consecuencia, se concluye que sus argumentos sólo constituyen simples afirmaciones realizadas por el presunto infractor Pablo Cosetl Bañuelos, que en ningún momento se corroboran con otros medios de prueba que den certeza jurídica de las manifestaciones que hizo valer en su escrito de contestación a los hechos, por lo que esto no es justificación de la irregularidad analizada en la presente resolución."De lo antes transcrito se obtiene que la autoridad responsable emitió el pronunciamiento a la pretensión formulado por la parte quejosa respecto al escrito presentado el veintidós de septiembre de la anualidad, tomando en consideración los motivos planteados por el mismo, en la que pretende determinar la irregularidad derivada del resultado número treinta y ocho de la auditoría 861 practicada por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud Federal y el Estado de Tlaxcala de la cuenta pública dos mil trece.Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo.Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días.
- Principal
Agréguese a los autos la copia del oficio signado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado, dirigido al Contralor del Ejecutivo de Estado de Tlaxcala por medio del cual informa requirió a este último, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que queda enterado este órgano de control constitucional para los efectos legales a que haya lugar.
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